El huilense Arley Perdomo Córdoba fue destituido como gerente de dos bienes incautados en Betania, en medio de una denuncia anónima que involucra supuestos pagos para mantenerse en el cargo. Las piscícolas habían sido entregadas a asociaciones locales por el propio presidente Petro.
DIARIO DEL HUILA, INVESTIGACIÓN
La designación del huilense Arley Perdomo Córdoba como gerente de dos empresas piscícolas incautadas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en el municipio de Betania, Huila, tomó un giro inesperado. Con el voto decisivo de la presidenta de la entidad, Amelia Pérez, Perdomo fue removido del cargo en medio de una tormenta de denuncias sobre presuntos pagos ilegales para conservar su posición. El caso ha generado conmoción en el departamento y pone en entredicho una de las banderas del gobierno nacional: la redistribución de bienes incautados al narcotráfico para el beneficio de comunidades vulnerables.
Los bienes de la mafia que llegaron a Betania
Los predios en cuestión, administrados por la Piscícola Acuapezca Ltda. y la Empresa Asociativa de Trabajo Pesquero Ematpeya, fueron incautados a presuntos testaferros vinculados a los llamados ‘sayayines’ del Bronx de Bogotá. En abril de 2024, el presidente Gustavo Petro anunció su entrega simbólica a asociaciones locales de pescadores, en un acto que buscaba materializar la justicia social desde los territorios.
«En el Huila, una empresa piscícola que fue incautada al narcotráfico pasa a manos de una organización de emprendedores campesinos de la región», expresó en ese entonces el entonces presidente de la SAE y hoy ministro de Educación, Daniel Rojas, quien viajó a la zona y compartió el acontecimiento en redes sociales.
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La medida fue celebrada por las comunidades rurales como un acto de reparación y restitución. Sin embargo, a menos de un año, el sueño de empoderamiento regional se ve empañado por un posible caso de corrupción que ha puesto el foco nuevamente sobre el manejo de los activos incautados.
La denuncia anónima que destapó el escándalo
El 7 de marzo de este año, la SAE recibió un anónimo en el que se mencionaban presuntas irregularidades en la designación y permanencia de Perdomo Córdoba como gerente de las dos empresas. Según el documento, Perdomo habría accedido al cargo gracias a una postulación mediada por Freddy Murcia y con el respaldo del entonces vicepresidente de Sociedades de la SAE, Sebastián Caballero.
La denuncia también señala que Perdomo habría sido presionado para entregar pagos en efectivo y por transferencia para conservar su puesto. Dichos pagos, según el escrito, habrían sido dirigidos a Murcia y a la pareja sentimental de Caballero. Algunos comprobantes fueron anexados y presentados por un abogado externo ante la Fiscalía, lo cual dio pie a un proceso disciplinario en contra de Perdomo dentro de la SAE.
Vínculos con altos funcionarios
El escándalo ha salpicado directamente al actual ministro de Educación, Daniel Rojas. Según documentos obtenidos por EL TIEMPO, fue él quien designó a Caballero como representante de la SAE ante la junta de socios de las piscícolas. Y fue Caballero quien nombró directamente a Perdomo Córdoba como gerente.
Caballero, hoy director del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), entidad clave en la administración de recursos del decreto de conmoción interior en Catatumbo, ha sido señalado por su cercanía con Rojas, lo que plantea serios interrogantes sobre el tráfico de influencias y la opacidad en los procesos de selección dentro de la SAE.
A la presión mediática se suma el hecho de que el abogado defensor de Caballero, Miguel Ángel del Río Malo, fue contratado por la misma SAE en mayo de 2024 por un valor de 428 millones de pesos para brindar asesoría jurídica. Aunque Del Río asegura que no hay impedimento alguno, su doble rol ha generado controversia y sospechas de conflicto de intereses.
Silencios y defensas públicas
Contactado por EL TIEMPO, Arley Perdomo Córdoba negó inicialmente tener conocimiento sobre la denuncia en su contra, y prometió acudir a la Fiscalía. No volvió a responder llamadas del medio tras su diligencia.
Por su parte, el abogado del Río declaró: “Esto nace de un anónimo donde se menciona a alguien llamado ‘Sebas’. No hay pruebas de que sea mi defendido. Esta es una persecución”. También aseguró que su contrato con la SAE no representa conflicto alguno, pues “no existe un proceso contra la SAE, ni la denuncia está dirigida contra Caballero”.
Caballero, a su vez, se pronunció en redes sociales afirmando: “Quienes entregamos nuestra vida al servicio público estamos expuestos a montajes. Mi familia y yo hemos sido víctimas de seguimientos ilegales. Tengo las manos limpias y puedo hablarle al pueblo con la cara en alto”.
El ministro Rojas prefirió no hacer declaraciones al respecto, señalando que hay intereses políticos detrás de los señalamientos en su contra.
Un proceso que mancha una promesa de cambio
Lo que comenzó como una apuesta por el empoderamiento regional en el Huila ha terminado convertido en un caso emblemático de cómo la politiquería y los vicios de siempre pueden empañar incluso los programas más nobles. Las piscícolas entregadas con bombos y platillos a los pescadores del sur del Huila hoy están en medio de una tormenta institucional que amenaza con revertir los logros conseguidos.
En el Huila, donde los ríos y embalses nutren la economía y la vida de miles de familias, el sector piscícola representa una esperanza de desarrollo y autonomía para las comunidades rurales. La apropiación de estos activos por parte de asociaciones campesinas locales fue vista como un paso valiente del Estado para revertir años de abandono institucional. Sin embargo, la falta de transparencia, las presuntas redes clientelistas y las disputas por el poder han vuelto a minar la confianza en las entidades responsables.
La SAE deberá responder no solo ante la justicia, sino ante las comunidades del Huila que vieron en este programa una posibilidad real de transformación. El caso de Arley Perdomo Córdoba debe ser investigado a fondo, y las responsabilidades políticas y administrativas, asumidas con contundencia. Solo así podrá reconstruirse la credibilidad de los programas de redistribución de bienes incautados y garantizar que los activos del crimen no terminen convertidos en botín burocrático.
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