El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció una nueva medida que cambiará el proceso de ingreso y salida del país para todos los extranjeros. A partir del 26 de diciembre de 2025, quienes entren o salgan del territorio estadounidense por aire, tierra o mar deberán tomarse una fotografía y registrar datos biométricos, como huellas digitales y rasgos faciales.
La decisión, publicada en el Registro Federal, hace parte de la creación de un sistema biométrico integrado de entrada y salida, cuyo objetivo —según el DHS— es fortalecer la seguridad nacional y prevenir delitos transnacionales.
“Implementar este sistema ayudará a abordar las preocupaciones de seguridad nacional”, señaló la agencia, que explicó que los datos recolectados se utilizarán para comparar la información de quienes ingresan con la de quienes abandonan el país, lo que permitirá detectar casos de fraude documental, terrorismo o sobreestadía de visas.
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La norma se aplicará a todos los no ciudadanos, incluidos titulares de visa, trabajadores temporales, residentes legales, turistas, menores de edad y adultos mayores. El DHS indicó que el registro permitirá confirmar de manera más precisa la identidad de los extranjeros que buscan admisión o salida del país.
Reacciones y advertencias legales
Expertos en derecho migratorio califican la medida como un cambio profundo en la política fronteriza estadounidense, al establecer un nivel de vigilancia más amplio sobre los viajeros.
La abogada Kate Lincoln-Goldfinch, especialista en migración y derechos civiles, advirtió que esta política “marca un nuevo paradigma de vigilancia” y que debe ir acompañada de garantías claras sobre el manejo de la información personal.
“Las familias deben saber qué pasará con sus datos, cuánto tiempo se conservarán y cómo podrán aclarar errores. Cuando se recolectan datos biométricos tanto en la entrada como en la salida, se necesita supervisión jurídica activa”, afirmó.
Lincoln-Goldfinch también pidió que el Gobierno estadounidense asegure avisos transparentes, límites constitucionales y mínima interferencia con los viajes legales, recordando que la medida afectará por igual a todos los no ciudadanos sin distinción de estatus migratorio.
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