Carlos Yepes A.
En el Huila el café no es una estadística: es el ingreso de decenas de miles de familias, la base de nuestras cooperativas y un tejido social que tardamos décadas en construir. Por eso preocupa que la aplicación rígida de la facturación electrónica y de la bancarización, sin considerar la realidad tecnológica del campo, termine castigando a los pequeños productores y debilitando al gremio asociativo que ha sostenido la compra formal del grano en nuestra región. Las cooperativas del Huila han advertido que el endurecimiento de los controles y la interpretación estricta de la norma ya provocaron una caída de las compras formales y un desplazamiento hacia la informalidad, justo lo contrario de lo que el Estado busca corregir.
El llamado no es contra la formalización. Es a favor de una transición posible. El modelo cooperativo cafetero ha sido un motor de trazabilidad, de precios justos y de reinversión social en el territorio. En el Huila, la mayoría son pequeños productores que viven en veredas de difícil acceso, con internet inestable o inexistente y servicios financieros limitados. Pedirles que facturen electrónicamente desde la finca o que bancaricen cada transacción, sin conectividad ni acompañamiento, equivale a levantar una barrera de entrada a la economía formal.
También existe una brecha entre la regla y el territorio: aunque se insista en que muchos caficultores no superan los topes para estar obligados a facturar electrónicamente, en la operación diaria se condiciona el pago al uso de cuentas bancarias y a flujos de información que hoy las veredas no pueden garantizar. Esa tensión ya está empujando a productores hacia canales informales y exponiendo a cooperativas a sanciones que ponen en riesgo su viabilidad.
No perdamos de vista otra consecuencia: si baja la participación de las cooperativas, disminuye su capacidad para sostener compras formales y programas sociales. El tejido asociativo invierte en educación, cuidado ambiental, seguridad social y productividad. Si se le asfixia con exigencias imposibles de cumplir en lo rural, lo paga toda la cadena, empezando por las familias.
Desde el Huila respaldamos al gremio asociativo y su solicitud de construir una ruta gradual, razonable y justa hacia la formalización. Esa ruta requiere, como mínimo, cuatro decisiones sensatas. Primero, un enfoque territorial y diferencial: no es lo mismo facturar en el casco urbano que en una ladera de Acevedo; las obligaciones deben ajustarse a la infraestructura disponible, con salvaguardas transitorias para pequeños productores mientras se cierra la brecha digital. Segundo, un modelo híbrido de facturación rural con documentos equivalentes y soluciones offline certificadas que sincronicen cuando haya señal, para que la tecnología sea puente y no muralla. Tercero, conectividad y alfabetización digital como política pública: subsidios de conectividad rural, bancarización asistida y formación para productores y tesorerías de cooperativas. Cuarto, concertación institucional: una mesa técnica con Hacienda, Agricultura, DIAN, Federación de Cafeteros, Confecoop, ASOCOOPH y cooperativas del Huila para acordar fases, pilotos y verificación sin romper el tejido asociativo.
La discusión tributaria exige proporcionalidad. Tratar a un pequeño caficultor sin internet como a un gran contribuyente con infraestructura tecnológica es desconocer la Colombia real. El remedio no puede enfermar al paciente: formalizar sí; excluir, jamás.
Como región, propongamos pilotos en el Huila, Garzón, Pitalito, La Plata, alineados con la cosecha y con metas claras: porcentaje de ventas formalizadas, tiempos de pago, reducción de costos de cumplimiento y estabilidad de las compras cooperativas. Con resultados en mano, ajustar la regulación y escalar herramientas.
Los productores cafeteros del Huila, requieren de respaldo, al igual que las cooperativas y asociaciones. Nuestro llamado es al Gobierno para que escuche, acuerde y corrija a tiempo. Necesitamos “Un Acuerdo para Vivir Mejor”
