Por: Edwin Fernando Pisso
Una de las buenas noticias de esta semana es el anuncio realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre el posible reemplazo del sistema actual de otorgamiento de subsidios, el SISBEN, por el Registro Universal de Ingresos (RUI). Esta transformación es más que un simple cambio administrativo; es una oportunidad fundamental para abordar uno de los problemas más graves y persistentes en nuestro país: la distribución inequitativa de ayudas estatales a los sectores más vulnerables.
Actualmente, el SISBEN ha sido objeto de críticas debido a sus limitaciones en la identificación precisa de las familias que realmente necesitan apoyo estatal. Según datos informativos, en Colombia existen 540,000 hogares en el estrato 1 que no deberían recibir subsidios. En total, se estima que alrededor de 3,5 millones de personas reciben estas ayudas sin ser considerados pobres o vulnerables. Esta situación es gravísima, ya que subsidios que deberían llegar a quienes verdaderamente los requieren, terminan en manos de quienes no viven en condiciones críticas. En este sentido, el RUI podría representar un rayo de esperanza.
La implementación del Registro Universal de Ingresos es más que necesaria. Este nuevo sistema tiene como objetivo recopilar información detallada sobre los ingresos y las condiciones de vida de todos los hogares colombianos, lo cual permitirá establecer criterios más claros y justos para el acceso a subsidios. Esto es crucial para una nación donde la inequidad social se vive en cada rincón. Con el RUI, se espera crear un panorama más realista sobre las condiciones de vida de la población, facilitando la identificación de aquellos hogares que realmente necesiten apoyo.
No obstante, este sistema solo será verdaderamente exitoso si se implementa con transparencia y rigidez en su aplicación. Es fundamental que el proceso de recolección de datos sea riguroso y que se establezcan mecanismos de control para evitar la manipulación del sistema. Si no se toman estas precauciones, corremos el riesgo de que el RUI se convierta en otra herramienta susceptible a abusos, perjudicando a los ciudadanos que realmente requieren el apoyo estatal. Además, es importante que haya una comunicación clara y efectiva hacia la ciudadanía sobre cómo funcionará el RUI y quiénes son los beneficiarios reales. La educación financiera y la sensibilización sobre el nuevo sistema deben ser parte integral del proceso, para que las familias entiendan cómo se determinará su situación y puedan acceder a los recursos que les correspondan. Solo así podremos construir un sistema más justo e inclusivo.
Es alentador ver que el Gobierno Nacional está tomando medidas para rectificar un sistema que ha sido deficiente en su funcionamiento. La creación del RUI no solo proporciona una solución a corto plazo, sino que también sienta las bases para un bienestar social sostenible en el futuro. La verdadera justicia social radica en garantizar que cada persona que necesite asistencia estatal la reciba sin excepciones ni favoritismos.
