La Gobernación del Huila anunció nuevas medidas de prevención y control frente al uso, distribución y comercialización de pólvora pirotécnica en el departamento, con el fin de proteger la integridad de la población durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.
La decisión quedó consignada en la Instrucción No. 01 de 2025, firmada por el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera, luego de que se reportara un incremento del 85,7 % en lesiones por pólvora durante la temporada 2024-2025, la cifra más alta registrada en los últimos diez años. El informe de vigilancia de la Secretaría de Salud Departamental contabilizó 52 personas lesionadas, entre ellas 11 menores de edad. También se documentaron 10 casos de amputaciones, 41 quemaduras y 39 laceraciones.
El mandatario señaló que este aumento exige endurecer los controles, al tratarse de incidentes que afectan especialmente a niños y adolescentes, población con derechos prevalentes según la Constitución.
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Controles reforzados en municipios priorizados
La directriz ordena a los alcaldes municipales adoptar acciones permanentes para garantizar el cumplimiento de la prohibición del uso de pólvora en espacios públicos y privados. Se recomienda intensificar las intervenciones en Neiva, Pitalito y Acevedo, por concentrar mayor riesgo en esta temporada.
A la Policía Nacional se le exige ejecutar planes de inspección, vigilancia y control, así como puestos de control fijos y móviles para evitar el transporte y distribución ilegal de material pirotécnico. Cualquier artefacto hallado sin requisitos legales será incautado de manera inmediata.
Los elementos que más incidentes han causado en la vigencia anterior son los “totes” (38 %), voladores (25 %) y cohetes (15 %), los cuales serán priorizados en las acciones operativas.
Prohibiciones ratificadas
La instrucción recuerda que está prohibida la venta y manipulación de pólvora a:
- Niños, niñas y adolescentes
- Personas en estado de embriaguez
- Ciudadanos bajo efectos de sustancias psicoactivas
Las autoridades competentes podrán imponer sanciones administrativas a establecimientos y particulares que incumplan la norma.
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