Un análisis de la firma Control Risks advierte que el crimen organizado ya no solo impacta la seguridad pública, sino que representa una amenaza directa para las empresas, especialmente en sectores y territorios estratégicos.
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por décadas, el narcotráfico en Colombia fue abordado desde una perspectiva de seguridad nacional y lucha antidrogas. Hoy, sin embargo, sus implicaciones han trascendido estos límites y penetrado el corazón del entorno económico del país. Así lo revela un reciente informe de Control Risks, firma global especializada en gestión de riesgos, que alerta sobre cómo la expansión silenciosa y sofisticada del crimen organizado está modificando el mapa de riesgos para la inversión en Colombia, tanto para empresas locales como extranjeras.
En entrevista con Portafolio, Theodore Kahn, director para la Región Andina de Control Risks, fue claro al afirmar que el narcotráfico se ha convertido en un factor decisivo en el análisis de riesgos empresariales, debido a su creciente infiltración en sectores de la economía formal, sus nexos con redes criminales internacionales y su impacto en variables regulatorias, operativas y reputacionales.
“Si bien el narcotráfico no es un problema nuevo en Colombia, cobra más relevancia como un impulsor de riesgos empresariales en la coyuntura actual”, explicó Kahn.
Este fenómeno se desarrolla, además, en medio de un contexto geopolítico cada vez más desafiante. La administración del expresidente estadounidense Donald Trump endureció su postura frente al narcotráfico en América Latina, lo que ha llevado a un mayor escrutinio internacional sobre Colombia, sus políticas y, especialmente, sobre aquellas empresas que, directa o indirectamente, puedan estar expuestas a actividades ilícitas.
El factor Estados Unidos: presión diplomática y escrutinio comercial
La política exterior estadounidense ha empezado a marcar con fuerza el panorama regulatorio en Colombia. Según Kahn, la inclusión del ELN, las disidencias de las FARC y carteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras ha reforzado la presión sobre las autoridades colombianas, pero también ha ampliado la lupa sobre el sector privado.
“Las recientes acciones del gobierno de Estados Unidos destacan el creciente escrutinio (…) y han fortalecido los lineamientos para investigar prácticas de corrupción asociadas al crimen organizado en el extranjero”, señaló Kahn.
Uno de los puntos más delicados es el proceso de certificación antidrogas que se discute cada año en Washington. Si Colombia fuera descertificada, perdería su estatus como aliado estratégico en la lucha contra las drogas, lo que podría traducirse en la suspensión de asistencia y cooperación internacional clave para diversos sectores.
Aunque una descertificación no implicaría necesariamente la ruptura de relaciones o apoyos —pues el gobierno estadounidense podría otorgar una exención por motivos de seguridad nacional—, el mensaje sería contundente y alimentaría un entorno de incertidumbre política, judicial y económica para inversionistas y empresarios.
La expansión del crimen organizado: cifras y territorio
A esta presión internacional se suma una alarmante expansión interna del narcotráfico y las economías ilegales. Según datos de Naciones Unidas, en 2023 la producción potencial de cocaína en Colombia aumentó un 53% frente al año anterior, alcanzando cifras históricas. Al mismo tiempo, estructuras criminales como el Clan del Golfo duplicaron su número de integrantes entre 2018 y 2024, mientras que el ELN creció un 35% en ese mismo lapso.
Este crecimiento va de la mano con el fortalecimiento de otras actividades delictivas. En 2022, la DIAN y la UIAF estimaron que se lavaron en el país cerca de USD $2.500 millones, equivalentes al 0,72% del PIB nacional. En 2024, las autoridades incautaron 746 toneladas de cocaína y abrieron más de 1.400 procesos de extinción de dominio por narcotráfico. En total, más de $28 billones en bienes y recursos han sido afectados en los últimos cuatro años por delitos relacionados con el lavado de activos.
Kahn introduce el concepto de la “huella del narcotráfico”, para describir las múltiples formas en que esta actividad ilícita afecta directamente al sector empresarial, desde los activos físicos, el personal, las cadenas de suministro, hasta las operaciones financieras.
Sectores económicos bajo presión
El informe de Control Risks señala que infraestructura, agroindustria, logística, minería, finanzas e inmobiliario son los sectores más expuestos a los efectos del narcotráfico.
- Infraestructura: puertos, terminales y carreteras son utilizados para el transporte de drogas. Las empresas que operan en estas áreas enfrentan riesgos legales, pérdida de licencias o procesos de extinción de dominio si no controlan suficientemente sus operaciones.
- Agroindustria: organizaciones criminales compran predios rurales para lavar dinero, camuflando activos dentro de cadenas productivas aparentemente legales.
- Minería: especialmente en el oro, se evidencia una conexión directa entre la extracción ilegal y el financiamiento de grupos armados ilegales.
- Sector inmobiliario: mediante agencias fachada y transacciones ficticias, se legitiman recursos ilícitos dentro de un mercado que ha crecido sin controles suficientes.
Un mapa de riesgos territorial
Geográficamente, las zonas más afectadas por cultivos ilícitos y operaciones del narcotráfico se concentran en:
- Catatumbo
- Putumayo
- Bajo Cauca antioqueño
- Guaviare
- Nariño
- Sur de Bolívar
Las zonas fronterizas (Norte de Santander, La Guajira, Nariño) y los principales puertos del Caribe y el Pacífico (Cartagena, Barranquilla, Buenaventura, Tumaco) también figuran como puntos críticos, ya que son estratégicos para la salida de cocaína hacia los mercados internacionales.
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Por otro lado, las regiones amazónicas con minería ilegal y grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali enfrentan riesgos asociados al lavado de activos, la infiltración en mercados legales y la eventual afectación por procesos de extinción de dominio.
¿Cómo deben protegerse las empresas?
Ante este escenario, Control Risks recomienda a las empresas reforzar sus estrategias de debida diligencia y gestión de riesgos. Las sugerencias clave incluyen:
- Evaluación rigurosa de terceros, especialmente proveedores, aliados y contratistas.
- Auditorías frecuentes en procesos de adquisición y uso de activos.
- Capacitación interna para empleados en áreas críticas como compras, recursos humanos, logística y finanzas.
- Documentación robusta de las operaciones y sistemas de monitoreo para detectar señales de alerta.
El mensaje de Control Risks es claro: el crimen organizado ya no es solo un problema de seguridad, sino un factor empresarial que requiere acción preventiva urgente.
“La mejor defensa para las empresas será anticiparse, comprender su entorno de operación y tomar decisiones informadas basadas en datos, contexto y prevención”, concluyó Theodore Kahn.
La huella del narcotráfico en Colombia está dejando de ser una amenaza difusa para convertirse en un riesgo concreto y creciente para la inversión privada. La intersección entre crimen organizado y economía formal obliga a los empresarios a mirar más allá de las variables tradicionales y a incorporar en sus estrategias criterios de seguridad, legalidad y cumplimiento normativo más estrictos.
En un entorno donde la relación con Estados Unidos se torna menos predecible, donde el Estado enfrenta limitaciones para controlar el territorio y donde las estructuras criminales continúan sofisticándose, las empresas deben prepararse para operar con mayor cautela, transparencia y resiliencia.
Colombia sigue siendo un país con grandes oportunidades, pero el costo de ignorar las señales de alerta puede ser demasiado alto.
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