El expresidente, Álvaro Uribe Vélez, confirmó públicamente que su detención domiciliaria ya fue formalizada, luego de que el pasado viernes 1 de agosto se dictara en su contra una sentencia condenatoria de 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
A través de un video publicado el miércoles 6 de agosto en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el exmandatario manifestó que compareció ante el juzgado de Rionegro, Antioquia, jurisdicción de su lugar de residencia, para completar los procedimientos legales correspondientes.
“Me habían citado para el próximo lunes (11 de agosto) para formalizar mi encarcelamiento domiciliario, que estoy cumpliendo desde el pasado viernes”, indicó Uribe, quien añadió que ya recibió su identificación como preso.
El fallo fue proferido por la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá, quien ordenó la medida privativa de la libertad de forma inmediata. En su decisión, la togada argumentó que la medida respondía a la necesidad de preservar la convivencia pacífica y armoniosa entre los ciudadanos, según lo establece la jurisprudencia vigente, que exige la ejecución de la pena tras agotarse la segunda instancia.
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En su mensaje, el exmandatario también se refirió a su intención de mantenerse políticamente activo y continuar en la vida pública pese a su condición actual. “Con la identificación de preso, continuaré y aumentaré la lucha para que Colombia en el 2026 derrote a la naciente mordaza neocomunista, porque si se consolida, acabará con la nación”, señaló.
Uribe, líder del partido Centro Democrático, reiteró su compromiso con el proyecto político de su colectividad y su disposición de participar en el debate democrático de cara a las elecciones presidenciales de 2026, año en que culminará el mandato del actual presidente Gustavo Petro.
La sentencia contra el expresidente ha generado una intensa polarización política en el país, reactivando las tensiones entre sectores que lo respaldan y quienes han exigido desde hace años que enfrente la justicia por su presunta responsabilidad durante su mandato.
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