Doce antiguos integrantes del Bloque Sur de las extintas Farc-EP comparecieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para rendir versión sobre homicidios, masacres, atentados y tomas guerrilleras que marcaron a varias regiones del país, entre ellas el Huila, donde la población civil fue directamente golpeada por el conflicto armado.
Las audiencias se realizaron en Bogotá entre el 9 y el 12 de septiembre, con la participación de exmiembros de los frentes 2, 3, 7, 13, 14, 15, 17, 31, 32, 48 y 61 (Timanco), además de las compañías móviles Uriel Varela, Arturo Medina y Jacinto Matallana. Entre los comparecientes estuvieron figuras como Darío Lee Díaz (‘Robledo’ o ‘Boyaco’), Floresmiro Burbano (‘Martín Corena’) y Ángel Alberto García (‘Hernán Benítez’), todos con trayectoria en la dirección del Bloque Sur.
Crímenes en el Huila
En el desarrollo de las diligencias, varios excombatientes reconocieron su responsabilidad en hechos ocurridos en el departamento. Uno de los más dolorosos fue el homicidio de siete menores de edad, el 12 de noviembre de 1990, cuando una camioneta de la Policía que los transportaba desde Neiva hacia Algeciras para una competencia deportiva fue alcanzada por un explosivo instalado por el Frente 2 de las Farc-EP. El atentado dejó también dos heridos.
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Los exintegrantes también rindieron versión sobre la toma de la Estación de Policía en Palestina, en febrero de 2001, que dejó un civil y un policía muertos, además de seis heridos. De igual manera, reconocieron su participación en el ataque contra la estación de Policía del corregimiento de San Adolfo, en Acevedo, perpetrado el 2 de septiembre de 2001. En ese hecho murieron cuatro uniformados, un civil resultó herido y la acción armada destruyó viviendas, comercios, vehículos y dejó a la comunidad sin energía ni comunicaciones.
El papel de las víctimas
Las diligencias se adelantaron bajo reserva para proteger a las 76 víctimas acreditadas en el proceso, quienes pudieron escuchar en tiempo real y formular preguntas a través de sus representantes judiciales. La magistratura recalcó que se espera de los comparecientes un aporte pleno y detallado a la verdad, que permita esclarecer responsabilidades individuales y colectivas.
Lo que sigue
La información entregada será trasladada a las víctimas para que presenten observaciones frente a lo declarado. Posteriormente, la Sala de Reconocimiento contrastará estas versiones con informes de sociedad civil, investigaciones de la Fiscalía y otras fuentes, en el marco del Caso 10 de la JEP, que aborda los crímenes más graves y no amnistiables cometidos por las Farc-EP.
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