Una oleada de falsos divorcios, embarazos exprés y paternidades improvisadas se ha tomado a la Fiscalía General de la Nación. Funcionarios en provisionalidad, temerosos de perder sus cargos ante un concurso de méritos, recurrieron a insólitas estrategias para atornillarse en sus puestos.
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
La incertidumbre que generó el anuncio del concurso de carrera para suplir 4.000 cargos en la Fiscalía derivó en una serie de maniobras que, más que jurídicas, rozan lo inverosímil. Funcionarios de todos los niveles, al enterarse de que sus cargos provisionales podrían ser ofertados, comenzaron a presentar solicitudes para acogerse a medidas de protección que les permitieran mantenerse en la entidad. El problema: muchas de estas solicitudes estaban sustentadas en falsedades.
El concurso, promovido por la administración de la fiscal general Luz Adriana Camargo, buscaba consolidar una planta con base en el mérito. Pero para muchos funcionarios en provisionalidad, el anuncio representó una amenaza directa a su estabilidad laboral. Así nació la creatividad burocrática.
Según denuncias en poder de la Fiscalía y la Comisión de Disciplina Judicial, desde septiembre de 2024 comenzó a observarse una tendencia atípica en el comportamiento de los funcionarios: divorcios súbitos, licencias de maternidad inesperadas, demandas de patria potestad inusuales y declaraciones juradas de condiciones familiares ficticias.
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Todo comenzó con la Circular 0030 del 3 de septiembre de 2024, que establecía excepciones para ciertos funcionarios, excluyéndolos del listado de vacantes que saldrían al concurso. Entre los grupos protegidos estaban personas con enfermedades, en condición de discapacidad, prepensionados y padres o madres cabeza de hogar.
Este último grupo fue el que desató el caos. El simple hecho de jurar ante notaría que se era madre o padre cabeza de familia bastaba para intentar blindarse. Muchos lo hicieron. Algunos falsificaron documentos, otros inventaron abandonos de hogar y unos más aseguraron cuidar a hijos que no les pertenecen. La consigna era una sola: quedarse en el cargo como fuera.
Un caso que llama la atención es el de una fiscal en la seccional Bolívar, quien, pese a tener un esposo pensionado, declaró ser madre cabeza de hogar. En otro caso, más extravagante aún, una funcionaria interpuso una demanda de pérdida de patria potestad contra su propia hermana para “adoptar” a sus sobrinas, alegando que debía hacerse cargo de ellas como única responsable. Todo ocurrió en medio del proceso del concurso, lo que ha levantado fuertes sospechas sobre el verdadero propósito de estas acciones.
“En la Fiscalía no hay nada más permanente que la provisionalidad”, decían algunos dentro del búnker de Bogotá. Sin embargo, la llegada del concurso pareció desmentir ese viejo refrán. Y con ello, comenzaron las “jugaditas”, como calificaron las denuncias a estas maniobras.
La Dirección Ejecutiva de la Fiscalía recibió al menos 11 denuncias formales, que ya fueron remitidas a la Comisión de Disciplina Judicial para su investigación. Las denuncias incluyen nombres, cargos, fechas y detalles de los casos, y evidencian un patrón de fraude sistemático dentro de la entidad.
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Lo más preocupante no es solo la creatividad para torcer las reglas, sino la aparente complicidad interna. Según las denuncias, la Dirección Ejecutiva no habría verificado rigurosamente las condiciones familiares de quienes solicitaron las medidas afirmativas. “Muchos funcionarios tienen cónyuges que trabajan en la misma entidad y ciudad, pero declararon abandono o separación para justificar su solicitud”, afirma una de las quejas.
El escándalo tiene epicentro en Bolívar y Caldas, pero se presume que hay casos similares en otras regiones. En total, 5.033 funcionarios solicitaron acogerse a las medidas de protección; 2.797 las obtuvieron. Algunos de estos beneficiarios son precisamente los mencionados en las denuncias.
La Fiscalía, por su parte, señaló que presume la buena fe de sus funcionarios, ya que las solicitudes se realizaron mediante declaraciones juramentadas. No obstante, abrió las investigaciones respectivas para determinar si hubo falsedad o abuso de las medidas.
Mientras tanto, miles de colombianos —más de 100.000— participaron en el concurso con la esperanza de acceder a un cargo por méritos, enfrentándose ahora a un sistema que ha sido manipulado por quienes, paradójicamente, deben defender la legalidad y la justicia en el país.
