La Fiscalía General de la Nación reveló un millonario fraude al sistema pensional en el Huila que habría permitido a seis personas apropiarse de manera irregular de mesadas por más de 1.500 millones de pesos, mediante el uso de documentación falsa y maniobras engañosas.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, los presuntos beneficiarios del pago fraudulento son Samuel Cuenca, Fernando Chila Parra, Luz Matilde Gutiérrez Gutiérrez, Henry Mosquera Salas, Luis Antonio Pérez Barragán y Jairo Perdomo Poveda. Estas personas habrían presentado ante la Secretaría de Gobierno del Huila soportes que simulaban vínculos laborales inexistentes, con el fin de tramitar el reconocimiento de pensiones vitalicias a las que no tenían derecho.
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Omisión de documentos
La investigación determinó que en las solicitudes radicadas se omitieron documentos esenciales como certificaciones que acreditaran la trayectoria laboral real, expedientes de cesantías, actos administrativos de nombramiento, registros de nóminas y kardex, entre otros requisitos exigidos por la normatividad vigente. Pese a ello, las maniobras desplegadas lograron inducir en error a varios funcionarios, quienes terminaron autorizando el desembolso de mesadas que sumaron más de 1.500 millones de pesos.
Ante estas evidencias, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Huila formuló imputación a los seis señalados por los delitos de peculado por apropiación y fraude procesal, en atención a sus posibles grados de responsabilidad individual.
Aceptaron cargos
Durante las diligencias judiciales, Luz Matilde Gutiérrez Gutiérrez y Henry Mosquera Salas aceptaron los cargos, reconociendo su participación en el fraude. Los demás procesados no se allanaron a los señalamientos de la Fiscalía, por lo que el caso continuará su curso en los estrados judiciales.
El ente acusador subrayó que este tipo de conductas no solo afectan gravemente el erario público, sino que también comprometen los recursos destinados al sostenimiento de quienes sí cumplen con los requisitos legales para acceder a una pensión.
La Fiscalía destacó que la investigación permanece abierta y no descarta nuevas vinculaciones de otros posibles responsables, incluidos funcionarios que, de manera consciente o por falta de rigor, habrían avalado el reconocimiento irregular de estas pensiones vitalicias.
Con este proceso, la entidad reiteró su compromiso de combatir la corrupción administrativa y de proteger los recursos públicos que sostienen el sistema de seguridad social en Colombia.
