Luego de 15 años de haber sido despojados y sacados de sus predios y viviendas, comunidad afectada por la hidroeléctrica por fin ven una luz verde al final del camino. Tras años de lucha, sin saber que iba a pasar con ellos, hoy pueden empezar desde cero a construir sus vidas.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez
Desde los municipios de Gigante, Garzón y el Agrado cientos de familias se vieron perjudicadas y con daños ocasionados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Este proyecto, que hace más de 15 años provocó la inundación de 8.000 hectáreas de tierras productivas y afectó a miles de familias campesinas.
“La represa del Quimbo, como saben todos, inundó áreas de por lo menos seis municipios y generó unas afectaciones principalmente a la productividad de la región y con ello a la actividad laboral de muchos campesinos y pescadores artesanales del centro del departamento de Huila. Desafortunadamente, la compañía que tiene el título de la licencia ambiental, es decir, la empresa EnEl no hizo el censo de manera responsable y lo que se estima es que dejó a gran parte de los afectados fuera del reconocimiento de este instrumento de identificación de afectados”, dio a conocer Jennifer Chávarro, representante legal de Asoquimbo.
Fueron muchas las familias que se vieron afectadas por esta obra, muchas abandonaron sus predios, otros debieron vender, y toda su vida y sueños cambio totalmente, tuvieron que empezar desde cero, unas ya sabían para donde iban, otras andaban sin rumbo desconocido buscando el sustento de su familia.
Familias afectadas
A lo largo de estos años, muchas familias quedaron desplazadas, y aunque algunas fueron reconocidas por sentencias judiciales, muchas otras han seguido esperando justicia.
“Alrededor de 28 mil personas solicitaron ser incluidas en el censo y esto aún hace parte como de diferentes debates y litigios. Nosotros empezamos este ejercicio de movilización y de resistencia social desde el momento mismo en que se declaró la utilidad pública. Estamos hablando desde el 2008. En el 2009, cuando entregan la licencia ambiental, nos organizamos y nos constituimos como Asoquimbo y a partir de ahí hemos hecho diferentes acciones de movilización, intervenciones constitucionales para reclamar la protección de derechos fundamentales, pero también la protección del derecho a la participación, el derecho al ambiente y, por supuesto, también hemos hecho diferentes espacios de interlocución con los gobiernos que durante estos 15 años han pasado por la historia de este conflicto y de esta tragedia para el Huila, que es la represa del Quimbo”, indicó la presidenta de Asoquimbo.
Cuando la comunidad se dio cuenta de la construcción de esta represa, ellos solicitaban que no se construyera la represa porque tenían claro los impactos que iban a generar y que estos impactos, por supuesto, eran irreversibles. Y ya una vez se impuso la licencia ambiental por parte del Gobierno Nacional desde en ese momento Álvaro Uribe Vélez, empezaron a exigir el cumplimiento de las obligaciones y de los derechos que tanto las comunidades afectadas como el departamento de Huila tenían en el marco de la licencia ambiental, es decir, del permiso que se le entregó a la empresa para poder construir la obra.
“Y ese ha sido como el mayor ejercicio en los últimos años. Hay unas obligaciones muy específicas que son de mayor interés justamente por la sensibilidad que generan. Una tiene que ver con el reconocimiento de los afectados, porque como ya lo dije, el censo fue mal hecho. Y, en segundo lugar, el tema de la restitución de la actividad productiva”, sostuvo Chávarro.
De acuerdo con la presidenta, había una obligación supremamente importante, y es la restitución de 5.200 hectáreas al departamento de Huila, que fueron las hectáreas que se estimaron en ese momento que estaban activamente productivas y que dejaron de generarle unos ingresos al patrimonio regional y, por supuesto, unos ingresos a las familias que dependían económicamente y que trabajaban en estas zonas.
Reparación tras años de espera
Después de 15 años, las familias que hacen parte de la reparación inicial, incluidas dentro de la sentencia T-135/13 de la Corte Constitucional, son integrantes de la asociación Asoquimbo. Sin embargo, el gobierno también estableció que se hará la reparación a campesinos que no fueron reconocidos judicialmente como afectados por la central hidroeléctrica.
Cabe recordar que esta hidroeléctrica fue el proyecto más grande de la empresa Enel en toda América Latina en 2010 y tuvo una inversión que se acercó a 1.200 millones de dólares.
Para su construcción se inundaron 8.586 hectáreas, lo que significó que se acabara la producción agrícola, que generaban más de 32.000 millones de pesos.
“Este gobierno, y en particular la dirección de la Agencia Nacional de Tierras en cabeza de Felipe Harman, ha hecho algo grandioso, y es responder como Estado a una decisión que el mismo Estado años atrás había tomado, no este gobierno, pero sí otro gobierno, y es imponer un proyecto de desarrollo a nombre del interés común y general, entonces lo que hace hoy este gobierno, es entender, asumir que hubo una responsabilidad de Estado en esta decisión que afectó la vida a las comunidades campesinas del departamento de Huila y responder con una política social, que es la política de la Reforma Agraria, que también ha sido una política que ha disputado y ha defendido el movimiento campesino durante años”, manifestó Jennifer.
Jennifer y todas las personas que han sido beneficiadas de alguna manera luego de ser despojados de sus tierras, están muy agradecidos por la ayuda que el gobierno poco a poco les ha ido brindando.
“Nosotros nos sentimos privilegiados y agradecidos también porque seamos escogidos dentro de todas las personas del movimiento campesino que también han luchado por el derecho a la tierra para hacer parte del programa de Reforma Agraria. Sabemos que también es un reconocimiento a esa lucha y a esa destrucción de los proyectos de vida de las comunidades campesinas afectadas por la represa, y creo que también hay un elemento diferencial en lo que es la política nacional de Reforma Agraria y es que aquí se les entregó tierras a comunidades afectadas por un proyecto de desarrollo, en este caso de una represa”, indicó Chávarro.
Esta es una nueva oportunidad para empezar nuevamente desde cero, muchas familias ahora se instalarán en sus nuevos predios, a sembrar y construir lo que algún día les fue arrebatado, su proyecto de vida.
“Es muy significativo, creo que es una oportunidad para reconstruir los proyectos de vida, pero no solamente de estas comunidades, sino para mostrarle al país, darle un mensaje de la capacidad del campesinado organizado, de la capacidad de la reforma agraria cuando se convierte en una política social de Estado y, por supuesto, de la defensa del territorio como una herramienta fundamental para poder constituir y proteger la seguridad, soberanía alimentaria y, por supuesto, el paisaje y nuestros bienes comunes naturales como el río Magdalena y demás, creo que es algo muy importante, que nosotros tenemos el honor también de participar, pero es algo mucho más allá de la organización, es para el país, un mensaje político también para el país de que el campo puede ser y debe ser producido en manos de los campesinos y tiene un futuro también para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria”, indicó.
Empezar de nuevo
Para Juan Carlos Albarracín, integrante de la Asociación Campesina y afectado por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo este paso representa para un número de 328 familias de campesinos, jornaleros, mineros artesanales y pescadores artesanales que vivían y ejercían su actividad productiva alrededor del río y de las tierras que fueron inundadas por la multinacional en el marco de la construcción de este proyecto hidroeléctrico un logro muy grande.
Quince años pasaron los campesinos afectados por el Quimbo, perdiendo su vida productiva, su vida campesina alrededor de estos predios. Desde el año pasado, con el programa de reforma agraria, el gobierno nacional empezó un camino para que estas familias que fueron desplazadas, que fueron despojadas de las tierras en las que ejercían estas labores, pudieran volver a recuperar su dignidad campesina, su vida campesina. El 20 de septiembre pasado, en un evento público, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo entrega a Asoquimbo de un terreno de 940 hectáreas en el municipio de Gigante como parte de un proceso de compensación y reparación.
“Hemos hecho un camino en estos últimos meses, en ese proceso de formalización, para que estas tierras sean entregadas directamente a estas familias afectadas y, por lo tanto, este proceso es muy importante, ha sido muy importante para este tema de la restitución de los derechos de los afectados por el Quimbo. En este momento, Asoquimbo ya tiene 328 familias vinculadas. El predio entregado, los predios que ha entregado la Agencia Nacional de Tierras favorecen como beneficiarios a más de 150 de esas familias integrantes de nuestra organización”, sostuvo Albarracín.
