El Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia (Caquetá) ordenó el embargo de más de $422 mil millones de pesos a la Nueva EPS, medida que, según la entidad, podría poner en riesgo la atención de más de 11 millones de afiliados en todo el país.
La Agente Interventora, Gloria Polanía, advirtió que la decisión afecta directamente el flujo financiero destinado a la prestación de servicios médicos y al pago a clínicas, hospitales y prestadores. “El embargo de recursos de la salud compromete el patrimonio público y el derecho fundamental de los colombianos a recibir atención médica”, afirmó.
La funcionaria explicó que los dineros retenidos provienen del sistema de aseguramiento en salud y, por tanto, son inembargables por ley y por la Constitución, pues deben destinarse exclusivamente a cubrir los costos de atención y tratamientos de los usuarios.
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El juzgado de Florencia, según datos de la propia EPS, concentra el 46% de las demandas ejecutivas que cursan actualmente contra la entidad y es el que más embargos ha ordenado en todo el país. Entre los demandantes figuran reconocidas instituciones médicas como la Clínica Médicos del Cesar, Avidanti S.A.S., Oncólogos del Occidente, Clínica Uros y la Fundación Cardio Infantil.
La Nueva EPS señaló que ya informó de la situación al Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES, alertando sobre el posible impacto estructural que decisiones de este tipo podrían tener sobre la estabilidad del sistema de salud.
En su pronunciamiento, la entidad hizo un llamado a la prudencia judicial y a la responsabilidad institucional, insistiendo en que las medidas de embargo deben considerar el carácter especial de los recursos del sistema, que no son de libre disposición sino fondos públicos destinados a proteger la vida y la salud de los ciudadanos.
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