La violencia política vuelve a sacudir a Colombia en plena antesala electoral. Con más de un centenar de agresiones registradas en lo corrido de 2025, el asesinato de Miguel Uribe Turbay y el atentado contra el representante Julio César Triana reflejan un mapa electoral marcado por el miedo, la presencia de grupos armados y la fragilidad del Estado para garantizar la seguridad de los candidatos.
DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO
La política en Colombia atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. A siete meses de las elecciones de Congreso, la violencia contra líderes políticos y candidatos se ha convertido en un factor que amenaza directamente la democracia y la participación ciudadana. Los hechos recientes —el asesinato de Miguel Uribe Turbay y el atentado contra el representante Julio César Triana en Huila— no solo exponen la vulnerabilidad de los dirigentes, sino que también revelan un deterioro profundo del orden público y ponen en entredicho la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en la contienda electoral.
Según cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE), entre el 1.º de enero y el 8 de julio de 2025 se registraron 106 agresiones contra liderazgos políticos, que incluyen amenazas, homicidios, atentados, desapariciones, secuestros y otras formas de violencia. Una realidad que pinta un mapa electoral atravesado por el miedo y la intimidación.
La violencia política no distingue partido
Los datos muestran que la violencia política golpea a todas las colectividades sin distinción ideológica. Del total de casos registrados este año, el 84 % ha afectado a partidos políticos. Los más golpeados son el Centro Democrático (11 casos), el Conservador (8), la ASI (7), el Liberal (6) y el Mais (5).
Frey Muñoz, subdirector de la MOE, advirtió que cuando los liderazgos políticos son objeto de violencia, el problema trasciende lo individual: “Se evidencia un riesgo estructural que afecta el derecho de la ciudadanía a participar en política de manera libre y sin coacciones”.
El análisis histórico también refleja una tendencia preocupante. En 2021, la violencia contra liderazgos políticos representaba el 40,7 % del total de agresiones contra líderes en general; hoy, en 2025, asciende al 50,96 %. En cuanto a hechos letales, en 2021 se registraron 33 (19 asesinatos y 14 atentados), mientras que en lo corrido de este año ya se contabilizan 28 ataques contra referentes políticos, con 11 asesinatos y 17 atentados.
Aunque la MOE destaca que hubo una reducción del 24,8 % en el número de víctimas frente al mismo periodo de 2024, la violencia política se mantiene como el tipo de liderazgo más afectado. Las amenazas representan casi el 70 % de los casos (74), seguidas de atentados (17), asesinatos (11), secuestros (3) y un hecho de violencia contra la mujer en política.
En cuanto a perfiles, los concejales encabezan la lista de víctimas con 30 casos; los alcaldes, con 22; los excandidatos, con 13; y los congresistas electos, con 8.
Cambio Radical, uno de los partidos más golpeados
El atentado contra el representante Julio César Triana, ocurrido en la vía entre Neiva y La Plata mientras se dirigía al sepelio de un congresista del Centro Democrático, puso bajo los reflectores la crítica situación que enfrenta Cambio Radical.
La colectividad asegura que desde octubre de 2024 Triana viene recibiendo amenazas reiteradas, incluso contra su familia. “Suena muy duro lo que voy a decir, pero aquí pareciera que lo más importante hoy es lograr llegar vivos a las elecciones de marzo”, declaró Triana, en alusión a la sensación de persecución que pesa sobre muchos candidatos.
Otro caso delicado es el de la representante Lina María Garrido, del mismo partido, amenazada por el Eln y las disidencias de las Farc. Según reportes, estos grupos incluso le han prohibido salir de la capital de Arauca, lo que limita directamente su capacidad de hacer campaña.
El panorama para Cambio Radical se complica aún más con el registro de 55 líderes regionales intimidados en 2025. Entre los casos más graves figura el del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, cuya vivienda fue atacada con explosivos esta misma semana.
Conservadores bajo fuego
El Partido Conservador también ha elevado alertas sobre la situación de sus militantes. Entre enero de 2024 y julio de este año, han presentado 40 solicitudes de esquemas de seguridad a la UNP. Los departamentos más críticos para los azules son Huila, Valle del Cauca, Guaviare, Caquetá y Bolívar.
La colectividad recuerda que avalaron al alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, uno de los mandatarios locales más amenazados del país. Además, en el Valle del Cauca han asesinado a tres concejales conservadores durante el actual cuatrienio.
La violencia no es nueva. En 2023 fueron asesinados el padre y secuestrado el hermano de Sebastián Cifuentes, entonces candidato conservador en Caloto (Cauca). Más recientemente, el 4 de enero de 2025 fue ultimado Elver Cerón, aspirante a la alcaldía de Mocoa (Putumayo).
Campañas truncadas y seguridad en entredicho
Los ataques contra Miguel Uribe Turbay, que obligaron a suspender actividades de campaña de líderes como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Andrés Guerra, son una muestra de cómo el riesgo no se concentra en una sola fuerza política.
Figuras como Gustavo Bolívar y Mauricio Lizcano también han denunciado carencias en los esquemas de seguridad, señalando directamente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) por la falta de vehículos blindados. Incluso la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila denunció amenazas, razón por la cual su seguridad fue asumida por la Policía Nacional desde junio.
Regiones críticas y presencia armada
Los focos de violencia se distribuyen en distintas zonas del país, pero algunos territorios concentran los riesgos más graves. Bogotá y Huila, con 22 casos en conjunto, encabezan la lista, seguidos por Antioquia (8) y los departamentos de Cesar, Córdoba, Quindío y Valle del Cauca (7 cada uno).
La MOE identifica subregiones particularmente peligrosas por la fuerte presencia de grupos armados. Entre ellas:
- Norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, donde operan las disidencias de alias Iván Mordisco.
- Magdalena Medio, escenario de enfrentamientos entre disidencias de alias Calarcá y el Clan del Golfo.
- Región del Guayabero, donde varias estructuras disidentes disputan control territorial.
La Defensoría del Pueblo ha emitido diez alertas tempranas por posibles crisis humanitarias. En cuatro de ellas advierte directamente sobre riesgos electorales. En municipios como El Tambo y Patía (Cauca), la disputa entre disidencias, el Eln y grupos en proceso de paz total podría incrementar amenazas, desplazamientos forzados y constreñimiento al voto.
En Chocó se mantiene un nivel de riesgo alto. Y en Roncesvalles (Tolima), grupos armados han llegado al extremo de reunir comunidades para advertirles que “cuando llegue la época electoral ellos les informarán por quién votar”.
Actualmente hay 397 municipios con alertas vigentes por presencia de grupos armados. Sin embargo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, precisa que no en todos los casos hay incidencia directa en lo electoral: “No siempre ejercen un dominio total y no necesariamente la presencia de ilegales implica una alteración electoral”.
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La respuesta institucional
La Registraduría Nacional trabaja en la elaboración de un mapa de riesgo electoral, junto con la Policía y otras entidades, para identificar y clasificar los factores de riesgo en cada región. “Aquí se requiere trabajar de manera articulada y entender muy bien las realidades que ocurren en cada uno de los rincones de Colombia”, señaló el registrador Hernán Penagos.
Desde el Gobierno, la Unidad Nacional de Protección enfrenta críticas por la manera en que manejó la seguridad de Miguel Uribe Turbay. Su director, Augusto Rodríguez, reconoció que la entidad tiene una capacidad limitada: “La flota de vehículos es limitada. No podemos quitarle a los líderes sociales para cubrir a los políticos. La protección se hace en virtud del riesgo”.
En el marco del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), el Gobierno acordó reforzar esquemas de protección con presencia militar y policial en las regiones más vulnerables. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que se requiere “un planeamiento y coordinación previa con las Fuerzas Militares para garantizar esquemas de protección que cubran todo el territorio nacional”.
¿Se garantizarán las elecciones?
La gran pregunta es si el Estado colombiano será capaz de garantizar unas elecciones libres y seguras en marzo de 2026. La defensora del Pueblo, Iris Marín, considera que no hay riesgo de suspensión de comicios, pero advierte que “no se puede dar por hecho que las condiciones de seguridad estén garantizadas”.
Lo que está en juego no es solo la vida de los candidatos, sino la legitimidad de un proceso electoral en el que miles de ciudadanos deben sentirse libres para votar sin presiones ni amenazas.
El panorama que deja la violencia política a siete meses de las elecciones de Congreso en Colombia es alarmante. Los asesinatos, atentados y amenazas contra líderes de distintos partidos reflejan la incapacidad del Estado para proteger a quienes aspiran a representar a la ciudadanía.
Los datos de la MOE, los llamados de alerta de la Defensoría del Pueblo y los reclamos de las colectividades políticas dibujan un mapa electoral fragmentado, donde la presencia de actores armados ilegales condiciona la democracia misma.
La cuenta regresiva hacia las elecciones de marzo de 2026 exige una respuesta contundente del Gobierno y de todas las instituciones. Porque más allá de los nombres y partidos, lo que está en riesgo es el derecho fundamental de los colombianos a elegir y ser elegidos en paz.
Destacados
- En lo corrido de 2025, la MOE ha documentado 106 agresiones contra liderazgos políticos, entre ellas 11 asesinatos y 17 atentados.
- Actualmente, 397 municipios del país tienen alertas vigentes por la presencia de grupos armados que amenazan con incidir en los comicios de 2026.
📍 Huila: un epicentro del riesgo electoral
El atentado contra el representante Julio César Triana, ocurrido en la vía que conecta a Neiva con La Plata, evidenció que el Huila se ha convertido en una de las zonas más críticas en materia de violencia política.
- Según la MOE, el departamento concentra varios de los 22 casos de agresiones registrados en conjunto con Bogotá durante 2025.
- El Partido Conservador reporta que en el Huila ya ha solicitado cinco refuerzos de esquemas de seguridad a la UNP para líderes y autoridades locales.
- La disputa territorial de disidencias de las Farc y otras estructuras armadas aumenta la presión sobre los candidatos, en especial en corredores estratégicos como el centro y occidente del departamento.
- Líderes de distintas colectividades coinciden en que el riesgo más grave es la restricción a la movilidad y el constreñimiento al voto, factores que ponen en entredicho la participación ciudadana.
El Huila, tradicionalmente visto como un departamento estratégico por su conexión con el suroccidente y el centro del país, se perfila, así como un epicentro del riesgo electoral a menos de un año de los comicios de Congreso.
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