El fallo judicial contra Álvaro Uribe Vélez no solo agitó las aguas políticas en Colombia, sino que también provocó una oleada de reacciones en Washington. Senadores y congresistas estadounidenses, cercanos al uribismo, lanzaron duras advertencias sobre una supuesta persecución política y alertaron que Colombia “se acerca a la ilegitimidad”, comparando el escenario con el colapso institucional de Venezuela.
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
La condena judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno ha suscitado un amplio abanico de reacciones políticas en Colombia. Mientras que sectores afines al Centro Democrático expresan su respaldo incondicional al exmandatario y cuestionan la decisión de la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, otros actores interpretan el fallo como un hito en la historia judicial del país que podría tener efectos significativos en el panorama político de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
La jornada de este lunes 28 de julio fue clave. Desde tempranas horas de la mañana, el país estuvo atento al desarrollo de la audiencia judicial en la que se conocería el fallo contra Uribe Vélez. La jueza Heredia argumentó de forma extensa las razones por las que concluyó que el expresidente había incurrido en la manipulación de testigos, una decisión que marca un punto de inflexión para la justicia colombiana al tratarse de la primera condena contra un exjefe de Estado en el país por delitos en ejercicio de su vida política.
La reacción del Centro Democrático no se hizo esperar. A través de un comunicado, el partido afirmó que el fallo era previsible y lo calificó como “un monumento a la arbitrariedad judicial”. La senadora María Fernanda Cabal, una de las figuras más visibles del uribismo, fue enfática al considerar que el proceso judicial se convirtió en un “espectáculo político” y que aún queda un largo camino en los estrados judiciales. “Vendrá la apelación y, si es necesario, la casación. Esta no es una sentencia definitiva”, afirmó Cabal, quien estuvo presente en la audiencia.
El expresidente Iván Duque también se pronunció en defensa de Uribe. “Su integridad ha sido evidente a lo largo de su vida pública. Frente a un fallo sin pruebas, seguiremos acompañándolo en todas las instancias, nacionales e internacionales, que sean necesarias”, escribió en redes sociales, sumándose al coro de voces que ven en esta decisión judicial una oportunidad para insistir en la inocencia del líder político.
Desde el Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda expresó su respeto por las decisiones judiciales, pero se mostró esperanzado en que las instancias superiores permitan a Uribe probar su inocencia. Similar fue la postura de Miguel Ángel Pinto, senador liberal, quien lamentó que la audiencia pareciera más una exposición política que jurídica.
Impacto político: Cepeda y el 2026 en el horizonte
Más allá de la controversia jurídica, lo que ha empezado a configurarse es un nuevo tablero político. Para varios analistas y dirigentes, la decisión contra Uribe podría convertirse en el catalizador de una reconfiguración de fuerzas rumbo a los comicios presidenciales de 2026. En ese contexto, el nombre del senador Iván Cepeda ha sido mencionado insistentemente como posible figura de proyección nacional dentro del progresismo.
La congresista Lina Garrido, de Cambio Radical, ironizó con la situación: “Tremendo lanzamiento de campaña de Iván Cepeda. Estaba cantado. Los únicos que deben estar aburridos hoy son Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, Claudia López, María José Pizarro y Camilo Romero”. Para ella, Cepeda emerge como el principal beneficiado político de este desenlace judicial, al haber logrado sentar en el banquillo de los acusados al expresidente más popular de las últimas décadas y obtener su condena en primera instancia.
Cepeda, reconocido por su papel como denunciante en el proceso y férreo crítico del uribismo, no ha confirmado aspiraciones presidenciales. No obstante, sus intervenciones públicas han reforzado su perfil como líder moral y político del sector alternativo, lo que lo posiciona en el imaginario colectivo como un presidenciable de cara a un escenario donde el uribismo llegaría debilitado por el desenlace judicial de su máximo referente.
División y polarización
La decisión ha acentuado la polarización que atraviesa la política colombiana. Mientras sectores de derecha consideran la sentencia una muestra de persecución política, en el Pacto Histórico —coalición del actual gobierno— muchos celebran el fallo como una señal de que “nadie está por encima de la ley”.
Camilo Romero, uno de los precandidatos del progresismo, fue categórico: “Álvaro Uribe ya es culpable. Termina la era de los intocables y la justicia no es solo para los de ruana”. Para Romero, el fallo tiene una dimensión simbólica que va más allá del caso en sí mismo y que representa una oportunidad para consolidar un discurso electoral centrado en la ética pública.
Luis Gilberto Murillo, excanciller y también precandidato presidencial, sostuvo una posición más institucional. Reconoció que se trata de una decisión histórica y llamó a actuar con serenidad, respetando el Estado de derecho. “Más que nunca se requiere una respuesta política a la altura del momento, con sentido de país”, afirmó.
Desde el lado opuesto del espectro ideológico, voces como la de Abelardo de la Espriella llamaron a la movilización. “Debemos salir a las calles a gritar con fuerza: ¡Uribe, inocente!”, dijo, en un llamado a que el uribismo se mantenga cohesionado pese a la adversidad judicial.
¿Un nuevo eje político?
Lo que queda claro es que, más allá de la sentencia, la figura de Álvaro Uribe sigue siendo central en la política nacional. Así lo expresó Daniel Palacios, exministro del Interior: “Se le podrá perseguir en los tribunales, pero jamás podrán borrar de la historia o del corazón de millones de colombianos lo que representó su gobierno”.
En contraste, Jennifer Pedraza, congresista independiente, valoró el fallo como una victoria de la institucionalidad. “Aquí no hay ciudadanos de primera o segunda categoría. Todos debemos cumplir la ley”, expresó, enfatizando en la necesidad de defender la independencia judicial.
La condena también ha revelado un nuevo eje de polarización: mientras que el debate entre izquierda y derecha sigue vigente, ahora se entrelaza con un choque de legitimidades entre las decisiones judiciales y la interpretación política de las mismas. En ese sentido, el sistema judicial se convierte, una vez más, en campo de batalla simbólica y electoral.
El proceso continúa
Aunque la condena es un hecho sin precedentes, el proceso está lejos de haber terminado. Uribe podrá apelar la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá. Si no hay una resolución definitiva antes del 16 de octubre, podría operar la prescripción del delito, lo cual añadiría un nuevo capítulo a un caso que ha capturado la atención del país desde 2018.
El expresidente, hasta el momento, no ha hecho un pronunciamiento público detallado sobre la condena, pero se espera que lo haga en las próximas horas. Todo indica que optará por la apelación y agotará todos los recursos legales disponibles, lo que podría extender el proceso durante varios meses o incluso años.
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Reacciones desde Estados Unidos: advertencias y preocupaciones diplomáticas
La decisión de la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Heredia, de negar la solicitud de preclusión y llevar a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez, generó un amplio eco internacional, especialmente en sectores políticos de Estados Unidos. Minutos después del anuncio del fallo, figuras del Congreso estadounidense manifestaron su preocupación por lo que consideran una creciente politización del sistema judicial colombiano.
Uno de los pronunciamientos más contundentes provino del senador Marco Rubio, reconocido por su activa participación en la política exterior hacia América Latina. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), Rubio afirmó que el caso contra Uribe sentaba un “precedente preocupante” al considerar que “la instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales” estaría afectando la estabilidad institucional. Para el senador republicano, el proceso judicial no responde únicamente a criterios jurídicos, sino que estaría vinculado a intereses ideológicos que, en su opinión, amenazan la democracia colombiana.
En una línea similar, el senador Bernie Moreno, también de origen republicano y de ascendencia colombiana, fue más allá al advertir que “Colombia se acerca un paso más a la ilegitimidad”. En su declaración pública, expresó que liderará una delegación bipartidista de funcionarios estadounidenses para “reafirmar el compromiso con Colombia”, haciendo un llamado a evitar que el país repita lo que calificó como el “camino de Venezuela”. Sus palabras reflejan un tono de alarma frente a lo que considera señales de deterioro institucional en Colombia.
También se sumó al debate la congresista María Elvira Salazar, reconocida por su cercanía con sectores uribistas. En su mensaje, calificó la decisión judicial como “una infamia” y argumentó que el expresidente Uribe es víctima de una persecución política por haber enfrentado a las FARC y rechazar acuerdos con grupos armados. A su juicio, lo ocurrido refleja un intento por neutralizar su figura política y allanar el camino a sectores de izquierda que buscan, según su visión, consolidar el poder.
Desde la Cámara de Representantes, el congresista Mario Díaz-Balart, otro político con trayectoria en temas latinoamericanos, también reaccionó con severidad. Afirmó que la apertura del juicio representa “una evidente violación del Estado de derecho” y expresó preocupación por el panorama democrático del país. En su declaración, señaló que en Colombia se estarían combinando factores como persecución política, deterioro de la seguridad y fortalecimiento de estructuras criminales. Su lectura del caso Uribe se enmarca en una visión más amplia sobre la situación del país bajo el actual gobierno, al que responsabiliza de favorecer una “deriva autoritaria”.
Aunque los mensajes varían en tono y alcance, todos coinciden en cuestionar la imparcialidad del sistema judicial colombiano y en presentar el caso contra Uribe como un punto de inflexión institucional. Para estos actores políticos, lo ocurrido no puede ser interpretado exclusivamente desde lo jurídico, sino como parte de un proceso político más amplio, que —según advierten— podría tener consecuencias para la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.
Estas declaraciones también ponen de manifiesto el interés sostenido de Washington en la estabilidad democrática de Colombia, un aliado histórico en la región. Si bien el Gobierno de Estados Unidos no ha emitido una posición oficial respecto al fallo judicial, la presión política de sectores influyentes en el Congreso podría generar tensiones diplomáticas futuras. En todo caso, lo cierto es que el proceso contra el expresidente Uribe ha trascendido las fronteras nacionales, convirtiéndose en un punto de atención para diversos actores internacionales que observan de cerca su desarrollo y sus implicaciones.
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