Por: Juanita Tovar.
La historia de esta semana es cruel, inhumana, pero además sucedió en uno de los destinos turísticos más emblemáticos del Huila y de toda Colombia: el Desierto de la Tatacoa. Su misticismo, valor histórico y su importancia geológica y ambiental lo convierten en un escenario único, visitado por viajeros nacionales e internacionales. Sin embargo, desde hace unos meses, la atención sobre este lugar no se ha centrado en su incomparable belleza.
El pasado 10 de febrero, los tres perritos de raza Chow Chow, llamados Kayser, Rachel y Catrina, desaparecieron en la zona. Su cuidador fue a pasar el día en el desierto y, para que los animalitos, al ser muy grandes, pudieran correr en libertad, se dirigieron a una zona alejada, los animales vieron unas cabrás y corrieron tras ellas para jugar, y al principio según algunas versiones, habrían sido víctimas del ataque de serpientes. Sin embargo, la verdad resultó ser mucho más cruel. Su cuidador recorrió toda la zona, pero no los encontró. El dueño de los perritos llegó al otro día al desierto y caminó por horas sin hallar a sus hijos de cuatro patas.
Los días pasaban, y Andrés Camilo Aya, el dueño de los perros, entre más adentro del desierto se metía para buscarlos, más obstáculos encontraba, pues vigilantes de la zona no le permitían continuar con la búsqueda. Le decían que a los perros los había mordido una culebra y que ya estaban muertos. Él, como cualquier padre, decidió irse por el camino más largo, exponiéndose a las picaduras de serpientes, porque algunos lugareños le contaron que, en un lugar específico, habita un “mataperros” que dispara a los caninos si se acercan a su parcela. El dueño de los animales hizo caso y, apenas se fue acercando a ese lugar, encontró a sus tres perros muertos, llenos de impactos de bala, y uno tenía signos de haber sido atacado con un machete, según el relato que, entre llanto, desolación e impotencia, me contó Andrés Camilo, quien incansablemente seguirá exigiendo justicia con plantones y demás causas para que las autoridades despierten y actúen.
Este no ha sido un caso aislado. Hace apenas unos días, otro perrito extraviado fue encontrado colgado en circunstancias que sugieren un acto de brutalidad premeditada. Todo parece indicar que detrás de estos crímenes hay una persona cuya presencia en la zona es bien conocida y que, con total impunidad, se ha dedicado a acabar con la vida de los animales que deambulan por el desierto. Muchos cuentan que le tienen tanto miedo a este señor que son incapaces de denunciar.
Lo preocupante no es solo la atrocidad de estos actos, sino la aparente falta de control y respuesta por parte de las autoridades. Los delitos contra los animales en Colombia están tipificados en la Ley 1774 de 2016, la cual establece que estos seres son sujetos de derechos y su maltrato es punible. No obstante, la realidad demuestra que la aplicación de esta norma sigue siendo deficiente, y muchos casos quedan en el olvido. En un país donde la violencia sigue marcando el destino de los más vulnerables, los animales quedan a merced de las arbitrariedades y brutalidades de quienes los ven como seres sin protección real.
Mientras que en países como Reino Unido, Alemania y Estados Unidos los ataques contra animales pueden acarrear penas de prisión de varios años y cuantiosas multas, en Colombia aún persiste la sensación de impunidad. En Reino Unido, por ejemplo, la Ley de Bienestar Animal contempla hasta cinco años de cárcel para quienes maltraten o asesinen animales, mientras que en Alemania las penas pueden superar los tres años. En Estados Unidos, algunos estados han clasificado el maltrato animal como delito grave, lo que permite imponer sanciones severas.
La impunidad en casos como el de los perros asesinados en el Desierto de la Tatacoa es un reflejo de una sociedad que aún no ha logrado reconocer la importancia de la protección animal. La legislación colombiana debe fortalecerse para equipararse con los estándares internacionales y garantizar que estos actos sean tratados con el rigor que merecen. Urgen modificaciones normativas que incrementen las sanciones, mejoren los mecanismos de denuncia y aseguren una respuesta efectiva de las autoridades judiciales.
Es imperativo que las autoridades locales y nacionales, como el grupo GELMA de la Fiscalía, actúen con diligencia para identificar y sancionar a los responsables. Los hechos denunciados a las autoridades por Andrés Camilo, el dueño de los perros, no pueden quedar en el olvido. La protección del patrimonio natural y de todas las formas de vida que lo habitan debe ser una prioridad. La indiferencia y la inacción solo perpetúan la violencia, y es nuestro deber como sociedad exigir justicia y cambios estructurales que garanticen que estos crímenes no vuelvan a ocurrir.
NOTA: Esta columna está dedicada al alma de Kayser, Rachel y Catrina. Que tengan buen descanso en el cielo de los perritos.
