ERNESTO CARDOSO CAMACHO
Después de tantos acontecimientos relacionados con la polarización política que ha caracterizado el funcionamiento de nuestra democracia, durante el presente gobierno del presidente Petro, la confrontación se ha venido decantando a dos aspectos esenciales de alto contenido jurídico y político.
Me refiero en particular a la amenaza de que el presidente quiera y pueda quedarse atornillado en el poder, la cual ha perdido fuerza; no obstante los hechos de la creciente violencia ejercida por los grupos criminales que, como en el caso del Catatumbo, justificaron para el gobierno la declaratoria de la Conmoción Interior, herramienta constitucional que podría ser utilizada para que, al tiempo que se debilita a las fuerzas militares y se generalizan las acciones criminales en diversos territorios, se llegue a decretar la suspensión de las elecciones del 26 en una eventual maniobra dirigida a dicho propósito. Desde luego la decisión que adopte la Corte respecto de su examen constitucional será de mucha importancia.
El segundo hecho se refiere a la investigación administrativa realizada por el C.N.E sobre la presunta irregular financiación de la campaña del presidente, la que podría llegar a generar el juicio político por indignidad previsto en el artículo 109 de la Constitución y de conformidad al reglamento del congreso previsto en la ley quinta.
Desde luego para que se llegue a esa instancia constitucional a través del Congreso; primero en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, luego en plenaria de la Cámara y finalmente en la plenaria del Senado, donde podría incluso escalar a una eventual investigación penal ante la Corte Suprema de Justicia, sería indispensable que la Sala Plena del C.N.E aprobase el pliego de cargos con una mayoría calificada de 6 votos de 9, para que no obstante pudiera ser demandada ante la jurisdicción contenciosa administrativa, si tendría el efecto jurídico de sustentar el trámite del juicio en el congreso.
Al respecto, existe la teoría jurídica según la cual, el juicio por indignidad es autónomo del congreso, es decir, sin depender de que existiera el acto administrativo referido del C.N.E, teoría que impulsa un sector de la oposición liderada por el CD, razón por la cual hacia allá se dirigirá ahora la discusión, entre otras cosas porque el gobierno buscará atajar la decisión mayoritaria del C.N.E o que prescriba el término legal en Junio próximo para que éste organismo pueda decidir sobre el pliego de cargos.
Como se observa, la batalla jurídica y política estará al rojo vivo, pues un juicio por indignidad al presidente tiene unas connotaciones significativas en un sistema democrático regido por el Estado de Derecho. Y esta si sería la manera incuestionable de anticipar la salida de Petro, aunque es necesario advertir que seguramente los tiempos no van a alcanzar para lograrlo. De otra parte, la vacancia generada en el Consejo Nacional Electoral por la renuncia del magistrado de Cambio Radical, la cual deberá ser resuelta por el Congreso, constituye otro elemento de la gran disputa política porque si el gobierno se toma dicha vacante para un amigo suyo, no se podría consolidar la mayoría calificada de 6 votos para la aprobación del acto administrativo del pliego de cargos.
Pues bien. En este contexto seguramente vendrán los ataques mediáticos del presidente y sus defensores, dirigidos a menguar la legitimidad del proceso administrativo surtido por el organismo electoral; dada la presunta imputación penal que ya pesa sobre el magistrado huilense Alvaro Hernan Prada, divulgada por el periodista Ricardo Areiza y publicada en la Nación del pasado domingo. Además, seguramente arreciará la discusión pública sobre el juicio que se adelanta contra el expresidente Uribe, el cual tiene indiscutible importancia jurídica y política por la enorme trascendencia del expresidente en esta coyuntura histórica del país.
Por otra parte, al congreso se trasladará la batalla política no solamente por las reformas pendientes de trámite legislativo, sino también hacia consolidar las mayorías a favor o en contra del presidente en la Comisión de Acusaciones.
En estas circunstancias los colombianos nos veremos abocados a más polarización, mientras los problemas económicos y sociales se acrecientan y la angustia por la inseguridad ciudadana esta llegando a unos límites insostenibles. Pero lo más grave es sin duda la pérdida de credibilidad de los ciudadanos en los partidos y sus dirigentes, ante la corrupción de unos y otros que genera tanto rechazo como incertidumbre.
COLETILLA.- Celebro la llegada al Concejo de Neiva de la Ingeniera Industrial LINA GUZMAN, y del Ingeniero de Sistemas MAURICIO FERNANDO ROJAS, quienes asumen las dos curules vacantes del Centro Democrático por las recientes decisiones adoptadas en el Consejo de Estado. Felicitaciones y éxitos.
