En una reunión reciente en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez discutieron la posibilidad de suprimir el Ministerio de la Igualdad. La decisión surge tras la declaratoria de inexequibilidad de la ley que lo creó y la baja ejecución presupuestal de la entidad, que apenas alcanza el 2,5%. Aunque la Corte Constitucional otorgó un plazo hasta 2026 para corregir los errores en su conformación, el Gobierno considera otras opciones.
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El Ministerio, diseñado para atender poblaciones vulnerables como mujeres cabeza de familia y comunidades afrodescendientes, ha enfrentado dificultades desde su creación. Durante un Consejo de Ministros televisado, Márquez expresó su frustración por haber tenido que construir la entidad desde cero en lugar de asumir un ministerio ya establecido. Ante los problemas administrativos y presupuestales, se plantea trasladar sus funciones a una entidad adscrita a la Vicepresidencia.
Petro ha cuestionado públicamente la falta de impacto del Ministerio. En diciembre, criticó la ausencia de respuestas ante los abusos contra habitantes de calle en varias ciudades, señalando que la entidad no ha cumplido con su propósito. Estas declaraciones refuerzan la percepción de que la estructura ministerial no ha logrado consolidarse como un actor efectivo en la política social del país.
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El posible cierre del Ministerio de la Igualdad se suma a la reciente solicitud de renuncia protocolaria de todos los ministros, incluyendo Márquez. La vicepresidenta ha reiterado su compromiso con la agenda de cambio del Gobierno, pero desde el inicio dejó en manos de Petro la decisión sobre su continuidad en el cargo.









