La situación en el departamento del Huila continúa siendo sumamente preocupante, especialmente en torno a las obras públicas mal ejecutadas y las consultorías deficientes que afectan directamente a las comunidades. Y un ejemplo de esto son los centros poblados de Quituro y Maito enfrentan serias dificultades debido a la falta de planificación, ejecución y seguimiento adecuado en proyectos viales.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
POR: ALEJANDRO POLANCO
El pasado 19 de diciembre, se llevó a cabo un debate de control político en la Duma Departamental donde se discutió ampliamente sobre el contrato de obra 143 de 2022, que corresponde a la construcción del puente La Palma. Este proyecto tiene como objetivo principal mejorar la circulación vehicular en los municipios de Elías, Maito, Quituro y El Vergel de Tarqui, integrándose como parte fundamental de la Ruta 45. Sin embargo, a lo largo de su desarrollo, ha enfrentado múltiples desafíos que han puesto en evidencia la falta de eficiencia en su ejecución.
Este escenario ha generado un impacto negativo en la movilidad y calidad de vida de miles de habitantes, no solo en Elías, sino también en Tarqui, Oporapa y otros municipios cercanos, que dependen de estas vías como su principal medio de conexión para el desarrollo económico y social. La ineficiencia en la ejecución de estas obras, sumada a una deficiente gestión de los recursos públicos, ha generado una brecha que sigue ampliándose, dificultando el progreso esperado para estas regiones.
Consecuencias de la mala ejecución
La mala ejecución de obras como el puente La Palma ha generado múltiples consecuencias negativas para la comunidad. En primer lugar, la seguridad de los usuarios se ha visto gravemente comprometida, lo que ha llevado a situaciones de riesgo constantes en un sector tan transitado como Tarqui. Además, el uso de rutas alternativas ha obligado a los ciudadanos a emplear más tiempo y recursos en sus desplazamientos diarios, afectando así la calidad de vida. Los agricultores, comerciantes y estudiantes enfrentan dificultades significativas para movilizarse hacia sus lugares de trabajo, estudio o distribución de productos, lo que a su vez reduce la eficiencia económica y productiva del municipio.
Armando Acuña, diputado del departamento del Huila en dialogo con el Diario del Huila manifestó que esta problemática se agrava en zonas rurales donde la infraestructura no responde a las necesidades básicas. “En estos sectores, la falta de caminos adecuados o la inestabilidad de los puentes compromete directamente la economía local, afectando especialmente a los pequeños productores que dependen de la conexión con los mercados locales y regionales”, señalo.
También en su intervención durante el debate, Acuña expresó su profundo descontento y preocupación por la falta de transparencia y responsabilidad en la gestión del proyecto. “Esta obra ha sido un auténtico calvario para la comunidad. Después de tantos años y millones de pesos gastados, seguimos viendo ajustes, errores y obras que no avanzan como se esperaba”, indicó el diputado. Además, resaltó la necesidad de exigir respuestas claras y firmes a los responsables de estos errores, para evitar el desperdicio de recursos públicos en obras que no cumplen con sus objetivos. La ciudadanía, según el diputado, ha agotado todos los canales para exigir soluciones rápidas y eficientes, pero hasta la fecha no se han reflejado resultados concretos.
En respuesta a las críticas del diputado y las inquietudes de la comunidad, el secretario de Gobierno y Asuntos Comunitarios del Huila, Juan Carlos Casallas Rivas, defendió la gestión realizada asegurando que su enfoque está enfocado en garantizar la culminación de la obra bajo un estricto cumplimiento legal y técnico. “El papel de la Secretaría es revisar detalladamente los informes y estudios presentados por la CAM, asegurándonos de que todas las etapas se ajusten a la normativa vigente”, afirmó Casallas. No obstante, la comunidad permanece escéptica sobre la efectividad de este enfoque, dado que los avances reales siguen siendo insuficientes.
Fiscalización y responsabilidad estatal
Una de las principales críticas que ha surgido es la insuficiencia en la fiscalización y supervisión de las obras públicas en el Huila. Según Armando Acuña, las entidades responsables han fallado en garantizar que las contrataciones sean efectivas y que las empresas ejecuten los proyectos conforme a las especificaciones técnicas establecidas. La falta de seguimiento riguroso ha permitido que se realicen obras deficientes, cuyas consecuencias recaen directamente sobre la comunidad. Además, la falta de mecanismos transparentes de denuncia y seguimiento ha dado pie a una creciente desconfianza en las autoridades públicas encargadas de gestionar estas infraestructuras.
Acuña ha sido enfático en su llamado a la acción para que se revisen y mejoren los procesos actuales de ejecución de obras. Entre sus propuestas más destacadas se encuentran la creación de comités ciudadanos, integrados por técnicos, habitantes del sector y especialistas en ingeniería, que participen activamente en la supervisión y evaluación de los proyectos desde su inicio. Esto permitiría una mayor proximidad con la comunidad y una mejor identificación de problemas antes de que se conviertan en riesgos reales.
Además, el diputado ha solicitado la realización de auditorías periódicas e independientes, que aseguren la calidad y la seguridad de las infraestructuras, reduciendo así los riesgos asociados a proyectos mal ejecutados. También ha enfatizado la necesidad de revisar las contrataciones y hacer uso de tecnologías que permitan monitorear de manera constante el estado de las obras, para evitar en el futuro problemas similares al del puente La Palma.
Transformación en la gestión pública
La transformación del modelo actual en la gestión pública es esencial para mejorar la calidad de las obras en el Huila. Armando Acuña ha resaltado que las obras no deben ser vistas únicamente como proyectos ejecutados en un corto plazo, sino como inversiones a largo plazo que deben responder a las verdaderas necesidades de la comunidad. «No se trata solo de gastar dinero en obras, sino de hacerlo de manera eficiente y sostenible», enfatiza Acuña.
En este sentido, se hace urgente la incorporación de tecnologías más avanzadas en el diseño y ejecución de proyectos, así como una mayor participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. La responsabilidad de las entidades públicas debe ser transparente y alineada con los intereses del bienestar colectivo, buscando soluciones reales y sostenibles para el desarrollo del departamento.
Mientras tanto, la comunidad continúa exigiendo respuestas claras y efectivas, especialmente en proyectos de gran impacto como el puente La Palma, donde cada día de retraso en las soluciones pone en riesgo la seguridad y calidad de vida de miles de ciudadanos.
