Por: Mario Solano
La reglamentación ambiental colombiana, protege nuestros ecosistemas y comunidades, con carácter restrictivo. Normas estrictas, procesos complejos y la superposición de competencias entre diversas entidades son un verdadero viacrucis para cualquier proyecto que tenga que ver con medio ambiente y, si a esto lo agregamos la existencia de varios pseudoambientalistas, que buscan más un objetivo ideológico que ambiental, hacen que sea inviable el desarrollo con el medio ambiente. esta excesiva complejidad genera demoras insostenibles en la obtención de licencias ambientales. las múltiples etapas de aprobación demandan una inversión de tiempo y recursos excesivos, estimulando la corrupción y la ilegalidad. La Consulta Previa es Un Derecho Fundamental, un Proceso Interminable dentro de este entramado regulatorio. El problema reside en la extensión y complejidad de los procesos. la fragmentación de comunidades, la falta de claridad en los protocolos, convierten la consulta previa en un cuello de botella crónico. Por todo lo anterior se da un Estímulo a la Minería Ilegal. Cuando la vía legal se percibe como impasable, la tentación de operar al margen de la ley se hace más atractiva, dando deforestación, contaminación de fuentes hídricas con mercurio y cianuro, actividades criminales, y mas corrupción. Es una espiral negativa donde paradójicamente, fortalece las prácticas ilícitas. Es imperativo encontrar un equilibrio. Acá se viene pensando que todo se arregla con leyes y complejidad, cuando se trata de racionalizar la regulación ambiental y los procesos de consulta previa. Necesitamos mecanismos ágiles, transparentes y predecibles que permitan a los proyectos ambientales cumplir con los estándares ambientales más altos, al tiempo que respetan los derechos de las comunidades. Esto implica: Simplificación de trámites,armonizar los requisitos entre entidades. Optimización de la consulta previa: con rutas claras, plazos razonables y mecanismos efectivos para la mediación y el acuerdo. La riqueza mineral de Colombia debe ser una fuente de desarrollo sostenible, combatiendo la ilegalidad y asegurando que la minería sea un motor de progreso y no de conflicto. No puede ser que tengamos minas de cobre como las de chile y por la trama de las licencias sea un imposible la explotación, que las compañías que formalmente explotan oro, tenga que ceder he irse para dejarles el terreno a los ilegales que solo dejan contaminación, daño ambiental, desolación y cero impuestos para la región, ahí están dos o tres reformas fiscales.
