Los habitantes de los corregimientos de Gallego y Villalosada, en el municipio de La Plata, Huila, denunciaron mediante un comunicado que desde el lunes 22 de septiembre de 2025 vienen recibiendo órdenes de grupos armados al margen de la ley, quienes impusieron restricciones a la movilidad y el cierre de establecimientos comerciales en la zona.
En el comunicado, las comunidades campesinas aseguran que estas medidas han afectado gravemente sus derechos fundamentales y solicitaron la intervención urgente de entidades nacionales e internacionales para restablecer la seguridad y promover un espacio de diálogo.
“Las comunidades campesinas en general nos hemos visto significativamente afectados en nuestros derechos, es por esto que estamos solicitando la intervención de los diferentes organismos, para que se instalen mesas de concertación para la paz y una salida negociada del conflicto dentro de un espacio de diálogo y toma de decisiones donde representantes del Estado, las comunidades campesinas y los demás actores del conflicto encuentren los consensos necesarios para salvaguardar la seguridad y bienestar de las comunidades que estamos sufriendo el asedio, amenazas y violaciones a nuestros derechos fundamentales”, señala el documento.
Puede leer: El Huila abrió la FICCA 2025: café, cacao y turismo con sello internacional
Las comunidades advierten que la situación en el sector rural de La Plata refleja una crisis persistente marcada por el conflicto armado, la pobreza, el desplazamiento forzado, el abandono estatal y la concentración de la tierra.
“Creemos firmemente que la solución no solo debe darse en el plano militar, sino integral; es fundamental que el Estado, en el orden regional y nacional, llegue para resolver las necesidades de las comunidades, que solo se podrán identificar en el marco del diálogo vinculante entre comunidad e institucionalidad”, agregan los habitantes.
Finalmente, las comunidades solicitaron la intervención de organismos como la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, la Personería Municipal y diversas ONG defensoras de derechos humanos, con el fin de atender de manera urgente la crisis que afrontan.
Le puede interesar: 4500 afectados por apertura de compuertas de El Quimbo y Betania
