Por Sergio Trujillo
Diputado, Asamblea del Huila
El páramo de Miraflores, declarado Parque Natural Regional en el año 2005 por Ordenanza de la Asamblea del Huila, es uno de los ecosistemas más importantes del sur colombiano. Con más de 9.600 hectáreas protegidas, 1.226 especies registradas y nacimientos de afluentes clave para los ríos Magdalena, La Plata, Cabrera y Suaza, representa una fuente vital de agua, biodiversidad y equilibrio climático.
Hoy ese patrimonio está en riesgo. La Agencia Nacional de Tierras entregó, de forma provisional, 460 hectáreas del predio “El Paraíso” a una comunidad indígena, a pesar de haber consultado previamente a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM y al municipio de Gigante, entidades que emitieron conceptos que impedían la adquisición y entrega del predio. La CAM advirtió que se trataba de un Parque Natural Regional, y el municipio indicó que el predio está clasificado en su Esquema de Ordenamiento Territorial como Zona Ambiental Forestal Protectora, con usos exclusivamente de conservación de fauna y flora, y con prohibición expresa para otros fines. Pese a estas advertencias legales y ambientales, la Agencia decidió continuar con el proceso de adjudicación, desconociendo los límites normativos y saltándose conceptos institucionales de obligatorio acatamiento.
Aquí no se trata de negar el derecho de las comunidades indígenas a acceder a la tierra. Lo que defendemos es que la conservación de los ecosistemas estratégicos debe estar por encima de cualquier otra destinación, y que el derecho a la tierra no puede ejercerse sobre zonas protegidas, especialmente cuando existen evidencias técnicas que no recomiendan su ocupación: alto riesgo por remoción en masa, cuencas abastecedoras de acueductos y una superficie agropecuaria utilizable inferior al 12%.
El Plan de Manejo Ambiental del parque, adoptado desde el año 2019 y con un avance del 87%, ha desarrollado más de 87 proyectos productivos sostenibles, creado 6 “escuelas de campo”, involucrado a 4.789 personas en procesos de educación ambiental y garantizado procesos de conservación de humedales, bosques y rondas hídricas. Todo esto puede perderse si el Estado continúa adjudicando tierras dentro de áreas con restricciones ambientales sin el rigor técnico ni la articulación institucional exigida.
Desde la Asamblea del Huila hacemos un llamado firme al Gobierno Nacional para que rectifique esta decisión. La Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria ya advirtió que la comunidad beneficiada no tiene antecedentes de ocupación ni territorio ancestral en Gigante, y que la ANT debe buscar predios con vocación agrícola y sin restricciones ambientales.
Lo que está en juego no es solo un terreno: es la soberanía hídrica del Huila, el derecho colectivo a un ambiente sano y la responsabilidad histórica que tenemos con las futuras generaciones.
Desde ya anunciamos el apoyo a nuestra representante Florita Perdomo, quien desde el Congreso pedirá al Gobierno reversar la decisión y conservar como parque natural este importante ecosistema.
Defender el páramo de Miraflores es defender el agua, la vida y el orden constitucional ambiental de Colombia. Hoy le digo al Gobierno Nacional, en nombre de todos los huilenses, que el páramo no se toca.
