Por: EDWIN FERNANDO PISSO ESCALANTE
Esta semana conocimos la aprobación de las firmas por parte de la Registraduría en apoyo de un referendo que tiene como objetivo principal la modificación del artículo 298 de la Constitución Política. Esta propuesta pretende otorgar a los departamentos y al Distrito Capital la responsabilidad directa del recaudo de impuestos sobre la renta y el patrimonio, con la intención de establecer una distribución equitativa de dichos recursos basada en principios fundamentales como la solidaridad, la subsidiariedad, la equidad y la consideración de la población étnica, entre otros aspectos relevantes.
Los promotores de esta iniciativa argumentan que su propósito primordial es garantizar que todas las regiones del país se vean beneficiadas de manera equitativa por los recursos generados a través de los impuestos, con el fin último de mejorar las condiciones de vida y fomentar un desarrollo sostenido y equilibrado en todos los rincones de Colombia. Esta propuesta genera expectativas e interrogantes, despertando un debate en torno a las implicaciones, ventajas y posibles desafíos que podría suponer en caso de ser aprobada la iniciativa.
La modificación del artículo 298 de la Constitución Política representa un paso significativo hacia una mayor descentralización fiscal en el país, otorgando a las entidades territoriales un mayor grado de autonomía y capacidad de decisión en cuanto a la gestión de sus recursos financieros. Al asignar a los departamentos y al Distrito Capital la facultad de recaudar impuestos relacionados con la renta y el patrimonio, se abriría la posibilidad de diseñar políticas fiscales más acordes con las necesidades y realidades específicas de cada región, permitiendo así una mayor eficiencia en la asignación de recursos y una respuesta más ágil y efectiva a las demandas locales.
Uno de los pilares fundamentales de esta propuesta es la búsqueda de la equidad y la justicia social mediante la implementación de mecanismos de redistribución de la riqueza que tengan en cuenta no solo criterios económicos, sino también sociales y culturales. La inclusión de principios como la solidaridad y la subsidiariedad en la distribución de los recursos fiscales busca garantizar que las regiones menos favorecidas puedan acceder a los recursos necesarios para impulsar su desarrollo y reducir las brechas de desigualdad que tanto afectan a la sociedad colombiana. Además de promover una mayor equidad en la distribución de recursos, la modificación propuesta del artículo 298 de la Constitución Política también plantea la posibilidad de fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el manejo de los recursos públicos. Al descentralizar el recaudo de impuestos y permitir que las entidades territoriales asuman esta responsabilidad, se abre la puerta a una mayor transparencia, rendición de cuentas y participación activa de la sociedad civil en la definición de las políticas fiscales y en el seguimiento de su ejecución.
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