Por: Pedro Javier Jiménez Bahamón
Mientras otros países apuestan con decisión por el emprendimiento como palanca de desarrollo y motor de transformación social, Colombia ha optado por apagar una de las pocas luces que alumbraban el camino de miles de innovadores, empresarios emergentes y territorios que soñaban con oportunidades distintas a las de siempre.La desaparición de iNNpulsa —más allá de su fusión administrativa con Colombia Productiva— es un golpe simbólico y técnico para todo el ecosistema de emprendimiento nacional. No se trata solo del cierre de una oficina o del traslado de unos funcionarios; se trata de haber desmontado una política pública que durante más de una década ayudó a dinamizar el tejido empresarial, generar confianza en la innovación y articular esfuerzos desde las regiones.
Y no, esta no es únicamente una decisión ideológica. Es también la consecuencia de un modelo de gasto público que se desgastó en burocracia innecesaria, en estructuras paralelas sin resultados claros y en un Estado que no ha sabido priorizar. La crisis fiscal que enfrenta hoy el país obliga a recortar, pero en lugar de ajustar donde hay derroche, el tijeretazo ha caído sobre lo que funciona. Sobre lo que genera valor. Sobre lo que podría ayudarnos a salir precisamente de esta misma crisis.iNNpulsa fue, en muchos momentos, la única ventana estatal para quienes querían hacer empresa desde la creatividad, desde la tecnología, desde el impacto social.
A través de sus programas no solo se canalizaron recursos, también se construyeron redes, se atrajo cooperación internacional, se acercó la ciencia al mercado y se dio voz a los territorios históricamente excluidos de la conversación sobre desarrollo productivo.Ahora, el gobierno nacional parece mirar para otro lado. En lugar de fortalecer este tipo de iniciativas, ha preferido reducirlas, silenciarlas, absorberlas en estructuras burocráticas que diluyen su alcance y desconectan su propósito. Y lo hace en un momento crítico: cuando más necesitamos competitividad, cuando urge adaptarse a las nuevas economías, cuando la informalidad, la migración y la desaceleración demandan respuestas valientes y creativas.No hay desarrollo sin empresa. No hay transformación social sin innovación. Y no hay ecosistema emprendedor sin una política pública clara que lo fomente, lo financie y lo acompañe con visión de largo plazo.
La OCDE lo dijo con contundencia esta semana desde Barranquilla: no se atrae inversión solo con subsidios ni exenciones fiscales. Se atrae con talento, conectividad, instituciones sólidas y un entorno empresarial saludable. Pero, ¿cómo construiremos eso si desde el propio Estado se desmontan los mecanismos que lo hacen posible?El emprendimiento no es un lujo de las élites ni una moda de Silicon Valley. Es, en regiones como el Huila, como el Pacífico o la Orinoquía, la única vía para crear empleo digno, arraigar el talento joven, diversificar la economía y cerrar brechas históricas.
Cada empresa que nace es una historia de esperanza. Cada idea que se convierte en negocio, una posibilidad de cambio.Por eso, desmontar iNNpulsa es más que una decisión administrativa: es una señal de abandono. Es una manera de decirle a los emprendedores que se las arreglen como puedan, que el Estado ya no está interesado en apostar por su esfuerzo. Y eso, en un país que se precia de buscar la justicia social y la equidad territorial, es un contrasentido imperdonable.
