Una exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla reveló ante la Corte Suprema que en esa cartera existía un “mapa” de congresistas “favoritos” con trato preferencial y acceso directo a contratos públicos, a cambio de su apoyo a las iniciativas del Gobierno en el Congreso. La declaración compromete a varios legisladores involucrados en el escándalo de la UNGRD.
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Una explosiva declaración ante la Corte Suprema de Justicia destapó lo que podría ser uno de los capítulos más reveladores del escándalo de corrupción que golpea al Gobierno. María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, confesó que en esa cartera existía un “mapa” de congresistas “favoritos” que gozaban de trato preferencial y acceso privilegiado a los recursos del Estado, a cambio de su respaldo político en el Congreso.
De acuerdo con Benavides, quien obtuvo un principio de oportunidad con inmunidad total ante la Fiscalía y se convirtió en la principal testigo contra Bonilla, los congresistas que figuraban en ese listado tenían línea directa con el entonces ministro y sus citas se agilizaban sin trabas. “Recuerdo que había congresistas que esperaban citas por meses, algunos llegaron a durar hasta un año esperando la cita. Sin embargo, a los miembros de las comisiones terceras y específicamente a los miembros de la interparlamentaria de crédito público, sus citas salían mucho más rápido”, relató ante el alto tribunal.
La testigo detalló que en el Ministerio de Hacienda se llevaba un registro estricto de las solicitudes de citas con el ministro. Pero el acceso no era igual para todos. Estar dentro del “mapa del ministro” —como lo denominó Benavides— representaba poder, influencia y, sobre todo, acceso directo a la “chequera del Gobierno”. Ese grupo selecto de legisladores se había convertido en la base política para garantizar la aprobación de proyectos y créditos internacionales en el Congreso.
Un “boleto dorado” para los aliados del Ministerio
Según su testimonio, pertenecer a la Comisión de Crédito Público era, en la práctica, una puerta abierta a los beneficios estatales. “Era una motivación para ser miembros de la comisión”, explicó la exasesora, al detallar cómo los congresistas buscaban activamente esos espacios por las ventajas que ofrecían. Los nombramientos en esa comisión, añadió, se convirtieron en una especie de “boleto dorado” para mantener una relación directa con el Ministerio.
Pero la revelación más grave de Benavides tiene que ver con la conexión entre esos privilegios y el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los congresistas que hacían parte del “mapa del ministro” coinciden, según sus palabras, con los mismos nombres hoy investigados por el saqueo de la entidad: Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz.
En la práctica, la red tejida entre el Ministerio de Hacienda y ciertos congresistas habría servido para asegurar apoyo político mediante la entrega de contratos. La fórmula era clara: respaldo en las votaciones a cambio de beneficios económicos o burocráticos. “Cuando ella me mencionó lo político (Andrea Ramírez), entendí que la necesidad de atender a los miembros de las comisiones económicas y la comisión interparlamentaria de crédito público se daba en pro de garantizar la gobernabilidad del Ministerio de Hacienda frente a las iniciativas que tenía en el Congreso”, explicó Benavides.
El testimonio confirma lo que durante meses se sospechó en los pasillos del Capitolio: que el poder del Ministerio de Hacienda no se limitaba al manejo de las finanzas públicas, sino también al control político de la agenda legislativa. “En el tiempo que yo estuve en el Ministerio de Hacienda, no solo como asesora, también cuando tuve los tres contratos de prestación de servicios, vi la cantidad de solicitudes que hacían de citas con el ministro de Hacienda de turno, porque en ese momento la oficina llevaba un registro de esto”, agregó Benavides.
El testimonio clave que complica a Bonilla
La exfuncionaria también reveló que el ingreso de las curules de paz modificó parcialmente la dinámica interna en la Comisión Tercera de Cámara, al abrir nuevos espacios muy disputados. “Al ser tan pequeña, sonó en el ambiente de los pasillos del Congreso, no puedo decir específicamente de quién, que era un cargo deseado”, recordó.
Pese a la contundencia del testimonio, la imputación formal contra el exministro Ricardo Bonilla sigue pendiente. Aunque la Fiscalía ha reiterado que cuenta con un arsenal de pruebas, no se ha producido ningún avance concreto en el proceso. Para los investigadores, el relato de Benavides es determinante para reconstruir cómo operaba la relación entre el Ministerio y ciertos congresistas a través de la asignación de contratos y recursos.
Hoy, los “favoritos” del exministro, muchos de ellos ya procesados o llamados a declarar en el escándalo de la UNGRD, se enfrentan a un escenario judicial que podría extenderse también a la cúpula del Ministerio de Hacienda. Mientras tanto, la figura de Benavides se consolida como la pieza clave en el rompecabezas de la corrupción que salpica al corazón del Gobierno.
Si las autoridades logran probar que existió un “mapa del poder” elaborado desde el Ministerio para recompensar la lealtad política con contratos estatales, el caso Bonilla podría convertirse en el mayor golpe institucional de los últimos años, dejando en evidencia cómo la gobernabilidad se compraba a punta de favores y acceso privilegiado al dinero público.
