Desde el 22 de marzo de 2025, entró en vigencia un nuevo incremento en los precios de la gasolina y el diésel en Colombia. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) oficializó la medida, estableciendo un aumento de 74 pesos por galón en la gasolina y 75 pesos en el diésel, afectando los costos de combustible en las principales ciudades del país.
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El Gobierno argumenta que esta alza es parte de un ajuste gradual en los subsidios a los combustibles, con el fin de reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) y equilibrar el mercado energético. Sin embargo, la medida se toma en un contexto de alta inflación y encarecimiento del costo de vida, lo que ha generado preocupación en distintos sectores.
Los gremios del transporte han manifestado su inquietud, ya que el incremento eleva sus costos operativos, afectando la rentabilidad del sector y generando posibles aumentos en las tarifas del transporte público y privado. A su vez, analistas advierten que este ajuste podría repercutir en el precio final de los productos y servicios, intensificando la presión inflacionaria sobre la economía.
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Mientras el Gobierno defiende la medida como un paso necesario para la sostenibilidad fiscal, el impacto en el poder adquisitivo de los ciudadanos podría derivar en protestas y exigencias de alivios económicos. La expectativa ahora se centra en la evolución del mercado energético y en las acciones que las autoridades puedan tomar para mitigar sus efectos en la población.
