La Fiscalía General de la Nación presentó formalmente acusación contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por su presunta responsabilidad en anomalías relacionadas con el trámite y celebración de 104 contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, celebrados durante su permanencia en la cartera ministerial.
De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan a febrero de 2023, cuando el presidente de la República le solicitó públicamente la renuncia a Urrutia. Según la Fiscalía, tras esa solicitud, la entonces ministra habría ordenado terminar anticipadamente dichos contratos, alegando supuestos motivos personales por parte de los contratistas.
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No obstante, días después, los mismos contratistas fueron nuevamente vinculados al Ministerio, esta vez con contratos de mayor duración, extendiéndose hasta el 31 de diciembre de 2023. El ente acusador sostiene que la decisión habría buscado garantizar la permanencia laboral de personas cercanas o recomendadas, pese a la salida inminente de la funcionaria del cargo.
Con base en estos hechos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a la exministra el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, al considerar que se habrían vulnerado los principios de transparencia, objetividad y planeación en la contratación pública.
La acusación formal da paso al inicio del proceso judicial. Las audiencias preparatorias de juicio serán programadas por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, órgano competente para juzgar a exfuncionarios con fuero constitucional.
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