Por Carlos Yepes A.
El gobierno nacional ha expedido el Decreto 0069/2025, mediante el cual aplaza 12 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación. Esta decisión de reprogramar recursos asignados a sectores prioritarios afectará, sin lugar a duda, la calidad de vida de miles de huilenses y pone en riesgo la ejecución de proyectos fundamentales para el desarrollo del departamento.
Entre los rubros afectados, se destacan los recursos destinados al Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Neiva, cuyo propósito es transformar la movilidad de los ciudadanos de la capital del departamento. El aplazamiento de más de 21 mil millones de pesos deja este proyecto, incluido por el alcalde Germán Casagua en su propuesta de endeudamiento, en un limbo ante una posible desfinanciación. Esto perpetuaría problemas como la congestión vehicular, la contaminación ambiental y las deficiencias en el acceso al transporte público, especialmente para los sectores más vulnerables.
El Huila también verá afectado el desarrollo del proyecto vial Altamira-Florencia, una conexión vital entre nuestro departamento y el Caquetá. Con el aplazamiento de un monto que supera los 2 mil millones de pesos, esta obra, considerada una deuda histórica con la región surcolombiana, seguirá retrasándose. Esto impactará el transporte de productos agrícolas y la conectividad regional, afectando directamente la competitividad de los productores del Huila y del Caquetá en los mercados nacionales e internacionales.
Además, sectores clave como el saneamiento básico enfrentarán un aplazamiento de más de 313 mil millones de pesos a nivel nacional. Esto limitará las posibilidades de cofinanciación de proyectos regionales para implementar sistemas de acueductos y alcantarillado en zonas rurales del Huila, lo que podría traducirse en un aumento de enfermedades relacionadas con el consumo de agua no potable y mayores índices de vulnerabilidad sanitaria.
En una ciudad como Neiva, donde las MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas) representan más del 90 % del tejido empresarial, la reducción de 28 mil millones de pesos a nivel nacional tendrá un impacto significativo. Las empresas enfrentan un panorama cada vez más difícil para acceder a recursos de crédito y lograr su sostenibilidad, lo que afecta directamente la generación de empleo en la ciudad.
En conclusión, este aplazamiento presupuestal evidencia una vez más la desconexión entre las políticas anunciadas y la ejecución real del gasto público, y plantea un gran desafío tanto para los gobiernos locales como para el nacional. Como región surcolombiana, necesitamos unirnos en un frente común para exigir soluciones concretas, como la reasignación prioritaria de recursos a sectores estratégicos, la optimización del gasto existente y la exploración de alianzas con organismos internacionales y el sector privado.
La pregunta ahora no es qué tan grande será el impacto, sino cómo y cuándo actuaremos para mitigar sus consecuencias. Los huilenses merecemos un desarrollo sostenible que no dependa de los vaivenes presupuestales, sino de un compromiso firme con nuestro departamento.
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