POR: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
La extradición es un mecanismo de cooperación internacional, que pretende impedir la impunidad y colaborar con la persecución del delito. Colombia, desde el asesinato del Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, viene extraditando a los delincuentes que son pedidos por otros Estados del hemisferio, principalmente por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.
El Presidente Belisario Betancur en el sepelio del Ministro asesinado, cambió radicalmente su posición de no extraditar nacionales, que soportaba en razones de soberanía. Su discurso le declaró la guerra al narcotráfico y comenzaron las extradiciones.
El tramite de extradición supone de una petición por parte de un país extranjero, a través de la Cancillería, que origina el expediente para extradición pasiva. No se trata de una actuación judicial; con ello la Fiscalía ordena la detención con fines de extradición; la actuación pasa al Ministerio de Justicia.
El Ministerio de Justicia, con toda la documentación de rigor, pasa el expediente a la Corte Suprema de Justicia, en su Sala Penal, quién debe dar un concepto sobre el pedido de extradición. Para ello realiza un examen formal de la legalidad, no de responsabilidad; revisa si el delito por el cual es pedida la persona, es también delito en Colombia, que no haya pena capital en el país que lo solicita por ese delito, que exista una decisión judicial que lo vincule al proceso, que no se le imponga pena mayor a la que acá se impondría, que no se le sancione dos veces por el mismo delito, que no se trate de delitos políticos, etc.
Luego pasa la actuación al Presidente de la República; el concepto negativo de la Corte Suprema lo obliga; el favorable, lo faculta para extraditar o no. Es decir, en este caso la extradición es discrecional del Presidente de la Republica.
Lo que ha pasado en Colomba, es que bajo el amparo de la política de la “paz total” se han suspendido varias de esas extradiciones de delincuentes solicitados por los Estados Unidos con cargos por tráfico de estupefacientes; rompiendo el compromiso de colaboración en la persecución del delito de narcotráfico, adquirido con dicho país. Por supuesto que esta política de no extraditar causa sus efectos; nada extraño que la suspensión del visado a varios miembros del Gobierno y la inclusión de algunos en la lista OFAC, también conocida como lista Clinton, sea una respuesta a la implementación de la política de la “paz total”, que los hace ver como colaboradores de esa delincuencia. Lo grave, sería que la sanción se aplicara al país mismo, hasta hora solo afecta de los responsables de la decisión política.
Las relaciones de cooperación entre estados, es un asunto que merece el mayor cuidado; se va construyendo con el tiempo y marca una tradición de comportamiento. Romper esos lazos unilateralmente trae consecuencias. Esperemos que la tradición de nuestro país como un aliado de los países que combaten y colaboran con sanción a la delincuencia permita rectificar el rumbo equivocado que vamos marcando.
