El alto tribunal inadmitió una denuncia por traición a la patria y financiación ilícita de campañas contra el senador del Polo Democrático, al concluir que carecía de fundamento. El supuesto denunciante fue víctima de suplantación, y la Corte compulsó copias a la Fiscalía para investigar el caso.
DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
La Corte Suprema de Justicia cerró otro intento fallido de llevar a los estrados al senador Iván Cepeda Castro, al declarar inadmisible una denuncia penal por los delitos de traición a la patria, lavado de activos, concierto para delinquir y financiación ilegal de campañas políticas.
De acuerdo con un auto de la Sala de Instrucción, revelado por un medio nacional, la denuncia fue rechazada por carecer de “mínimos elementos fácticos y probatorios” y por contener acusaciones que no detallaban ni el modo, ni el tiempo, ni el lugar de los supuestos hechos.
El despacho de la magistrada Cristina Lombana, que conoció el caso, precisó que el documento presentado ante la Corte “no ofrecía respaldo probatorio alguno” y estaba basado en afirmaciones sin sustento, referidas a una supuesta conspiración internacional de izquierda.
“Las manifestaciones del denunciante no permiten inferir la comisión de delito alguno. No se allegaron pruebas, testimonios ni documentos que soporten los señalamientos”, señaló la Sala en su decisión.
Acusaciones sin soporte y teorías sin prueba
La denuncia aseguraba que el senador Cepeda habría recibido financiación del narcotráfico y mantenía vínculos con estructuras ilegales a través del Foro de São Paulo, organización que agrupa movimientos y partidos de izquierda de América Latina.
Según el documento, el congresista habría utilizado su papel como negociador de paz para “pactar acuerdos con narcotraficantes y guerrilleros”, con el supuesto propósito de impulsar el ascenso de líderes progresistas en la región.
También se afirmaba que Cepeda fue “instrumento” para “empapelar judicialmente” al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por órdenes de ese foro. No obstante, la Corte determinó que tales afirmaciones no solo eran infundadas, sino “jurídicamente irrelevantes”.
“Pertenecer a un foro político o ejercer funciones legislativas en materia de derechos humanos no constituye delito. Tampoco existe evidencia que vincule al senador con estructuras criminales o con recursos de procedencia ilícita”, enfatizó el alto tribunal.
La Corte recordó que las denuncias penales deben cumplir con parámetros mínimos de claridad y sustento probatorio, y que no puede abrir investigaciones “basadas en rumores o documentos de dudosa procedencia”.
El denunciante, víctima de suplantación
El episodio dio un giro inesperado cuando el abogado Óscar Armando Díaz, quien aparecía como denunciante, notificó a la Corte que nunca había presentado la acusación.
En una comunicación oficial enviada el 1 de agosto, Díaz adjuntó su cédula y tarjeta profesional, aclarando que se enteró del proceso por medio de un derecho de petición. “Mi nombre y mis datos fueron utilizados sin autorización alguna. Fui víctima de suplantación”, manifestó el jurista.
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El abogado explicó que la firma consignada en la denuncia no era suya, que el correo electrónico usado para radicarla era falso —pues usaba el alias “Armando Díaz Naranjo”— y que el número telefónico registrado no le pertenecía.
Además, esa misma identidad fue utilizada en otro proceso ante el Consejo de Estado, donde se presentó una demanda de pérdida de investidura contra el mismo senador, con argumentos similares. Ese expediente también fue archivado por falta de requisitos formales y por dudas sobre la autenticidad del firmante.
La Corte remite el caso a la Fiscalía
Ante la evidencia de la suplantación, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión de delitos como falsedad en documento público, fraude procesal y suplantación de identidad.
Fuentes cercanas al alto tribunal indicaron que se busca establecer quiénes estarían detrás de la maniobra, ya que el uso indebido de la identidad de un abogado con tarjeta profesional activa podría tener fines de manipulación judicial y política.
“La suplantación de profesionales del derecho para impulsar denuncias sin sustento afecta gravemente la credibilidad del sistema judicial. Es necesario identificar a los responsables y sancionarlos ejemplarmente”, advirtió una fuente de la Corte consultada por este medio.
Cepeda y las denuncias infundadas
El senador Iván Cepeda, quien ha sido objeto de reiteradas denuncias por parte de sectores políticos opuestos, no se pronunció públicamente sobre este caso. Sin embargo, su equipo jurídico celebró la decisión de la Corte como “una reafirmación de la verdad jurídica frente a campañas de difamación”.
En los últimos años, varias acciones judiciales contra el congresista han sido archivadas por falta de sustento probatorio o inconsistencias procesales, lo que ha llevado a la Corte a advertir sobre el uso temerario del derecho penal como herramienta política.
La decisión de compulsar copias a la Fiscalía marca ahora el inicio de una nueva línea de investigación, no contra Cepeda, sino contra quienes podrían estar detrás de una estrategia de suplantación y desinformación judicial.
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