Los recursos del Sistema General de Regalías, tienen el reto de apalancar la ejecución de proyectos estratégicos de inversión, dentro de altos estándares de eficiencia, que permitan combatir la corrupción y potenciar los efectos benéficos de la inversión pública en aras del bienestar colectivo.
Es de destacar que para el ahorro se destinarán a través de los Fondos para la Estabilización y para el Ahorro Pensional Territorial $1,1 billones.
Resulta innegable la gran importancia de las regalías las cuales, a su vez, tienen el fin de lograr el desarrollo social, económico y ambiental de los entes territoriales como lo ordena el Acto Legislativo 05 de 2019 y de reducir los índices de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas como lo ordena la Ley 2056 de 2020, que en oportunidades los mandatarios, no invierten en proyectos sustentables.
Menos recursos
Y en relación al recorte presupuestal para los entes territoriales, ordenado por el Gobierno Nacional, Rodrigo Villalba, gobernador del Huila, manifestó: “cada vez que hay un recorte, es un problema, porque hay menos recursos para cofinanciar los proyectos. Tenemos que ser inteligentes y mirar otras fuentes de financiamiento”.
Según el mandatario a tenido la oportunidad de dialogar con funcionarios del Estado, “he hablado con funcionarios del Ministerio de Transporte, Departamento de Planeación Nacional, y ellos están buscando otras formas de tener recursos, y una de esas son las vigencias futuras. Yo creo que ellos van a reemplazar parte del gasto de inversión, que venía con recursos propios, con dineros del instrumento en mención. Y aspiró que por ese lado podamos cofinanciar importantes recursos”.
Los dineros, van a financiar en el Huila, proyectos viales que han sido cofinanciados con el Gobierno Nacional.
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Perdieron recursos
Además, el gobernador habló de las rentas del Huila, provenientes del Sistema General de Regalías, “el presupuesto para el 2025-2026, aforado por el Congreso de la República, tuvo $90.000 millones menos. Ya estoy mirando otras alternativas que surgen, por ejemplo, con el acto legislativo del Sistema General de Participaciones, los entes territoriales vamos a tener más recursos, hay que mirar créditos o vigencias futuras para cumplir con el plan plurianual de inversiones del Departamento, que es de $5.1 billones”.
Anteriormente, en el cuatrienio el Huila, recibía $600.000 millones, es decir anualmente $150.000 millones.
Según el funcionario, con estos aspectos se ve la capacidad de gerencia pública de los mandatarios, sí se les cae una renta, buscan otra fuente.
El decreto
Hay que recordar que el pasado 27 de enero del año en curso, el Gobierno Nacional, expidió, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Decreto 0069 del 24 de enero de 2025, mediante el cual se aplaza los $12 billones que no están financiados en el Presupuesto General de la Nación para este año.
La decisión había sido anunciada a comienzos de enero por el ministro designado de Hacienda, Diego Guevara, luego de que las comisiones económicas Terceras y Cuartas de Cámara y Senado no aprobaron, al final de la pasada legislatura, el Presupuesto General presentado por el Ejecutivo y que ascendía a $ 523 billones, de los cuales $ 12 billones estaban supeditados al proyecto de Ley de Financiamiento que, finalmente, se hundió.
“Evaluadas las proyecciones del presupuesto de rentas y recursos de capital para el año 2025 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los recaudos que se esperan recibir no son suficientes para financiar los gastos fijados en el decreto mediante el cual se expidió el Presupuesto General de la Nación para el año 2025”, dice una sede las consideraciones del Decreto 0069.
De esta manera, son $ 12 billones los que se aplazan del PGN aprobado para la actual vigencia y que quedó aforado en $511 billones.
Las alternativas
Para cubrir el faltante en el PGN para 2025, el Gobierno nacional contempla varias alternativas, como volver a presentar al Congreso un proyecto de Ley de Financiamiento o una nueva reforma tributaria. “Los equipos económicos están trabajando en esas alternativas, aunque no se alcanzarían a cubrir los $ 12 billones completos”, dijo el ministro de Hacienda, Diego Guevara.
La reducción injustificada del presupuesto del SGR, afecta gravemente el cumplimiento de las metas establecidas en los planes de desarrollo departamentales y municipales, y los objetivos diseñados para el progreso socioeconómico de las regiones; esto, aunado a la inclusión de normativas que limitan aún más la autonomía territorial para la ejecución de esta fuente de financiación, da como resultado la insolvencia de las entidades territoriales, indicaron desde la Federación Nacional de Departamentos.
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Apoyan reforma al SGR
Ahora, el pasado miércoles, la Federación Nacional de Departamentos-FND, la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes y la firma de consultoría e investigación ‘Cifras y Conceptos’, presentaron los resultados de los estudios realizados en el marco de la estrategia ‘Las Regiones Proponen, capítulo Competencias Descentralizadas’, para identificar los vacíos y retos en la asignación y atención de competencias en los distintos niveles de gobierno en Colombia.
“Este trabajo es resultado del esfuerzo académico conjunto realizado a lo largo y ancho del país, y que pone de manifiesto el compromiso de los gobernadores de escuchar a todos los actores, especialmente a los ciudadanos y a la academia para fortalecer la gobernanza territorial», afirmó Didier Tavera, director ejecutivo de la FND.
Los resultados
A través de un ejercicio que recorrió las siete regiones de Colombia, la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes analizó, con la participación de ciudades capitales, municipios y departamentos, las barreras de la descentralización en relación con las competencias transferidas, evaluando las capacidades de las entidades territoriales para su ejecución y la distribución adecuada de las mismas.
Para el doctor Camilo González, profesor asociado de la Escuela de Gobierno, llama la atención que, para 15 de las 51 competencias consultadas, el 100% de los departamentos requieren recursos adicionales para ejecutarlas de manera suficiente.
Algunos ejemplos señalados por las entidades territoriales están relacionados con: inversión en infraestructura para proyectos departamentales de agua y saneamiento básico; infraestructura, mantenimiento, vigilancia y pago de servicios públicos de las instituciones educativas; red vial departamental, vías secundarias y terciarias; prestación de servicios a población no cubierta para atención integral de la primera infancia, infancia y adolescencia y prestación de los servicios de salud, en lo no cubierto con subsidios a la demanda.
Y sobre las brechas que enfrentan las entidades territoriales para la ejecución de las competencias, el documento señala que las finanzas se agravan por la diversidad de realidades, donde deficiencias en infraestructura, migración, cambio climático, y decisiones judiciales añaden presión y complejidad.
Mientras que, frente a las brechas administrativas, los departamentos deben hacer esfuerzos adicionales para apoyar a los municipios, usando ingresos corrientes de libre destinación, regalías, empréstitos y estampillas. Esto limita las inversiones regionales, la coordinación estratégica y el financiamiento de sus planes de desarrollo.
Por otra parte, César Caballero, Gerente general de la firma de consultoría e investigación ‘Cifras y Conceptos’, presentó el ‘Estudio de percepción frente a las competencias de las entidades territoriales’.
La encuesta, que abordó 13 temáticas y evaluó 66 competencias, reveló que, más del 80% de la población general y más del 93% de los líderes de opinión, están de acuerdo con que la reforma al Sistema General de Participaciones aumente la autonomía regional y la distribución de recursos. También señalaron estar de acuerdo con que los departamentos, distritos y municipios tengan más competencias adaptadas a las necesidades de cada región.
