Un funcionario del Ministerio del Interior, llegó al municipio de Santa María y capacitó a los integrantes de las JAC. Posteriormente, los comunales ya enviaron toda la actualización de los estatutos, exigidos por el Gobierno Nacional, para que puedan entrar a ejecutar recursos que se materialicen en obras para las comunidades.
Ahora según, Daniel Echavarría, ingeniero agrónomo y coordinador departamental de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales (Fenalce-Huila): “el municipio que más produce frijol en Colombia, es Santa María, también se encuentra, La Plata, Colombia, Pitalito y San Agustín. Estos entes territoriales, tienen las condiciones necesarias para adelantar esta actividad”.
Por otra parte, esta municipalidad tenía unos ahorros en el Plan Departamental de Agua, $2.970 millones, que se invertirán en la construcción del acueducto, que beneficiará a las veredas Cedral Bajo, Los Pinos y el caserío La María. Son 778 personas las impactadas de este servicio.
Primeros convenios firmados
En este sentido, una de las apuestas desde el Gobierno Nacional, es impulsar la contratación con las Juntas de Acción Comunal. Ya en el plano local, Viancy Carolina García, alcaldesa del municipio de Santa María, manifestó: “desde el año pasado, logramos dejar cinco convenios firmados con las JAC, donde son ellas quienes ejecutan el presupuesto por medio de los pactos en mención”.
Las primeras comunidades beneficiadas con estos planes, son las veredas: Buenos Aires, Canaán, Progreso, San Miguel, Santa Helena Bajo y Alto.
“Desde la Administración Municipal, colocamos $150 millones. Nos reunimos con los presidentes de las Juntas, líderes de las distintas localidades, con directivos de la Institución Educativa Juana de Arco, donde les planteamos la idea de trabajar de manera articulada, la comunidad aprobó esta iniciativa, para que sean ellas las que ejecuten el presupuesto, además, se vinculen en la ejecución de las obras”, agregó la mandataria.
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Desarrollo comunitario
Según la funcionaria, el plan estriba en que la Alcaldía coloca los recursos, los envían a las Juntas, la comunidad coloca la mano de obra y adicionalmente, cada propietario de finca por donde se van a realizar las construcciones, deberá dar tres bultos de cemento, lo que va a permitir que los dineros rindan.
“Las obras van a iniciar en la vereda Santa Helena, y una de estas vías beneficiará a dos localidades que más producen frijol en la zona, que son Buenos Aires y Canaán. Este es uno de los primeros convenios regionales con las JAC”, resaltó la alcaldesa.
La mandataria, ha indicado que la contratación de 100 metros de placa huella por contratación pública, tienen un costo de $138 millones y sí estas obras la realizan con los comunales, cuestan $40 millones.
“Soy convencida que cuando uno trabaja con la comunidad, rinden los capitales, hay más transparencia en la ejecución del mismo y la gente obtiene más beneficios. Asimismo, en la reunión sostenida con las Juntas, crearon el Comité de Veeduría”, agregó la funcionaria.
Además, la alcaldesa solicita ayuda a las empresas que deseen donar cemento, varillas, con el fin de continuar con el arreglo de las vías terciarias de la comunidad samaria, ya que existen puntos críticos que apenas llueve, vuelve y se deterioran.
Ya los capacitaron
Y en relación a la actualización de los estatutos que debían realizar estas asociaciones comunales, Viancy Carolina García, dijo: “el año pasado un funcionario del Ministerio del Interior, llegó a la localidad y nos capacitó. De manera posterior, enviamos toda la actualización de estatutos al Instituto Departamental de Acción Comunal (Idaco), donde ya las Juntas, se encuentran listas para firmar convenios con los entes territoriales, además, logramos sacar varias resoluciones a estas entidades que hace ocho años, no lo hacían”.
Los pactos firmados, son para la construcción de placa huella, en algunas zonas, se van edificar, 100 o 130 metros.
“Los recursos ya mencionados, se encuentran en las cuentas de estas asociaciones, lo que buscamos es estructurar el cronograma. Vamos a asesorarlos en materia técnica, jurídica, y financiera”, destacó la alcaldesa.
En este orden de idea, la mandataria, indicó que hoy en Santa María, las Juntas, entraron a ser ejecutoras del presupuesto, por ende, la capacitación es para que operen de manera adecuada, ya que también van a ser vigiladas por los organismos de control.
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Apoyo estatal
Ahora en lo concerniente a recursos del orden nacional, “se logró conseguir recursos para la compra de una ambulancia, también para las adecuaciones menores de los centros de salud de las veredas: San Joaquín, Bache, San Miguel, La Esperanza y El Cisne. En total son $1.300 millones que llegan al Municipio, de ellos, ya asignaron dinero para el vehículo de emergencias y para el puesto de salud de San Joaquín”.
Asimismo, la Administración Municipal, logró hacer gestión en el Ministerio de Transporte, donde consiguieron recursos por $1.200 millones, para la construcción del puente que colapsó en el año 2021 y que hoy consiguieron avanzar con esta obra.
Juntas e infraestructura nacional
Ya el pasado mes de diciembre, el Gobierno Nacional, sostuvo una reunión con delegados de estas asociaciones, donde precisamente se habló de los convenios.
Por su parte, Guillermo Cardona, presidente de la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal, que representa a 63.000 Juntas de Acción Comunal, 1.600 asociaciones comunales y 7 millones de sus integrantes, también se refirió al aporte de este sector al desarrollo del país.
“Las Juntas de Acción Comunal han construido más del 30% de la infraestructura física nacional. Tenemos en más de 600 municipios planes de desarrollo estratégicos articulados con las Alcaldías. Es una realidad que no se dice, pero la Acción Comunal tiene una profunda capacidad de incidencia en la vida local, nacional, regional», aseguró.
No obstante, aseguró que ‘el gran problema’, es la intermediación en el giro de los recursos, por eso insistió en que estos les sean entregados directamente a las asociaciones comunales a través de los contratos solidarios.
Por su parte, Alexander López, director del DNP concluyó que “cuando esos recursos (para la contratación) llegan directamente a la comunidad, la misma se encarga de cuidarlos y protegerlos. Se vuelven garantes y veedora de esos recursos que están invirtiendo en la ciudadanía».
Al encuentro asistieron varios ministros del despacho, superintendentes, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y el jefe de Estado, quien dirigió el encuentro, el primero de su tipo en la Casa de Nariño.
Ya para finalizar en el encuentro, los comunales formularon cuatro propuestas al Gobierno nacional: 1. Crear una mesa de derechos humanos liderada por el Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Fiscalía General, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo. El propósito es hacerle seguimiento al respeto a las garantías de estos líderes comunitarios; 2. Crear una comisión permanente liderada por el Ministerio del Interior y el DNP, junto con los voceros del movimiento comunal colombiano, para avanzar en la consolidación de los convenios solidarios; 3. Avanzar en la protección de los derechos que tienen los miembros de las juntas de acción comunal en el país; 4. Y que los recursos públicos lleguen directamente a estas entidades comunales, sin intermediarios.
