El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), Jaime Alberto Cabal, insistió en la necesidad de archivar la reforma laboral propuesta por el Gobierno Nacional, al considerarla inconstitucional, inconveniente e inoportuna, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que representan el 97% del tejido empresarial colombiano.
Según el dirigente gremial, la reforma afectaría de manera crítica a sectores como el comercio, tiendas de barrio, panaderías, cafeterías, restaurantes, hoteles, empresas de transporte, logística y vigilancia, impactando miles de negocios que sostienen la economía nacional.
Posibles efectos negativos en el empleo
Desde la presentación del proyecto, FENALCO ha advertido que la reforma pondría en riesgo aproximadamente 452.000 empleos, beneficiando únicamente a una minoría, mientras millones de colombianos desempleados o que trabajan en la informalidad se verían aún más afectados.
Cabal también resaltó que el alto incremento en los costos laborales, estimado en un 34%, podría comprometer la sostenibilidad de muchas empresas, limitando la capacidad de generación de empleo y afectando el desarrollo económico del país.
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Cuestionamientos sobre su constitucionalidad
El gremio también ha señalado que la iniciativa tiene serios problemas de inconstitucionalidad, entre ellos:
Falta de concertación con la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales.
Ausencia de un análisis de impacto fiscal.
Incorporación de disposiciones que deberían ser tramitadas como leyes estatutarias.
Además, Fenalco advirtió que el contexto económico del país no es el adecuado para la implementación de una reforma con estas características. El cierre de empresas ha aumentado un 23.2% en los últimos dos años, mientras que la creación de nuevas compañías cayó un 8.4% en el mismo periodo, de acuerdo con la Superintendencia de Sociedades.
Llamado a la Comisión Séptima del Senado
El líder gremial hizo un llamado a los 14 senadores de la Comisión VII, quienes tienen en sus manos la discusión de la reforma, para que archiven el proyecto y eviten un impacto negativo sobre el sector empresarial y el empleo en el país.
«Los legisladores tienen la responsabilidad de frenar una iniciativa que pondría en riesgo la viabilidad de miles de empresas, ya afectadas por la reforma tributaria y la falta de políticas públicas para su fortalecimiento», concluyó Cabal.
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