Son reiteradas las denuncias sobre los supuestos casos de corrupción que se ha venido presentando en las altas esferas del Estado que están siendo investigados por los Organismos de Control y que tienen a algunos funcionarios que han ocupado la jefatura de ministerios y otras dependencias del gobierno nacional, en la cárcel y otros que están siendo sindicados por delitos contra la administración pública. La sociedad colombiana estaba muy ilusionada con la llegada de Gustavo Petro Urrego a la presidencia de la República cuya promesa principal fue la eliminación de toda expresión de corrupción en el manejo del Estado. Pero ha ocurrido lo contrario. Se siguen manteniendo los mismos estilos detestables que en otrora se presentaron y que tiene hastiada a la institucionalidad colombiana. En la edición de fin de semana de la revista Semana, medios de comunicación y redes sociales, se denunciaron el mercado persa en la adquisición de predios en el departamento del Huila, en cumplimiento de la política pública para la implementación de la reforma agraria en el país.
El debate sobre la reforma agraria en Colombia ha tenido en el Huila uno de sus capítulos más polémicos. Bajo la lupa están al menos 3.500 hectáreas adquiridas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en operaciones cuestionadas por presuntos sobrecostos, compra de predios improductivos o localizados en áreas de conservación. Se ha destapado un festín de compra de tierras, donde se conjugan intereses politiqueros, favores burocráticos y el uso del presupuesto público para negocios poco transparentes. Son detestables estas prácticas corruptas. Es rechazable desde todo punto de vista, que este entramado de influencias, alimente la percepción que detrás de las adquisiciones de tierras en el Huila, no solo hay errores técnicos, sino también compromisos políticos y un clientelismo burocrático desbordado. Son múltiples las denuncias en las compras de estos terrenos, en territorio huilense. Inclusive han adquirido predios en zonas protegidas por las leyes ambientales. Algo absurdo. Con estas actitudes, se están atentando contra los nacederos de agua con la destrucción de los ecosistemas estratégicos que son la vida y el futuro de las familias huilenses, que residen en dichos territorios.
Lo anterior, no puede seguir sucediendo con el despilfarro de recursos públicos, que con tanto esfuerzo pagamos a través de los impuestos. La pugnacidad política reinante por estos días no deja ver con claridad los indicios de la captura del Estado por parte de intereses particulares. La cooptación institucional se conoce desde hace rato en muchas dependencias del Estado que caen en las manos de organizaciones de contratistas, representados por políticos, quienes controlan decisiones de los gobiernos para su beneficio en medio de la impunidad reinante y avalada por algunas bodegas e influencers que son pagados con recursos públicos, tendiente a tergiversar la verdadera realidad nacional en beneficio del ejecutivo.
