Eliminar el impuesto a los movimientos financieros, conocido como 4×1.000, podría tener consecuencias fiscales graves para Colombia. Este tributo, creado en los años 90 como medida temporal para enfrentar una crisis financiera, hoy representa cerca del 5% del recaudo nacional, equivalente a $15 billones anuales. Su eliminación abriría un vacío en las finanzas públicas que, según expertos, tendría que ser compensado con un aumento del IVA al 21% o 22%, afectando el consumo y la economía general.
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Según Edgar Jiménez, experto en finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el 4×1.000 genera cinco veces más ingresos que el impuesto a la gasolina. Aunque este gravamen ha sido criticado por desincentivar el uso del sistema financiero formal y promover el uso de efectivo, su relevancia para el equilibrio fiscal hace que su eliminación sea compleja. Reducir el gasto público no es una opción viable, ya que existen compromisos ineludibles en áreas como salud, pensiones y educación.
Uno de los efectos más discutidos del 4×1.000 es su impacto negativo sobre la bancarización. Al gravar cada transacción en cuentas bancarias, muchas personas prefieren operar en efectivo, lo que no solo fomenta la informalidad, sino que también aumenta los riesgos de seguridad. Para el profesor Jiménez, fomentar el uso de medios digitales y reducir el uso de efectivo es clave para el desarrollo económico del país, especialmente en un contexto de creciente inseguridad.
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Aunque se ha propuesto reformar el tributo para hacerlo más progresivo o reemplazarlo por otros impuestos como uno mayor sobre la gasolina, el debate sigue abierto. Cualquier cambio en la estructura tributaria implicará “mover recursos de un lado a otro”, como explica Jiménez, sin resolver del todo el dilema central: cómo reemplazar $15 billones sin afectar a los más vulnerables ni frenar la actividad económica.
