Tras el hundimiento de la reforma laboral en el Senado, el Gobierno de Gustavo Petro redobla su apuesta por una consulta popular. Sin embargo, el camino no es claro, pues el Senado debe dar su visto bueno y las fuerzas políticas están divididas. ¿Logrará el Ejecutivo superar este obstáculo y avanzar con su agenda?
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
La reforma laboral propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro fue archivada en la Comisión Séptima del Senado, lo que generó un giro en la estrategia del Ejecutivo, que ahora apuesta por una consulta popular. Sin embargo, aún no hay claridad sobre el contenido del cuestionario ni sobre los pasos que deberá seguir la iniciativa en el Congreso.
La apuesta del Gobierno: consulta popular a toda costa
El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue contundente al afirmar que la consulta popular es ahora la prioridad del Gobierno. «A nosotros ya no nos importa si la reforma se hunde o no en el Congreso. Ya el presidente Gustavo Petro y sus ministros tomaron la decisión de una consulta popular. La consulta va sí o sí», declaró Benedetti.
Luego del hundimiento de la reforma, los congresistas del Pacto Histórico hicieron evidente su respaldo a esta nueva estrategia al gritar repetidamente «Consulta popular». Para el Gobierno, esta medida representa un camino para impulsar sus reformas sin la necesidad de negociar con un Congreso que ha demostrado ser poco receptivo a sus iniciativas.
El Senado tiene la última palabra
A pesar de la postura del Gobierno, el mecanismo de consulta popular no depende exclusivamente del Ejecutivo. Según el artículo 104 de la Constitución, el presidente puede convocar una consulta para preguntar al pueblo sobre decisiones de trascendencia nacional, pero requiere el concepto favorable del Senado.
El profesor Jorge Iván Cuervo, de la Universidad Externado, considera que el Senado probablemente rechace la consulta, lo que podría acentuar la polarización política del país. «Si hay un no a la consulta, eso será más intenso de lo que ha sido», advierte. Por su parte, el analista Gabriel Cifuentes señala que el Senado enfrenta una encrucijada: si niega la consulta, podría ser visto como un obstáculo para el Gobierno; si la aprueba, podría facilitar una campaña que beneficiaría al oficialismo o, en caso contrario, a la oposición.
Las fuerzas políticas en el Senado
El panorama en el Senado no es claro respecto a la consulta popular. Algunos partidos esperan conocer las preguntas antes de tomar una posición. La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) afirmó que su bancada analizará el contenido antes de decidir su voto. Una postura similar mantiene un sector de la Alianza Verde, encabezado por Angélica Lozano.
Por otro lado, el ala gobiernista de la Alianza Verde, representada por Inti Asprilla y León Freddy Muñoz, respalda abiertamente la iniciativa. En el Partido de la U, que recientemente aseguró su presencia en el Gobierno con el Ministerio de las TIC, hay divisiones, pero podría buscar una postura unificada. El Partido Liberal también está dividido, con un sector que apoya al Gobierno y otro en contra. El senador Mauricio Gómez Amín ya anunció su voto en contra.
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El Partido Conservador se ha opuesto a la mayoría de las iniciativas del Gobierno, aunque su presidenta, Nadia Blel, no descartó la consulta. No obstante, cuestionó que esta pueda ser «una nueva cortina de humo» en un contexto de falta de recursos.
Los votos seguros y la reconfiguración política
El Pacto Histórico es la única bancada que respalda incondicionalmente la consulta. En la oposición, Cambio Radical ya anunció su rechazo. Su senador Carlos Fernando Motoa criticó la actitud del Gobierno durante la discusión de la reforma laboral y aseguró que, si la consulta es aprobada, su partido hará campaña por el «No».
Entretanto, varios dirigentes de partidos tradicionales se reunieron en la casa del expresidente César Gaviria para evaluar la posibilidad de una gran coalición opositora de cara a las elecciones de 2026. En el encuentro participaron representantes del Partido de la U, el Partido Conservador y el Nuevo Liberalismo, lo que podría significar un reacomodo de fuerzas en el Legislativo.
Gobierno alista decretos tras la caída de la reforma laboral
Mientras se define el futuro de la consulta, el Ejecutivo busca aplicar vía decreto algunas medidas de la reforma laboral que no lograron ser aprobadas en el Congreso. Estos decretos, elaborados desde la gestión de la exministra Gloria Inés Ramírez y el exviceministro Edwin Palma, abordan dos ejes principales: derechos laborales individuales y derechos colectivos.
Entre las medidas que se implementarían mediante decreto está la regulación de la tercerización laboral. Un borrador establece que «no se podrá acudir al servicio temporal que prestan las empresas de servicios temporales para la atención de necesidades permanentes de las empresas usuarias». Se busca limitar la duración de estos contratos a seis meses, prorrogables por otros seis meses.
Otra medida es la modernización de los Comités de Convivencia en el sector público y privado para prevenir conductas de violencia y acoso laboral. En el ámbito colectivo, se propone la negociación unificada entre sindicatos y federaciones de empleados públicos y la regulación del derecho de huelga.
Sobre este último punto, se plantea que, si una huelga afecta un servicio público esencial o genera una crisis nacional, las partes deberán acordar servicios mínimos. De no lograrse, se activaría un procedimiento especial.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, indicó que las medidas que no sean aprobadas por decreto serán incluidas en la consulta popular. Esto refuerza la percepción de que el Gobierno utilizará todos los mecanismos a su disposición para impulsar su agenda social, sin depender del Congreso.
El hundimiento de la reforma laboral ha reconfigurado el panorama político en Colombia. La consulta popular se convierte en la nueva apuesta del Gobierno, pero su viabilidad dependerá del Senado. En paralelo, el Ejecutivo busca aplicar parte de la reforma por decreto, lo que podría generar nuevas controversias. En este contexto, la polarización y la incertidumbre política parecen estar lejos de resolverse en el corto plazo.
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