Por: Juanita Tovar Sandino
La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi, no solo reveló los detalles de un plan criminal que buscaba asesinar a Miguel Uribe Turbay, sino que expuso con contundencia el funcionamiento de una estructura delictiva tan organizada como temeraria. La intervención de la fiscal del caso fue, sin exagerar, una lección de argumentación judicial: cronológica, sustentada en evidencia técnica y respaldada por testimonios clave que revelan la jerarquía, los roles y la frialdad con que operó esta célula maligna.
La Fiscalía no titubeó en sostener la imputación por tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, aunque no descartó una futura ampliación por terrorismo político. Casi con precisión quirúrgica, la fiscal fue reconstruyendo la escena criminal a partir de videos de seguridad, transacciones bancarias, testimonios y reconocimientos fotográficos. El relato dejó en claro que alias El Costeño no solo fue el cerebro del atentado, sino quien diseñó cada movimiento, reclutó al menor de edad que ejecutaría el disparo y manipuló a sus cómplices con promesas de impunidad.
Carlos Mora, el conductor del vehículo Spark con placas JPF 026, se convirtió en pieza clave para desenredar el entramado. Su entrega voluntaria a las autoridades permitió identificar a El Costeño como el hombre que lo contrató para movilizar al menor sicario, realizar labores de inteligencia el día previo y fungir como vehículo de escape. Mora confesó que fue testigo directo de cómo El Costeño recibió un arma de fuego de una mujer —luego identificada como Catherine—, la adecuó y se la entregó al menor minutos antes del atentado frustrado.
Catherine, por su parte, no fue solo la transportadora del arma. En su testimonio, reveló que tuvo múltiples reuniones previas con El Costeño, que había transportado armas en otras ocasiones y que, según él, era indispensable que el autor del crimen fuera un menor de entre 14 y 15 años, para que fuera juzgado como adolescente y no como adulto. Una afirmación tan cínica como reveladora de la frialdad estratégica con la que se pensó este crimen.
La Fiscalía detalló también cómo una simple transacción en Nequi fue el hilo que desató la madeja. Un pago realizado por El Costeño para una compra en una tienda del barrio El Golfito, capturado por la vendedora, permitió identificar al autor del hecho. Esa misma cuenta de Nequi fue usada para pagar al motociclista que transportó al sicario desde su casa hasta el barrio Modelia. Cada uno de esos movimientos quedó grabado en más de 200 videos y respaldado en bases de datos.
En la audiencia a la cual tuve acceso, pude ver cómo la fiscal del caso contó no solo la coordinación entre los implicados, sino el uso sistemático de menores para “blindarse jurídicamente”, o la manipulación de la narrativa dentro del carro, cuando alias Costeño le dice al sicario: “tranquilo, ya tenemos contactada a la Policía”, como para darle tranquilidad al menor y, finalmente, la huida estratégica al barrio Santa Fe, donde El Costeño y su hermano William Fernando destruyeron el celular y lo vendieron para borrar rastros.
Todo esto quedó registrado. Con más de 200 videos, transacciones bancarias, entrevistas, reconocimientos y testimonios cruzados, la Fiscalía no solo construyó una narrativa robusta, sino que dejó en evidencia un patrón criminal que trasciende este hecho puntual. Este caso debe ser visto como una advertencia. No solo por la gravedad del delito que se intentó cometer —un crimen político en plena capital del país y a plena luz del día—, sino porque los implicados operaban con una estructura profesional y con la conciencia plena de cómo evitar la acción de la justicia. Que usaran a un menor como sicario no fue azar: fue un frío y despiadado cálculo.
La fiscal del caso también reveló durante la audiencia que Carlos Mora (el conductor del carro Spark) y Catherine (la mujer que transportó el arma) pidieron protección especial para ellos y sus familias, argumentando que esa banda es sumamente peligrosa. Eso, sumado a la alerta emitida por el CTI sobre posibles retaliaciones contra los testigos, evidencia que esta estructura sigue activa, peligrosa y con poder real.
El reto, entonces, no es solo procesar a alias El Costeño y a sus cómplices, sino desmantelar toda la red que permitió que un atentado como este estuviera a segundos de consumarse. Pero lo más importante es descubrir quiénes son las otras cinco personas que hacen parte de esta red criminal, porque hasta el momento solo cinco han sido procesadas.
