En un nuevo capítulo del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la juez tercera penal municipal con función de control de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones.
Ortiz es la primera mujer judicializada en este caso, acusada de participar en un esquema de desfalco que involucra a altos funcionarios y políticos.
La Fiscalía General de la Nación imputó a Ortiz los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Según el despacho judicial, las pruebas presentadas generan una inferencia razonable sobre su participación en los hechos investigados.
Evidencias que sustentan la decisión
La medida fue respaldada por un robusto material probatorio, entre el cual destacan:
Testimonios y declaraciones: Escoltas de la exconsejera y de otros implicados.
Elementos digitales: Chats y videos que corroboran los movimientos relacionados con el caso.
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Pruebas físicas: Una libreta de apuntes con detalles de las transacciones.
Georreferenciación: Datos que ubican a Ortiz en lugares clave durante los hechos investigados.
Según la Fiscalía, Sandra Ortiz habría transportado en una camioneta oficial asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) una maleta que contenía 3.000 millones de pesos. Este dinero fue entregado al expresidente del Senado, Iván Name, en su residencia cercana al centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá.
El desfalco en la UNGRD ha implicado hasta ahora a siete personas, entre ellas Sneyder Pinilla, Olmedo López, Luis Eduardo López (‘El Pastuso’), Luis Carlos Barreto Gantiva, Pedro Rodríguez Melo y Édgar Riveros Rey. La Fiscalía sostiene que Ortiz desempeñó un rol clave en el esquema de corrupción, siendo intermediaria en la entrega de millonarias sumas de dinero.
La medida impuesta a Sandra Ortiz implica que sea trasladada al centro penitenciario El Buen Pastor, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial.
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