La condena a 27 años y tres meses de cárcel impuesta por la Corte Suprema de Brasil al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado ha generado un fuerte choque diplomático. El Gobierno de Estados Unidos calificó el fallo de “injusto” y advirtió que responderá, mientras que el Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que no se dejará intimidar.
El secretario de Estado, Marco Rubio, se pronunció: “Continúa la persecución política liderada por Alexandre de Moraes, sancionado por violar los derechos humanos, luego de que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil decidieron injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro”. Añadió que “Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas”, aunque no precisó qué medidas adoptará Washington.
Previamente, el presidente estadounidense Donald Trump expresó su sorpresa por la sentencia y defendió a Bolsonaro, a quien calificó como “un buen hombre”. “Es muy sorprendente que esto pueda suceder. Realmente se parece a lo que intentaron hacer conmigo”, declaró en alusión a los procesos judiciales que él mismo enfrentó antes de regresar a la Casa Blanca.
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La tensión bilateral ya venía en aumento. Semanas atrás, Trump impuso un arancel del 50 % sobre la mayoría de productos brasileños exportados a Estados Unidos en represalia por el proceso judicial contra Bolsonaro. Además, Washington sancionó al juez Alexandre de Moraes, instructor del caso, y le prohibió la entrada a territorio estadounidense, acusándolo de encabezar una “caza de brujas”.
El Gobierno de Brasil respondió de inmediato a las declaraciones de Rubio. En un comunicado, la Cancillería señaló: “Amenazas como la realizada hoy por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una declaración que ataca la autoridad brasileña e ignora los hechos y las pruebas contundentes que constan en el expediente, no intimidarán a nuestra democracia”. El Ministerio de Exteriores subrayó además que el proceso judicial se adelantó “con la independencia que le asegura la Constitución de 1988” y garantizando a los acusados “amplio derecho de defensa”.
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