Las más de 10.2 millones de mujeres rurales que hay en Colombia desempeñan actividades del hogar y netamente agropecuarias, son reconocidas por llevar las “riendas del hogar” y se caracterizan por su resiliencia. Un gran porcentaje de ellas, son víctimas de la violencia y el desplazamiento.
En la presente vigencia, la Comisión Séptima de Senado aprobó iniciativa que fomenta la economía campesina, popular, comunitaria y agricultura familiar para las mujeres rurales y campesinas.
Este proyecto de ley plantea crear acciones afirmativas hacia las mujeres con el fin de garantizar los principios de eficacia, igualdad y equidad y su acceso a servicios de apoyo productivos, comerciales, tecnológicos y socio empresariales.
Siguen las desigualdades
En este sentido, la Defensoría del Pueblo manifiesta su preocupación por las persistentes desigualdades que padecen las mujeres campesinas y rurales en el país en el acceso a la tierra, la educación, la salud y la participación política.
Y es que en 2024, el 24,4 % de los hogares rurales con jefatura femenina registraron pobreza multidimensional, frente al 23,4 % de los hogares rurales con jefatura masculina, de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
También el año anterior, el 59,68 % de las víctimas de violencia con lesiones no fatales de causa externa en zonas rurales fueron mujeres, según lo informado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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Mujer rural
En este orden de ideas, Colombia cuenta con 10,2 millones de personas que se identifican como campesinas; de ellas, 4,9 millones son mujeres (el 48,8% de ese grupo poblacional), según cifras del Dane.
Las mujeres campesinas desempeñan un rol determinante en la agricultura y la economía rural, ya que lideran proyectos productivos y contribuyen a las labores de economía del cuidado; sin embargo, aún enfrentan situaciones de violencia, desplazamiento forzado, entre otras situaciones.
Tanto las mujeres campesinas como las dedicadas a actividades de la pesca desempeñan un papel crucial en la economía campesina, familiar y comunitaria.
Acceso a tierra
Igualmente, la propiedad de la tierra sigue siendo el principal obstáculo para la plena realización de los derechos de las mujeres. En el 63,7 % de los predios con único propietario figura un hombre como titular, atendiendo a datos estadísticos del 2021, y únicamente el 36,3 % estaba en cabeza de mujeres. Otro dato que llama la atención de la Defensoría del Pueblo, es que el 72,1 % de la propiedad rural de las mujeres corresponde a predios de menos de tres hectáreas.
Ahora, el 93,1 % de las mujeres que habitan en centros poblados y en zonas rurales dispersas, a partir de los diez años participan en trabajos no remunerados, mientras que, para el caso de los hombres, ocurre en el 56,9 % de los casos (Encuesta nacional de uso del tiempo, Dane 2021).
“A pesar de los esfuerzos que se han hecho desde la institucionalidad de figuras novedosas, como la de restitución de tierras, que ordena titular tanto al hombre como a la mujer, sigue habiendo una propiedad rural que está principalmente en cabeza de hombres, a pesar del aporte y el trabajo de las mujeres al campo. Esto quiere decir que los grandes latifundios o propiedades más extensas de tierras están en cabeza de hombres”, enfatizó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
Acceso a la política
Y es que solo el 0,6% de las mujeres campesinas forma parte de un movimiento o partido político (Dane, 2023). Su participación política es clave en el fortalecimiento de la defensa de sus derechos y la promoción de políticas más inclusivas.
La invisibilidad de sus actividades no remuneradas, la ausencia de presencia estatal en el campo y la limitación en el acceso a ayudas son aspectos que dificultan su participación.
Dado el complejo panorama en el que están las mujeres rurales y teniendo en cuenta los actos conmemorativos del Día Nacional del Campesinado, la entidad garante de los derechos humanos insta a la institucionalidad gubernamental a implementar políticas públicas que promuevan la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres rurales.
Especialmente, urge la actualización de la Ley 731 de 2002 y su ajuste a la luz de las nuevas dinámicas de las territorialidades rurales, así como la debida reglamentación de las disposiciones, cuya finalidad es el mejoramiento de su calidad de vida.
Asimismo, es fundamental fortalecer las organizaciones de mujeres campesinas, con el propósito de que puedan defender sus derechos y participar en la toma de decisiones, en espacios de gobernanza ya constituidos. El fin es que su voz sea escuchada.
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Campesinas y pescadoras
Ahora, el reconocimiento a la mujer campesina y pescadora cobra mayor relevancia con el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional (Acto Legislativo 01 de 2023, que modifica el Artículo 64 de la Constitución Política), lo que exige un compromiso renovado para transformar sus condiciones de vida en el campo.
Las mujeres en el ámbito de la pesca se ocupan, sobre todo, de actividades de preparación de las faenas, pero no necesariamente están ocupadas en la retribución económica y la faena misma. Se dedican al procesamiento de los productos de pesca. La mayor proporción de estas mujeres está en la región Pacífica, con el 36 por ciento de la participación regional”, remarcó la funcionaria.
Se hace oportuna la puesta en marcha de acciones que contribuyan a promover su empoderamiento en sus distintos roles y espacios de participación activa. Porque contribuir a su desarrollo equitativo, es un imperativo del Estado colombiano.
“Muchas de las normas, hoy en día, están reconociendo los derechos del campesinado. Han dado un impulso institucional normativo para que, cada vez más, las mujeres en el campo tengan un avance en todos sus derechos. Y, sobre todo, están las mujeres de organizaciones que luchan cada día y que, además de luchar, son ejemplo para miles de mujeres y para todo el campesinado de lo que es trabajar con amor, respeto, honor y dignidad por el campo”, concluyó la Defensora Iris Marín Ortiz, durante su intervención en un evento conmemorativo del Día Nacional del Campesinado, llevado a cabo en Barrancabermeja, Santander.
Economía y bienestar
Este proyecto de ley plantea crear acciones afirmativas hacia las mujeres con el fin de garantizar los principios de eficacia, igualdad y equidad y su acceso a servicios de apoyo productivos, comerciales, tecnológicos y socio empresariales.
La iniciativa busca generar ingresos y condiciones de vida y fortalecer a las mujeres rurales y campesinas como sujetos de derechos que históricamente han contribuido al desarrollo del país, además de reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en el campo colombiano.
“La importancia de esta iniciativa radica en ofrecer a las mujeres rurales la oportunidad de acceder de manera prioritaria a créditos, capacitación en educación económica y financiera rural, así como apoyo y financiamiento a sus proyectos a través del Fondo Mujer Emprende”, dijo Lorena Ríos, senadora ponente del proyecto.
También, la senadora Norma Hurtado declaró que “este proyecto de ley es una de las iniciativas que enamora, y enamora porque toca acciones afirmativas en las que estamos buscando reducir primero brechas y, segundo, esa discriminación histórica que han tenido las mujeres en la zona rural”.
Ya para finalizar, este proyecto a favor de la mujer campesina, a un paso de ser ley de la República, pretende modificar la Ley 731 de 2002, y con esto establecer acciones afirmativas como el fortalecimiento de la participación política y social: para garantizar la representación y la voz de las mujeres rurales y campesinas en los procesos de toma de decisiones o la protección y prevención de la violencia contra las mujeres: para garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencia y discriminación.
