La seguridad en el Huila está en el ojo del huracán. Una acción popular admitida por el Tribunal Administrativo del Huila pone en evidencia el incremento de la presencia de grupos armados ilegales en el departamento, cuestionando las medidas del gobierno nacional frente a esta problemática mientras avanzan los diálogos de paz.
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA
El Tribunal Administrativo del Huila ha admitido una acción popular que busca proteger los derechos colectivos a la paz, la seguridad pública, el goce del espacio público y la defensa de los bienes de uso público en el departamento del Huila. Este caso pone de manifiesto las tensiones existentes entre los esfuerzos de paz del gobierno nacional y la percepción de inseguridad territorial en regiones afectadas por la expansión de grupos armados ilegales.
El contexto de la acción popular
La demanda, interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, señala que los derechos colectivos han sido vulnerados tras la implementación del cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional (CFBTN) con grupos como el Estado Mayor Central de las FARC-EP y la Segunda Marquetalia. La acción no cuestiona directamente la política de paz, sino que advierte sobre las consecuencias de permitir que estos grupos amplíen su control territorial mientras avanzan los diálogos de paz.
Según la fundación, estas omisiones han llevado a un incremento en la presencia armada, desplazamientos forzados y amenazas a la ciudadanía en el Huila, un departamento históricamente marcado por el conflicto armado y que ahora enfrenta nuevas dinámicas de violencia.
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La alerta de seguridad en el Huila
La acción popular resalta que, tras la suspensión del cese al fuego, se ha evidenciado un aumento en las actividades armadas en el Huila, especialmente del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Uno de los episodios más preocupantes ocurrió el 4 de julio de 2024, cuando las autoridades reportaron la aparición de banderas del ELN en territorios donde anteriormente no tenía presencia. Este hecho, junto con otros incidentes, refleja una posible expansión del control territorial por parte de este grupo armado.
Los municipios de Neiva, La Plata, Garzón, Aipe, La Argentina, Gigante, Hobo, Nátaga y Paicol, entre otros, han sido mencionados como zonas donde los habitantes enfrentan incertidumbre, hostigamientos y una creciente inseguridad.
La respuesta del Tribunal Administrativo del Huila
El Tribunal Administrativo del Huila, al admitir la demanda, ha solicitado a las alcaldías de varios municipios que informen sobre las acciones y planes que han implementado para mitigar los impactos de estas problemáticas. Asimismo, se ha vinculado a entidades del orden nacional como la Presidencia de la República, los Ministerios de Defensa e Interior, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en busca de respuestas integrales frente a las denuncias.
La acción también refleja una preocupación nacional, ya que demandas similares han sido presentadas en departamentos como Arauca, donde la violencia y el control territorial por parte de grupos armados ilegales también han recrudecido.
El Huila: una región clave en la búsqueda de soluciones
El Huila, con su riqueza cultural y estratégica ubicación, se encuentra en el centro del debate sobre la implementación de los acuerdos de paz y las estrategias de seguridad territorial. La presencia de grupos como el Estado Mayor Central de las FARC-EP y el ELN representa un desafío tanto para las autoridades locales como para el gobierno nacional.
Además, el departamento enfrenta un doble desafío: preservar el control estatal y garantizar la seguridad de sus habitantes, mientras se fomenta un clima propicio para los diálogos de paz. Sin embargo, la falta de acciones concretas para contrarrestar la expansión de los grupos armados ha generado desconfianza en las comunidades y ha puesto en entredicho la efectividad de las políticas públicas en materia de seguridad.
Difícil panorama
La situación del Huila evidencia la complejidad de buscar la paz en un país donde los territorios más vulnerables siguen enfrentando los embates de grupos al margen de la ley. La acción popular presentada no solo busca proteger los derechos colectivos, sino también generar un llamado de atención sobre la necesidad de articular esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno y las comunidades afectadas.
El Huila, como muchas otras regiones de Colombia, espera que las promesas de paz se traduzcan en acciones concretas que garanticen seguridad, bienestar y desarrollo para sus habitantes.
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