AMADEO GONZALEZ TRIVIÑO
La injerencia de las potencias económicas tiene varios rostros, formas de expresarse y de condicionar a los estados pobres o subdesarrollados a los mecanismos sancionatorios que sin formula de juicio y por esa iniciativa propia de la supremacía del poder, se imponen sin motivación desconociendo los procesos y los proyectos históricos que se esconden o sobre los cuales se sustentan programas de gobierno en marcha.
En forma absurda, por no decir menos, y contrariando el espíritu mismo de la interpretación de los actos humanos, el gobernante de turno del imperio norteamericano ha decidido con el beneplácito de la derecha colombiana, incluir en la Lista Clinton, al señor Presidente y su familia, al igual que al Ministro de Interior de Colombia, luego de improperios y de sindicaciones de bajo perfil en un mandatario, para enrostrar en el otro, su condición de narcotraficante y de aliado de los grupos terroristas.
Desafortunadamente la política colombiana, hace tres años, tiene una sola bandera, un solo programa, una sola razón de su existencia, en el cual, sus principales detractores se esconden en el Congreso de la República y la Administración de Justicia, desconociendo el valor y la trascendencia del ejercicio del poder ejecutivo, en la formulación de las políticas y directrices que constituyen la esencia de sus funciones, para unirse todos en torno a un solo coro y una sola alternativa: “fuera Petro”.
No desconocemos que, de conformidad a la estructura organizativa del Estado Social de Derecho, a partir del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, se establece y se radica en el Presidente como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa y por consiguiente, como el gestor encargado de desarrollar todas las políticas internas que tienen que ver con la organización y el desarrollo, entre otras, del control y persecución del delito, entre ellos del narcotráfico, y que por consiguiente, que dentro de su programa de gobierno, que fue el elegido por los colombiano, no se pregonó el arrasamiento de los cultivos de coca, sino los procesos de sustitución voluntaria y progresiva de dichos cultivos con el apoyo y protección de las comunidades que conforman el entorno de dichas zonas y áreas cultivadas para no permitir entre otros, la fumigación y el exterminio como se hizo en otras épocas y lo cual fue respaldado por sentencias de la Corte Constitucional en su momento. Todo esto nos llevan a pensar y considerar que al incluir en la lista CLINTON, al señor Presidente y sindicarlo de ser aliado y apoyo de los narcotraficantes, no deja de ser más que una forma de ser y de actuar de lo que ha sido y lo que viene haciendo la derecha en Colombia, para desprestigiarlo y para controvertir sus políticas sociales y de protección a la vida, a la naturaleza y la defensa de los derechos humanos, como ejes fundamentales de su política y de su rol de gobernante, llegando incluso a proponer la extradición y augurando la invasión de nuestras tierras, en una forma claudicante de nuestra soberanía y de nuestra autonomía institucional, como se corresponde en una verdadera democracia.
Es que el sin engañarnos, el trasfondo de dicha decisión, es político, es una forma de reconocer y aceptar y lo cual no podemos negar, que el hecho de esta situación es propia y exclusiva de un proceso electoral que se vive y que el gobierno norteamericano, necesita, requiere y urge con prontitud, detener o silenciar al pueblo colombiano, detener y frenar las políticas sociales y de reconocimiento de los derechos colectivos, y perpetuar esa forma de gobernar que de la mano de la corrupción, de la impunidad, del delito y del crimen, ha constituido la base angular del enriquecimiento de unos pocos y el silenciamiento de las instituciones legítimamente instituidas para el control fiscal, disciplinario y judicial de sus funcionarios.
Los verdaderos políticos colombianos que deberían ser incluidos en la lista CLINTON, son otros, a quienes la justicia ha protegido y sigue protegiendo para que sigan direccionando las estructuras de la corrupción y del delito, que ha sido más rentable, que la dignidad y el valor de patria de quienes buscan el cambio de las forma de pensar y de gobernar en Colombia.
