El personero y una líder social y agraria del municipio de Baraya hablan con Diario del Huila sobre los conflictos en la entrega de tierras en esta localidad. Ambos coindicen que por la forma en la que se ha manejado el proceso, en el territorio se ha generado un gran conflicto social. Primera entrega.
Por: Francy Villarreal Ruiz.
En el municipio de Baraya, Huila, se vive un creciente conflicto social originado por la forma en que la Agencia Nacional de Tierras -ANT está llevando a cabo la entrega de predios.
Diario del Huila en un trabajo de equilibrio de la información, y profundidad de la noticia, escuchó tanto al personero de Baraya; Cristian Javier Andrade Soriano, y la líder agraria Sileny Jiménez de la organización Arco Paz, quienes coinciden en señalar que las acciones de la ANT han generado malestar, irregularidades, y un conflicto social que es creciente en esta zona del Huila.
Por su parte, el personero de Baraya; Andrade Soriano atribuye la situación directamente a las acciones de la Agencia, específicamente porque no socializa, concierta e informa a las comunidades campesinas, ni a las Juntas de Acción Comunal sobre lo que está pasando en el territorio.
“Básicamente la Agencia Nacional de Tierras no ha hecho un acompañamiento todas las comunidades campesinas que viven en el municipio, y que han solicitado entrega de tierras. Esto ha generado una inconformidad por parte de estas comunidades porque a pesar de que ellos dicen que tienen todos los requisitos y los documentos al día, y que ya han hecho todos los trámites ante la Agencia, pues no han dado no la agencia no les ha dado una respuesta”, expuso el personero.
También apuntó que existe un descontento porque la ANT ha traído comunidades campesinas de otros territorios y los ha puesto en el municipio, “Eso ha generado que las comunidades campesinas del propio municipio, pues vean que no las están teniendo en cuenta. Ese es uno de los de las conflictividades que se han dado”.
Conflicto entre comunidades
Otro de los aspectos que agudiza el panorama, según Andrade Soriano es el tema de los conflictos que se han desatado por parte de las comunidades entre sí; porque a algunas ya se les ha entregado tierra provisionalmente, lo que ha generado una oposición con quienes no se les ha permitido el acceso a tierras.
“La personería municipal ha hecho un acompañamiento a esos procesos y ha solicitado la presencia de la Agencia Nacional de Tierras para que se active el comité dentro de proceso que se realiza”, dijo el personero.
¿Persecución?
El vocero de la personaría se refirió frente a una reciente publicación realizada a través de redes sociales, donde solicita “conocer las motivaciones que tiene una Personería Municipal de Baraya, para usar sus redes sociales como tribuna de ataques y señalamientos sin ningún tipo de soporte técnico o jurídico., es un tema político, ha señalado en sus redes sociales qué responde, qué pronunciamiento hace usted como eh representante también de las comunidades”.
“Lo que hace la personería es un ejercicio de vigilancia, inspección y control a los procedimientos que hace la Agencia Nacional de Tierras en cuanto precisamente a la entrega de tierras, y cómo se y se está dando en debida forma y conforme al parámetro y lo que regula la ley en este aspecto”.
También dijo Andrade Soriano que, en titularidad de Personero, ha enviado una serie de Derechos de Petición a la Agencia Nacional de Tierras que no han sido contestados, donde se pide información sobre los predios que la Agencia Nacional de Tierras ha comprado o ha adquirido a los propietarios del municipio para ser entregados en los reclamos de tierras.
“La Agencia no ha dado respuesta a esos requerimientos y pues lógicamente pues pienso yo que eso genera inconformidad en Agencia de Tierras porque no sé los motivos por los cuales no pueden dar esa información”.
Además, indicó el personero, que el vocero de la ANT; Lester Garrido, está molesto porque la personería ejerce una función que constitucional ilegalmente la Ley 137/94 establece, “Precisamente le molesta que nosotros hagamos esa función preventiva de vigilancia y control a las entidades públicas que ejercen influencia en el territorio”.
El Personero envió un mensaje a la ANT para que resuelva de manera conjunta acciones y decisiones, que pueden desatar una “guerra” social en el municipio de Baraya, y otros territorios, teniendo en cuenta la polémica también que se vive en torno al paramo de Miraflores en el centro del Huila y los tres predios privados ocupados en el municipio de La Plata.
Respuestas a la comunidad
De acuerdo con Sileny Jiménez, miembro de la junta directiva de la organización Arco Paz, líder social y agraria en el departamento del Huila, y quien ha trabajado con diferentes organizaciones en el municipio de Baraya, en diálogo con este medio de comunicación, la respuesta de la ANT a las críticas ha sido que son una autoridad a nivel nacional con el tema de las tierras y no necesitan autorización ni avisarle a la alcaldía municipal de la entrega de predios.
Argumenta además que las rutas de acceso para firmantes de paz y comunidades étnicas no requieren la socialización, o las recomendaciones del comité de reforma agraria.
Sin embargo, Jiménez sostiene que todo acceso a la tierra, al involucrar recursos y bienes públicos bajo la figura de reforma agraria, debe pasar por el comité municipal.
“La dificultad que siempre se ha tratado como de tratar de dirimir es el hecho de que las entregas de los previos del municipio de Baraya no se socializan con el comité municipal de reforma agraria, que está legitimado dentro del Sistema Nacional de Reforma Agraria en la ley 160 de 1994. Entonces, ese desconocimiento ha deslegitimado, y no ha dado un orden y por lo tanto no se le puede hacer como un control social a cómo se ha venido implementando tanto la reforma agraria como la entrega de los previos, y es una de las funciones que nosotros tenemos”.
Enfatiza que también es fundamental la función de revisar si esos predios están en las condiciones agronómicas óptimas para el trabajo agrícola, previos a la entrega, además de aspectos ambientales como fue el caso de lo que está ocurriendo con las tierras en el Páramo de Miraflores. Además evalúa incluso a las personas de manera individual para ser beneficiaria.
“Todo ese ejercicio que se hace con el comité y ante el Huilla, con la coordinación del señor Lester Garrido, pues no lo ha querido activar en municipio de Baraya, y tenemos conocimiento de parte de diferentes organizaciones en diferentes municipios que esos comités también están inactivos, o sea, se conformaron como por un tema de requisitos para poder implementar la reforma agraria, pero no lo tiene trabajando. O sea, no tienen reglamento interno, no están sesionando, no están trabajando”, afirmó la líder.
Críticas a los beneficiados
De acuerdo con Jiménez, son dos años los que los pobladores llevan solicitando predios; sin embargo, hoy la ANT les entregan las tierras a personas externas del municipio, a personas que no están dentro del radar o del censo que hace el territorio, que hace la alcaldía municipal y se las entregan a otras personas y no a las víctimas, lo que genera hoy la controversia.
“El municipio de Baraya es un municipio Zomac, una zona afectada por el conflicto y tendría que haberse previsto pues como un ejercicio reparación a estas zonas. Entonces, ese tipo de cosas se ha ignorado completamente, y la ANT piensa que, porque es una autoridad nacional con el tema de las tierras, no se le puede hacer control social, no tiene que articular con las comunidades y pues en el sistema nacional de reforma agraria están esos entes como participación popular para determinar pues cómo va a afectar estos programas, esta implementación de esos programas públicos en los territorios y eso se está desconociendo”.
Apunta Sileny que a la zona arriban miembros de comunidades indígenas del Cauca, como beneficiarios de tierras “Nosotros no nos negamos a que ellos lleguen, a que ellos adquieran tierras. Pero si es claro que están desconociendo las comunidades que son originarias de Baraya, víctimas del conflicto que llevan pidiendo esos previos desde hace más de dos años”.
Titulación de tierras
Otra de las problemáticas, que agudiza el panorama según Sileny Jiménez es la no existencia de la titulación a la tierra.
“Se entregan los predios, pero de manera provisional por tres meses con una prórroga del mismo término y después de esos seis meses las Asociaciones o las personas a las que se le entregaron los predios, pues no tienen una seguridad jurídica por parte del Estado; porque pues esos eran los términos en los que se le entregaron y el Estado puede decirle le recoge otra vez el predio, diciendo que ya se le acabó su turno, sigue otra asociación. Entonces, eso en términos de acceso a la tierra se ha generado prácticamente digámoslo así, como una precariedad en el acceso a la tierra”.
La situación genera otro impacto negativo sobre la comunidad, y es que las asociaciones no se puedan beneficiar con los programas que ofrece la Agencia de Desarrollo Rural a través de la implementación de proyectos productivos para que las comunidades campesinas puedan trabajar la tierra.
Sin respuestas
De acuerdo con la representante de la comunidad, la Agencia Nacional de Tierras- ANT frente a la situación que afronta, dicen que son autoridad a nivel nacional respecto a la entrega de tierras, y que no necesitan una autorización, tampoco avisarle a la Alcaldía municipal sobre la la entrega de esos predios.
“Deben tener claro que todo acceso o toda ruta tiene que pasar por el comité de reforma agraria porque está en juego o están hablando de recursos públicos, de bienes públicos que hacen parte del Estado, y que sí o sí se entregan bajo la figura de reforma agraria. Y cuando ellos hacen las entregas de esos predios, esas cifras también hacen parte de la implementación de la reforma agraria”.
¿Proceso con tinte político?
Sileny refuerza que el proceso de entrega de tierras ha generado todo un conflicto social, que sin duda tiene un tinte político.
“Claro que sí y yo no solamente diría que un tinte político, sino egos, egos políticos de parte de algunos partidos. Porque realmente nosotros tenemos que revisar que independientemente del presidente que se esté ejecutando los programas públicos, pues siempre van a haber dificultades en el desarrollo de esos programas y para eso tienen que haber esos mecanismos de participación política o popular de parte de las comunidades para decirle a la gente a los funcionarios. Se debe tener claro que en ejercicio de la función pública tienen que aprender a manejar una imparcialidad porque pueblo es pueblo, y tienen que atender a todo el mundo”.
Agrega que no es adecuado el manejo que el coordinador de la Agencia Nacional de Tierras en el Huila Lester Garrido, “Precisamente también por las por las formas ético-políticas que ha manejado muchos escenarios y yo creo que no soy la única persona que lo dice, de pronto soy la única que de pronto se atreve a decirlo públicamente, pero hay muchos funcionarios de diferentes entidades que se han también copado con la actitud de él, con ese ego de su pseudo poder, porque realmente él no es consciente de que va a llegar 2026 y nada, es una garantía de que él pueda seguir en ese cargo o no”.
Tanto el personero como la líder agraria del municipio de Baraya exteriorizan lo que buscan es que se entregue la información que la comunidad está solicitando, y se dé soluciones a los conflictos que se han suscitado en marco del proceso de entrega de tierras.
El próximo martes 14 de octubre se abrirá un espacio, para nuevamente abordar la situación.
«Si los pueblos indígenas solicitan algún predio con restricción ambiental, tienen la obligación de conservarlo»: Juan Felipe Harman, director de la ANT.
Expuso en sus redes sociales el vocero de la ANT que “Quiero aprovechar la oportunidad para contarles cuál es el cuento de que la Agencia de Tierras está comprando tierra y áreas protegidas para comunidades indígenas. Pero ahora aparecen actores promoviendo de una forma no tan clara una visión xenófoba y racista asociada a la existencia de pueblos indígenas en este tipo de comunidades”.
Apunta Harman que “Cuando se les compran hectáreas a comunidades indígenas, no solamente se está pensando en la producción. Se puede pensar en sitios espirituales, en sitios sagrados, en sitios históricos o en sitios para la conservación. Para eso no significa que las comunidades indígenas, en particular, nieguen que existe una función ecológica de la propiedad o nieguen que existe un régimen jurídico de uso de la propiedad.
Enfatizó en que las comunidades beneficiadas, están también en la obligación de conservar esas propiedades en muy buen estado, “No es cierto que la agencia Nacional de Tierras compre predios para que pueblos indígenas hagan lo que quieren, para que puedan deforestar como quieran, para que puedan destruir con lo que quieran. Si los pueblos indígenas no solicitan algún premio con restricción ambiental, ellos tienen que cuidar la restricción ambiental”.
