Dignidad Agropecuaria denunció ante la Superintendencia de Industria y Comercio que grandes empresas arroceras estarían usando el “paddy seco” para evadir la Resolución 241 de 2025, reduciendo el pago a los agricultores y poniendo en riesgo miles de empleos y nuestra soberanía alimentaria.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez
Dignidad agropecuaria gremio que agrupa a productores nacionales presentó formalmente una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio denunciando prácticas de un grupo de empresas del sector arrocero que según la organización buscan aludir la Resolución 241 del 2025 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la cual fijó precios mínimos de compra para el arroz paddy verde.
“La situación que estamos viviendo el sector arrocero en el país y especialmente en el Huila es la preocupación en el tema de la industria donde realmente no se acoge y no se ha podido lograr tener un diálogo y un acuerdo con los industriales para que paguen a precio de Resolución, que ese precio de resolución no es que nos vamos a enriquecer ni nos vamos a empobrecer, es para sacar los costos de producción”, indicó Martín Vargas Chacón, líder de Dignidad Arrocera por el Huila.
De acuerdo con la queja, la denominada industria, conformada por grandes molineras y comercializadoras que concentran buena parte del mercado, habría optado una nueva modalidad de compra denominada ‘arroz paddy seco’.
“Es tan así la posición dominante de la industria que está llamando a agricultor por agricultor y hacerle firmar un contrato de secamiento y de limpieza en los cuales nosotros no estamos en estos momentos preparados para ese cambio que propone la industria de comprar arroz paddy verde a comprar hoy en día arroz paddy seco”, expresó el arrocero.
Este cambio, afirman los productores, no solo desconoce el espíritu y la finalidad de la regulación, sino que traslada costos adicionales de secado y transporte a los agricultores, reduciendo en la practica el valor que reciben por su cosecha y poniendo en riesgo su sostenibilidad económica.
“Nosotros no estamos preparados para eso y más donde la industria se va a gastar 60 días para hacer este proceso y hasta en 60 días no nos los comienza a pagar. O sea, es una total arbitrariedad lo que está haciendo los industriales y desconociendo al campesino, al productor primario que somos nosotros el eslabón más débil”, dio a conocer el líder de Dignidad Arrocera por el Huila.
“Es una estrategia subrepticia para hacerle el quite a la regulación de precios, que fue diseñada para proteger al productor nacional y salvaguardar la soberanía alimentaria”, señaló Dignidad Agropecuaria Nacional.
La organización también advirtió que la coyuntura es urgente: la cosecha actual está lista para la venta y cada día que pasa sin que se pague el precio regulado incrementa los costos de almacenamiento y deteriora el producto. La queja destaca que, de mantenerse esas maniobras, miles de empleos y la autosuficiencia arrocera del país estarían en riesgo.
“Y es tanto así donde nos van a cobrar o nos cobra a los agricultores que ya han entregado un proceso de almacenamiento que son 36 000 pesos por tonelada y el secamiento nos cobra 120 pesos por kilo, esto nos lleva a una práctica muy diferente a la que venimos trabajando”, sostuvo Vargas.
Un llamado al diálogo
En ese sentido, el arrocero hace un llamado a la industria a dialogar entre todos y buscar soluciones que los beneficie a todos, teniendo en cuenta que los precios que hoy ofrece la industria sigue manejando precios a pérdidas para los arroceros.
“Hacerle un llamado a la industria a que nos sentemos a negociar, que nos sentemos a mirar con el gobierno, con nosotros los arroceros de que representamos a Dignidad Arrocera, porque realmente hablo como líder del sector arrocero del Huila y es el sentir de los agricultores de todo el país y es donde miremos y busquemos una salida concertada, una salida que realmente la industria debe comprar la cosecha a precio de Resolución y no ponernos a perder plata, como nos está poniendo a perder la plata que estamos perdiendo ya cuánto hace con este bajón de precio que está haciendo desde junio que estaba 185 000 pesos y la industria nos los baja el primero de julio a 170 esto es un precio irrisorio y todavía nos propone que nos va a pagar a menos precio de 160 la carga de arroz paddy verde”, reveló el arrocero del Huila.
Los arroceros expresan que así no pueden seguir trabajando, llevan muchos meses trabajando a perdidas, hay ocasiones que no sacan ni lo de la producción, por eso, insisten en que se pongan en los zapatos de ellos y les ayuden.
“Es muy difícil trabajar así, nos lleva es a desaparecer y aquí le pedimos una nueva mediación al Gobierno Nacional a industriales y que nos sentemos a trabajar para que haya una paz, una tranquilidad del sector arrocero y que todos entremos a ganar, que gane nosotros los agricultores que somos la labor más débil, que gane la industria y que gane el almacén de cadena y lo más importante, el consumidor final que pague un arroz blanco, un arroba, 1 libra, 1 kg acorde a los costos de producción”, manifestó Martín Vargas.
Finalmente, añadió que: “Eso es lo que estamos exigiendo, nos estamos exigiendo más que no nos pongan a perder más plata como estamos perdiendo estos 40 años y que la industria acepte y que realmente mire que esta posición dominante que tiene en estos momentos es el momento de que todos seamos buenos actores y todos entremos a ganar”.
Sobreoferta sin precedentes
Según la industria, esta medida, adoptada como parte de la negociación entre el Ministerio y los líderes del paro arrocero, fue expedida sin tener en cuenta el origen real de la problemática del mercado y sin acoger los principales comentarios técnicos presentados a través de los canales institucionales.
La industria arrocera es un motor de desarrollo en varias regiones del país donde genera más de 8.000 empleos formales en zonas rurales y recibe la totalidad de la cosecha nacional (3,5 millones de toneladas de paddy verde al año) buscando que ningún agricultor pierda su producto.
El origen de la coyuntura actual es claro: En 2024, Colombia sembró un récord histórico de 631.000 hectáreas en arroz, generando la mayor cosecha de su historia en un contexto de sobreoferta global que ha reducido los precios internacionales del arroz en cerca de un 30%.
A pesar de las señales y los llamados a racionalizar las siembras desde finales de 2024, la superficie cultivada aumentó, especialmente en Casanare, donde se alcanzó un nuevo récord de 216.000 hectáreas sólo en el primer semestre del 2025. Esto hizo que, para el 2025, el país llegara a la cosecha con inventarios 92% superiores a los de 2024, y muy por encima de lo recomendado en el Plan de Ordenamiento Productivo de la UPRA.
La Resolución del gobierno
Hace una semana, el Gobierno nacional expidió la Resolución 0241 de 2025 mediante la cual se somete el arroz paddy verde al régimen de libertad regulada de precios, luego del concepto favorable que emitió la Superintendencia de Industria y Comercio tras considerar que el acto administrativo “cumple con finalidades constitucionales relacionadas con la protección especial del campesinado, la garantía de la soberanía y seguridad alimentaria, y la promoción del desarrollo rural integral como manifestación del interés general”.
Este es uno de los compromisos que quedó pactado en la mesa de negociación el pasado 24 de julio, luego de que durante 10 días los arroceros de todo el país realizaran un paro exigiendo mejores condiciones y precios para su venta y producción.
De acuerdo con la Resolución, quedan establecidos los siguientes precios por tonelada de arroz paddy verde, según cada zona de producción: Bajo Cauca $1.491.478; Centro, $1.589.489; Costa norte, $1.512.785; Llanos, $1.457.387, y Santanderes $1.555.398.
La resolución establece, además, que “todo comprador deberá reportar semanalmente en la plataforma Siriarroz los precios pagados por arroz paddy verde, las toneladas compradas, el municipio de compra, el molino, planta o agencia, y la forma, plazo, condiciones de pago y financiamiento”.
El incumplimiento de estas disposiciones será puesto en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio para lo de su competencia, agrega la disposición.
“Este acto administrativo, cuya naturaleza es excepcional y transitoria, será objeto de monitoreo permanente por parte de este Ministerio, y estará acompañado de la puesta en marcha de un régimen de libertad regulada de precios para el arroz blanco, un plan de choque para el control de contrabando con participación de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), y otras medidas de competencia del Ministerio de Comercio”, sostuvo la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino.
Por su parte, Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo, dijo que “hemos asumido el compromiso de evaluar la viabilidad de medidas concretas para promover la estabilidad del sector arrocero y garantizar la efectividad de la regulación de precios. Haremos el análisis de instrumentos de defensa comercial y la implementación de mecanismos de control aduanero para combatir prácticas ilegales que pueden generar el ingreso de arroz a precios artificialmente bajos”, señaló la funcionaria.
De acuerdo con los dos ministerios, esta estrategia integral “es una demostración del compromiso que tiene el Gobierno del presidente Gustavo Petro con las y los productores de arroz, la sostenibilidad de la cadena y la consolidación de la soberanía y la seguridad alimentaria”.
El comunicado señala que “el Gobierno nacional reitera la invitación a todos los actores inmersos en el proceso productivo, de transformación y comercialización del arroz, para avanzar en la consecución de un acuerdo de cadena que recupere prontamente la estabilidad del sector y garantice su competitividad y sostenibilidad”.
La denuncia solicita a la SIC
- Verificar el cumplimiento efectivo de la Resolución 241 de 2025
- Investigar y sancionar a las empresas que implementen prácticas que desvirtúen la regulación
- Evitar acuerdos o prácticas coordinadas que restrinjan la competencia y perjudiquen a los productores
- Actuar en coordinación con el Ministerio de Agricultura para evitar prácticas elusivas y violación de la regulación de precios mínimos que impiden la quiebra de los arroceros
