La Fiscalía General de la Nación informó nuevos avances y revelaciones en la investigación relacionada con la caravana de integrantes del autodenominado Estado Mayor de bloques y frentes de las disidencias de las FARC, interceptada por el Ejército el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia).
Durante ese operativo fueron incautados computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos, cuyo análisis ha derivado en hallazgos catalogados como “de la mayor gravedad”.
Análisis forense y primeros resultados
Según el comunicado, el material incautado fue sometido a cadena de custodia y posteriormente legalizado ante jueces de la República. Dos equipos forenses de la DIJIN realizaron la extracción y el estudio de la información digital, entregando cinco informes técnicos, el último el pasado 26 de junio de 2025, a la fiscal especializada que adelanta la investigación en Medellín.
Gracias a esos elementos, la Fiscalía ha logrado judicializar a 28 integrantes del frente 36 de las disidencias en Antioquia. Asimismo:
- María Alejandra Ojeda Londoño y Wenser Yosony Sábana Duque, alias “Oliver”, fueron condenados tras aceptar cargos por porte ilegal de armas.
- Édgar de Jesús Ortega, alias “Firu”, fue acusado por homicidio y permanece privado de la libertad.
Los demás ocupantes de la caravana, entre ellos Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, no fueron capturados, debido a que sus órdenes de captura estaban suspendidas en el marco de la Ley 2272 de 2022 (Ley de Paz Total) y resoluciones posteriores.
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Intervención de la Fiscalía tras nuevos hallazgos
La Fiscalía aclaró que durante los 16 meses de investigación ningún despacho superior recibió reportes sobre posibles conductas punibles adicionales encontradas en los dispositivos. Sin embargo, verificaciones realizadas el 24 de noviembre en Medellín evidenciaron que había información grave que no estaba siendo objeto de investigación.
Ante esto, la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada, con el fin de impulsar líneas de investigación por posibles:
- Cooptación de agentes de inteligencia y miembros del Ejército por parte de las disidencias.
- Amenazas a la seguridad nacional.
- Eventuales financiación ilegal de campañas políticas.
- Alianzas entre estructuras criminales y actores estatales.
- Creación de empresas de vigilancia para favorecer a las organizaciones armadas ilegales.
Compulsación de copias y nuevos frentes de investigación
La fiscal a cargo del caso compulsó copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para investigar la conducta del brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado en el contenido digital incautado.
Sobre la Ley de Paz Total y capturas
El comunicado también recordó que la Fiscalía está obligada a cumplir lo dispuesto por la Ley 2272 de 2022, que ordena suspender órdenes de captura para permitir la participación de miembros de estructuras armadas en los diálogos de paz. Esto fue reiterado por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de agosto de 2024.
No obstante, la Fiscal General emitió la Directiva 003 del 10 de julio de 2025, aclarando que incluso con dicha suspensión procede la captura en flagrancia cuando se trate de:
- Delitos de lesa humanidad
- Violaciones graves a derechos humanos
- Crímenes contra el derecho internacional humanitario
Alerta por filtración de información reservada
La entidad manifestó preocupación por la filtración del contenido de los dispositivos, que desde su incautación han permanecido bajo custodia de la DIJIN. Señaló que la divulgación pública de esa información constituye una violación del principio de reserva en las actuaciones penales.
Fiscalía reitera autonomía de los fiscales delegados
Finalmente, la institución recordó que los fiscales delegados actúan con autonomía y que, en casos de alto impacto, la información debe manejarse bajo estrictos protocolos de reserva legal, para proteger la eficacia de las investigaciones y la integridad de la evidencia.
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