LLa prestación del servicio de salud en Colombia atraviesa una “crisis humanitaria”, según Personeros de varias ciudades capitales, donde el número de acciones de tutela por fallas en la atención ha aumentado de manera exponencial. Los Personeros de Neiva, Barranquilla, Manizales y Cali han compartido un panorama alarmante de reclamos ciudadanos y del consecuente desfinanciamiento de la red hospitalaria.
DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO
Por: Francy Villarreal Ruiz
La capital del Huila permanece en alerta por la cifra de tutelas que enfrenta, mecanismo al que recurren los ciudadanos para reclamar su derecho a la salud ante las Entidades Prestadoras de Servicios.
El personero de Neiva, Jerson Andrés Bastidas Vargas, indicó que la ciudad, con aproximadamente 400.000 habitantes, reporta más de 2.600 acciones de tutela en materia de salud, en un registro de hace aproximadamente ocho días. Esta cifra se equipará a la de ciudades mucho más grandes, como Cali, que reporta 3.000 acciones.
La principal preocupación radica en la deuda que mantienen las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con la red hospitalaria, especialmente la Nueva EPS, señalada como la entidad que más problemas está generando en la ciudad.
Bastidas Vargas reportó que “la deuda con la red prestadora de servicios de salud en Neiva, incluyendo hospitales como el Universitario de Neiva y el Carmen Emilio Ospina, así como la red privada, asciende a más de 471.000 millones de pesos. Esta situación, cercana al medio billón, podría llevar al colapso del sistema de IPS y hospitales del municipio”.
Según el personero, las reclamaciones más comunes en Neiva son la no entrega de medicamentos o su entrega parcial, la falta de insumos como pañales, la no autorización oportuna de procedimientos quirúrgicos o de alta complejidad, y los reclamos por viáticos.
Crítica situación
Por su parte, los personeros de ciudades como Barranquilla, Manizales y Cali coincidieron en que la situación actual de la prestación del servicio de salud es más crítica que la vivida durante la pandemia.
Sus opiniones apuntan a que el escenario actual muestra polarización, incertidumbre y descoordinación entre los entes encargados, lo que ha provocado un aumento exponencial de las quejas en las personerías.
En el ranking de los reclamos más frecuentes, al igual que en Neiva, los medicamentos lideran la lista, seguidos por la falta de oportunidad en la asignación de citas con especialistas, cirugías o procedimientos quirúrgicos.
Los defensores de derechos ciudadanos señalan que, ante este panorama, es urgente una concertación nacional que permita estabilizar la prestación del servicio y generar certidumbre. Sugieren que las reformas o mejoras necesarias se realicen mediante vías concertadas y no polarizadas ni sometidas al debate político.
“Situación más crítica que la pandemia”
El personero de Barranquilla y presidente de la Asociación de Personeros de Ciudades Capitales (Persocapitales), Miguel Ángel Alzate, afirmó que “lo que estamos viviendo actualmente en materia de prestación del servicio de salud es una situación aún más crítica que la que vivimos durante la pandemia. En ese entonces, todas las autoridades y los entes encargados estaban encaminados a un solo objetivo: luchar contra la emergencia sanitaria”.
Agregó que “el escenario actual refleja polarización e incertidumbre, con instituciones tirando hacia rutas distintas. Esto ha conllevado a que las quejas que recibimos en las personerías aumenten de manera exponencial. En la Personería de Barranquilla, de cada 10 personas que acuden a nosotros, seis o siete lo hacen por la mala prestación del servicio de salud”.
En esta zona del país, el principal problema es la falta de medicamentos, seguida por la demora en la asignación de citas con especialistas, cirugías y procedimientos.
“Lo que hemos propuesto —añadió— es la necesidad de una concertación nacional para trabajar sobre lo fundamental: estabilizar la prestación del servicio, brindar certidumbre y analizar reformas o mejoras de manera consensuada. Sabemos que el sistema tiene falencias y debe reformarse, pero esas transformaciones deben realizarse por una vía concertada, no polarizada ni sometida al debate político”.
Según la Personería de Barranquilla, este año se han atendido 500 tutelas, de acuerdo con los reportes más recientes.
“Somos conscientes de la importancia de no desgastar el aparato judicial, por eso optamos, en primer lugar, por el mecanismo de reacción inmediata, realizando una intermediación directa con las EPS para solucionar los problemas, y normalmente obtenemos resultados positivos”, precisó.
“Una crisis humanitaria”
El personero de Manizales, Juan Pablo Sorogallo, dibuja un panorama igual de preocupante en su ciudad, donde asegura que la situación refleja una crisis humanitaria.
“En Manizales calificamos esta situación desde dos perspectivas básicas: una tiene que ver con el acceso a medicamentos. Para el mes de marzo teníamos más de 140.000 medicamentos pendientes en una ciudad de cerca de 450.000 habitantes, y lo más grave es que el 97% de esos medicamentos correspondían a Cafam, dispensador exclusivo de la Nueva EPS hasta hace poco”, explicó.
Gracias a acciones urgentes de reclamación, se logró entregar cerca de 6.000 medicamentos del grupo de 140.000 que estaban en espera.
“Tenemos una curva creciente: cada vez hay más medicamentos pendientes. Lo más preocupante es que 45.000 de ellos corresponden a enfermedades graves, como cardiovasculares, oncológicas, huérfanas o VIH, lo que constituye un riesgo de salud pública. Por eso, presentamos denuncias penales y disciplinarias, pues hemos evidenciado un incumplimiento sistemático y reiterado de las decisiones judiciales por parte de algunas EPS y sus directivos. Este incumplimiento podría configurar un delito de fraude a resolución judicial. Exigimos que la Fiscalía asuma estas investigaciones y envíe un mensaje contundente”.
Sorogallo enfatizó que, en un Estado Social de Derecho como Colombia, las decisiones judiciales no son opcionales: deben cumplirse, y no se puede normalizar su incumplimiento.
Actualmente, la Personería de Manizales ha registrado, desde octubre del año pasado, cerca de 5.000 tutelas relacionadas únicamente con temas de salud. “Casi la mitad de esas acciones son por el acceso a medicamentos”, señaló.
A esto se suma el desfinanciamiento de clínicas y hospitales. “En Manizales tenemos tres instituciones de tercer nivel: dos están cerradas y la que sigue operando presenta una sobreocupación del 200%. Es una verdadera crisis”, subrayó el personero.
El Estado debe responder por el derecho a la salud
El personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, señaló que en la capital del “cholao” se reportan este año cerca de 3.000 tutelas con desacatos.
“Pero debemos ir más allá del discurso documental de la tutela. El Estado debe responder por sí mismo y por los derechos del colectivo, sin necesidad de que el ciudadano se desgaste. Debemos fortalecernos como ciudadanos y propiciar espacios de exigencia, no de súplica. El ciudadano no tiene que pedirle al Estado: tiene que exigirle que cumpla con su misionalidad, con el fin de mitigar la vulneración de los derechos humanos y fundamentales, que cada día se ven más afectados”, sostuvo.
A los precarios servicios de salud en Cali se suman otros problemas como la violencia urbana, agravada por la incidencia de grupos armados.
“Tenemos un problema con los enclaves cocaleros en el norte del Cauca y el sur del Valle, lo que ha impulsado la comercialización de sustancias psicoactivas y la presencia de bandas transnacionales dedicadas al microtráfico. Esto ha fortalecido la criminalidad organizada, que busca desestabilizar el territorio. Sin embargo, las instituciones del Estado deben ser más fuertes y tener mayores capacidades para contrarrestarla”, precisó.
Finalmente, Mendoza Castrillón reflexionó sobre la dificultad de ejercer la defensa de los derechos humanos en un país como Colombia, donde el conflicto armado persiste y la violencia urbana resurge ante la ausencia estatal.
“Es una tarea compleja, pero que impone grandes desafíos. No me cansaré de seguir luchando por la paz. Los primeros llamados a hacerlo somos el Ministerio Público, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las Personerías. Todos estamos convocados a seguir construyendo paz. Sueño con que Colombia sea un territorio en paz, y eso solo será posible si las instituciones cumplen su papel y se respeta lo pactado en el Acuerdo de Paz, que debe cumplirse”, concluyó.
