Como lo veníamos afirmando desde esta casa editorial, estaba cantado el hundimiento del Proyecto de Ley de Financiamiento, por parte de la Comisión Económica del Senado de la República, que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para equilibrar el presupuesto para la próxima vigencia. No hubo ambiente político, a pesar del desespero del gobierno nacional para reversar dicha tendencia, ofreciendo jugosos contratos, nombramientos burocráticos, inclusive ministerios y embajadas y toda clase de dádivas a los congresistas de esta Corporación. Por 9 votos negativos y cuatro votos afirmativos, quedó sepultada dicha iniciativa, quedando archivado el proyecto. A ello se suma el aumento del hueco fiscal a 56 billones de pesos que presentan las transferencias del país, para terminar la presente vigencia. Es otra derrota legislativa que coloca en serios aprietos al funcionamiento del Estado. Así el gobierno nacional, se vería restringido para seguir aumentando el gasto público, sin tener en cuenta que los recaudos tributarios, también presentan una disminución significativa, para cumplir con las metas que ha tenido la Dian. La situación es muy preocupante para las familias colombianas, que van a ver restringidos los programas de inversión, que les había prometido el ejecutivo.
Igualmente, algunas iniciativas que venían funcionando como la renta joven, subsidios a los sectores poblacionales de menores ingresos y a los servicios públicos para los estratos 1,2 y 3, el pago a las organizaciones criminales para no maten, financiamientos de los viajes presidenciales acompañados de amplias frondas burocráticas y demás apoyos a las mingas indígenas y organizaciones sociales para sus desplazamientos con el fin de que le aplaudan los discursos incendiarios del presidente Gustavo Petro Urrego. Inclusive van a tener muy restringida la chequera oficial para adelantar la campaña política que se encuentra en pleno furor y que buscan el triunfo de sus candidatos de la izquierda. Así con este panorama financiero critico que presentan las finanzas publicas nacionales, el gobierno nacional, ha anunciado que va a través de un Decretazo, impulsar una emergencia económica, para modificar la estructura tributaria del país, así sea inconstitucional lo va a realizar, mientras el Consejo de Estado la suspende y la rechaza, porque no es el camino expedito para crear impuestos. Además, el país no presenta situaciones de facto, que la justifique para tal fin.
Con esta estrategia el Ministerio de Hacienda busca impulsar una nueva reforma tributaria, sin interesarle la situación económica critica que están presentando los agentes económicos del país. La actual coyuntura macroeconómica no recomienda que se utilice esta figura, lo cual obligaría peligrosamente aumentar la deuda pública y por ende, a pauperizar más a las familias colombianas, quienes se encuentran desesperadas porque la alta carga tributaria, les impiden satisfacer sus mínimos vitales, para sobrevivir en este ambiente de incertidumbre económica, social y política, en que se encuentra sumida la sociedad colombiana.
