El columnista Aurelio Suárez Montoya cuestionó con dureza el incremento en las tarifas de energía, advirtiendo que las decisiones del Gobierno, lejos de aliviar la crisis, profundizan el impacto sobre los usuarios en varias regiones del país.
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
El debate sobre la reforma agraria en Colombia ha tenido en el Huila uno de sus capítulos más polémicos. Bajo la lupa están al menos 3.500 hectáreas adquiridas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en operaciones cuestionadas por presuntos sobrecostos, compra de predios improductivos o localizados en áreas de conservación. El tema, denunciado por el columnista Aurelio Suárez Montoya, ha destapado un “festín de tierras” que mezcla intereses políticos, favores burocráticos y el uso del presupuesto público para negocios poco transparentes.
La sombra de los nombramientos políticos
El nombre de Armando Cuéllar, reconocido empresario del transporte y cabeza visible de Coomotor, aparece en el centro de las críticas. Según Suárez Montoya, Cuéllar no solo consolidó su poder en el sur del país gracias a su emporio empresarial, sino también mediante sus vínculos políticos. Tras aportar significativos recursos a la campaña de Gustavo Petro, habría recibido un trato preferencial en cargos estratégicos: su hija, apodada ‘Nika’ y excandidata al Senado por el Pacto Histórico, fue designada como gerente de la Electrificadora del Huila, mientras que su yerno, Lester Garrido, asumió la dirección regional de la ANT.
Este entramado de influencias alimenta la percepción de que detrás de las adquisiciones de tierras en el Huila no solo hay errores técnicos, sino también compromisos políticos y clientelismo burocrático.
Predios en la mira
Las denuncias se multiplican al revisar los detalles de las compras realizadas por la ANT. Entre los casos más sonados se encuentra el del predio Paraíso, en la vereda Pradera de Gigante. Con 220 hectáreas, fue adquirido en julio de 2023 por más de $5.253 millones, a un precio promedio de $23,79 millones por hectárea, pese a estar superpuesto con el parque natural regional Miraflores, donde las restricciones ambientales limitan cualquier uso productivo. El valor triplica lo que correspondería a un terreno de conservación.
Otro ejemplo es el predio Mañanitas, en Garzón, con 54 hectáreas, comprado por la ANT en abril de 2025 a un costo de $18,63 millones por hectárea. El 97 % de su superficie está clasificada como bosque bajo protección forestal, lo que hace inviable su uso agrícola. Aun así, el terreno se destinó para una comunidad indígena guambiana proveniente del Cauca.
En Baraya, la hacienda Santa Helena de 666 hectáreas pasó de valer $350 millones en 2016 a venderse en octubre de 2024 por $5.550 millones, quince veces más. Lo más preocupante es que, según denuncias de campesinos, solo el 10 % del terreno tiene vocación agropecuaria, mientras el resto carece de agua.
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Igualmente, el predio La Quinta, también en Baraya, se adquirió en 2024 por más de $1.353 millones, pese a que había sido vendido dos años antes en apenas $110 millones. El incremento fue de doce veces, a razón de $12,3 millones por hectárea.
La lista continúa con el predio El Vaticano, de 1.288 hectáreas en Baraya, comprado en 2024 por más de $10.800 millones, pese a tratarse de suelos degradados y sin concesiones de agua. O el predio Versalles, en La Argentina, adquirido en 2023 por $247 millones, pese a que había sido comprado en 2009 por $7 millones. El precio se multiplicó por 34 en apenas 14 años, a pesar de que el 94 % del terreno corresponde a zonas de preservación ambiental.
El caso de La Guandinosa
Uno de los episodios más escandalosos es el del predio La Guandinosa, en San Joaquín. Son 950 hectáreas adquiridas por la ANT en septiembre de 2024 a un costo de $32.051 millones, cuando en 2011 el mismo predio había sido avaluado en apenas $1.602 millones. Más de la mitad de su superficie es improductiva, pero aun así se justificó la compra como parte de las medidas de reparación a víctimas del proyecto hidroeléctrico El Quimbo.
Denuncias sin respuestas
El 17 de septiembre, en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el director de la CAM, Camilo Agudelo, expuso públicamente varios de estos casos. Sin embargo, la ANT no ofreció explicaciones satisfactorias. Para Aurelio Suárez, la situación refleja un “modelo petrista de reforma agraria” que favorece a los poderosos, permite la salida de predios inútiles a precios desorbitados y crea nuevos conflictos sociales al trasladar comunidades indígenas de otros departamentos al Huila.
¿Reforma agraria o negocio privado?
El panorama deja en entredicho el verdadero objetivo de la reforma agraria. Más que democratizar el acceso a la tierra, los hechos sugieren un esquema donde los grandes terratenientes logran desprenderse de fincas improductivas a precios de oro, mientras los recursos públicos se dilapidan. Al mismo tiempo, las comunidades campesinas locales, que históricamente han reclamado tierras productivas y apoyo técnico, se sienten desplazadas y relegadas.
Con un presupuesto de más de $31.000 millones, la ANT no solo financia la compra de predios, sino también la logística para movilizar manifestaciones y respaldar la narrativa oficial. Según Suárez, el presidente Petro y su aliado político Harman preparan visitas al Huila con el fin de “tapar la olla podrida”, como ya habría ocurrido en el Cesar.
Reflexión final
El festín de tierras en el Huila revela la cara más amarga de una política pública que prometía justicia social. La mezcla de intereses políticos, sobrecostos inexplicables y decisiones contrarias a la sostenibilidad ambiental amenaza con convertir la reforma agraria en un simple negocio de favores. El reto ahora no solo es esclarecer cada una de estas compras, sino también garantizar que los recursos destinados a transformar el campo no terminen alimentando un nuevo ciclo de corrupción y desconfianza.
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