Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo registra 1.834 eventos originados por reclamaciones sobre derechos laborales, a la educación, por falta de presencia e inversión estatal, por el respeto y garantía de los derechos a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de diferentes poblaciones del país; entre los que se cuenta el departamento del Huila, con un aumento del 4% de las acciones que aumentaron los conflictos sociales.
Por: Francy Villarreal Ruiz
La Defensoría del Pueblo registró 1.834 eventos originados por reclamaciones sobre derechos laborales, por el derecho a la educación, por falta de presencia e inversión estatal, por el respeto y garantía de los derechos a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de diferentes poblaciones del país; lo que representa un aumento del 6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se presentaron 1.730 conflictos.
El reporte indica que estos hechos ocurrieron en 395 municipios, de los 32 departamentos del país, y Bogotá.
De acuerdo con la Defensoría, se recomienda al Gobierno nacional y las autoridades territoriales, con el propósito de que mantengan abiertos los canales de diálogo con los diversos actores sociales, a fin de que esos conflictos sean conjurados.
Departamentos afectados
El reporte elaborado por el Observatorio de Conflictividad Social de la entidad indica que estos hechos ocurrieron con mayor frecuencia en Bogotá (12%); Valle del Cauca y Bolívar (6% cada uno); Atlántico, Santander, Antioquia y Magdalena (5% cada uno); Huila, Córdoba, Meta, Norte de Santander, Tolima y La Guajira (4% cada uno). Los demás departamentos del país concentraron una participación de entre el 1% y el 3% de los eventos en cada uno de ellos.
Es importante destacar que los departamentos donde se observaron mayores incrementos fueron Amazonas (100%), Putumayo (100%), Risaralda (63%), Nariño (55%), Quindío (45%) y Casanare (43%). Para el caso de Amazonas, se debió a conflictos por transporte, garantías para los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y recursos para el Cuerpo de Bomberos de Leticia. Respecto a Putumayo, su incremento se relacionó con la declaratoria de asamblea permanente de las diversas organizaciones del departamento ante lo que ellas consideraron abandono por parte del Estado.
Inconformidades de los manifestantes
Los mayores aumentos de un periodo a otro se observaron en conflictos por el incumplimiento del acuerdo para la finalización del conflicto armado, ya que se registraron movilizaciones de los firmantes de paz, quienes reclamaron garantías de seguridad y cumplimiento en la implementación de proyectos productivos para garantizar su reintegración.
Además, los actores sociales expresaron sus demandas por temas tributarios, por los derechos laborales, por el derecho fundamental a la educación, por los derechos de la población privada de la libertad, por falta de presencia e inversión estatal.
También por la garantía de los derechos a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad; estos reflejaron un aumento del 115%. Y ocurrieron debido a la grave crisis humanitaria que se vive en diferentes territorios del país a causa del accionar de los actores armados ilegales, a lo que se suman situaciones de inseguridad ciudadana que han cobrado la vida de personas y hechos de violencia política, como el reciente y lamentable atentando contra el senador Miguel Uribe Turbay.
Otra fuente de inconformidad reiterativa durante el primer semestre del año tuvo que ver con el derecho a la salud, cuyas situaciones se intensificaron a nivel nacional, pues se registró un incremento del 86% de los eventos respecto al primer semestre del 2024.
Los mecanismos más usados fueron los plantones (41%), los bloqueos o cortes de ruta (39%), las marchas o movilizaciones (6%), los paros o cese de actividades (2%), entre otros (corresponden al 12% restante). Esto permite concluir que la mayoría de las manifestaciones de conflictos sociales en el país se expresa de manera pacífica; de hecho, el registro de disturbios o medidas violentas disminuyó para el periodo de análisis en un 36%.
Mediación de la Defensoría
En el primer semestre del año, la entidad impulsó la transformación pacífica de los conflictos en los territorios a través de 147 espacios de diálogo social en 22 departamentos y Bogotá, atendiendo a su rol de mediadora para la garantía de derechos.
Se recomienda al Gobierno nacional y las autoridades territoriales a mantener abiertos los canales de diálogo con los diversos actores sociales. Es importante continuar privilegiando la palabra y la escucha activa, pues el propósito es conjurar los conflictos sociales.
Asimismo, establecer mecanismos que permitan hacer un seguimiento riguroso y oportuno al cumplimiento de los acuerdos firmados con diferentes comunidades, actores y organizaciones sociales en distintas regiones del país. Si se avanza en ello, será prevenido el escalamiento de conflictos e impulsada la garantía de los derechos humanos.
Violencia en territorios étnicos
Durante el primer semestre de 2025, la Defensoría del Pueblo documentó un agravamiento crítico de la violencia y una intensificación de las emergencias humanitarias en territorios de los pueblos étnicos. Sus cuerpos, territorios y sistemas colectivos han sido objeto de una ocupación armada que impone control, fragmenta sus formas de vida y amenaza su pervivencia física, así como su permanencia cultural y política.
Este crítico panorama es presentado en el boletín “Pueblos Étnicos: entre la guerra, el olvido y la resistencia”, que recoge y analiza el contexto de los derechos de los pueblos étnicos en el marco del conflicto armado interno, ocurridos entre enero y junio de 2025.
Afectaciones directas
La presencia armada, los confinamientos prolongados, el reclutamiento forzado de personas menores de edad y las masacres están debilitando las estructuras organizativas, espirituales y territoriales de estas comunidades. A estos hechos se suman modalidades de control social más sofisticadas, como la suplantación de liderazgos y la imposición de normas externas que desconocen las formas propias de gobierno y los sistemas de justicia comunitaria. El despojo también se manifiesta en la profanación de sitios sagrados, el deterioro ambiental y los procesos de aculturación forzada, configurando un panorama de desposesión material, espiritual y simbólica.
Entre enero y junio de 2025 se registraron homicidios selectivos que dejaron como víctimas a tres autoridades étnicas, dos liderazgos regionales, siete líderes y lideresas, dos médicos y sabedores tradicionales, y dos integrantes de la guardia indígena. Estos hechos, concentrados en zonas de alta conflictividad, afectan de manera directa la capacidad de las comunidades para sostener sus sistemas de representación y sus procesos de gobierno propio, además de generar un impacto profundo en su cohesión social y espiritual.
En el primer semestre del año también se reportaron dos masacres que dejaron ocho personas asesinadas: cuatro en el resguardo Emberá Chamí Karmata Rúa (Antioquia) y cuatro en el Consejo Comunitario Manos Amigas (Nariño). Asimismo, se documentaron desapariciones forzadas en distintos territorios: cinco personas en el río Yurumanguí (Valle del Cauca) y ocho personas pertenecientes a consejos comunitarios de Nariño y Putumayo.
Reclutamiento de menores
Los pueblos étnicos, especialmente las comunidades indígenas, enfrentan una grave amenaza por el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales.
Para la Defensoría del Pueblo los pueblos étnicos, en particular los indígenas, han sido blanco preferente de reclutamiento por parte de grupos armados, debido a su conocimiento del territorio y su alta exposición a condiciones de vulnerabilidad estructural.
Este reclutamiento adopta distintas formas; por un lado, se emplean redes sociales como Tiktok y Facebook para contactar y atraer adolescentes, a quienes les ofrecen dinero y celulares; por el otro se aplican táctica de cooptación efectiva como el “enamoramiento”, mediante las cuales, las adolescentes son persuadidas o engañadas a través de vínculos emocionales.
En algunos casos son trasladadas temporalmente a otras regiones del país, o incluso a Ecuador y luego retornadas a sus comunidades en calidad de informantes.
Entre los departamentos más afectados se encuentran Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Antioquia y Huila. En Cauca, 20 de los 24 casos registrados corresponden a personas pertenecientes a comunidades indígenas, lo que evidencia la alta vulnerabilidad de estas poblaciones y la necesidad de adoptar medidas de protección diferenciadas y culturalmente adecuadas.
Estos casos principalmente son atribuidos al Estamos Mayor Central de las disidencias de las Farc.
Actores armados en territorios étnicos
La presencia recurrente de varios actores armados ilegales en un mismo territorio étnico refuerza su condición de zona de disputa y multiplica los riesgos para los pueblos.
Según la Defensoría del Pueblo, esta dinámica exige a los pueblos anticipar y vigilarlo no aun solo grupo; sino a varios de manera simultánea, bajo el riesgo permanente de señalamiento cruzados.
En algunos casos, esta superposición incluye acuerdos tácitos que generan “fronteras invisibles”, e imponen reglas de circulación sobre el territorio ancestral y sitios sagrados, que ponen en riesgo las prácticas tradicionales de los pueblos.
Según el informe de la Defensoría, la superposición aumento con la atomización del Ejército de Liberación Nacional- ELN, Estado Mayor Central- EMC y Segunda Marquetalia; y la confrontación de Comuneros del Sur, Estado Mayor de los Bloques y el Frente 57 “Yair Bermúdez”, Comuneros del Sur y Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano – CNEB en territorios étnicos de los departamentos del Putumayo, Huila, Tolima, Cauca y Nariño, y en las regiones de Catatumbo, Amazonía y Orinoquía.
Control social
Los actores armados ilegales ejercen control sobre la vida comunitaria a través de mecanismos que van desde la extorsión, la asistencia obligada a reuniones bajo presión y la imposición de normas, hasta el desconocimiento abierto de las autoridades étnicas.
Se han registrado amenazas y presiones contra líderes para impedir la presencia institucional en ciertos territorios, especialmente de la Fuerza Pública, así como la prohibición de actividades esenciales.
Esta practicas suplantan los sistemas propios de regulación y socavan la autonomía y el gobierno propio de los pueblos.
Llamado urgente
Sin embargo, la respuesta institucional frente a estas agresiones ha sido fragmentada, lenta y, en muchos casos, culturalmente inapropiada. De acuerdo con el boletín, el incumplimiento de medidas cautelares, la falta de coordinación entre entidades, el racismo estructural y las limitaciones presupuestales han configurado un patrón de abandono que incrementa los riesgos para estas comunidades.
Asimismo, la ausencia de garantías para la participación de los pueblos étnicos en los procesos de Paz Total, así como la instalación inconsulta de Zonas de Ubicación Temporal, agravan el riesgo de despojo y exclusión en los territorios ancestrales.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las entidades y autoridades estatales para garantizar medidas integrales de protección, asegurar la participación efectiva de los pueblos étnicos en las decisiones que les afectan y cumplir los compromisos adquiridos en los escenarios de paz, “Todo ello debe realizarse bajo un enfoque que respete la diversidad étnica y cultural y que reconozca a estas comunidades como sujetos colectivos de derechos” resalta el documento.
Reclutamiento de menores en el Huila
De acuerdo con cifras entregadas por la Defensoría del Pueblo, a la fecha se reporta el reclutamiento de 30 menores en el departamento, de diferentes municipios, cifra que ha venido superando la del año anterior donde hubo 44 en todo el 2024.
Así como lo han denunciado organismos internacionales como la ONU y UNICEF: el reclutamiento va en aumento, y el Huila es hoy uno de los territorios más golpeados por este flagelo.
De otra parte, el comandante de la Novena Brigada, Henry Herrera Arenas, informó que, durante 2024, se ha logrado restablecer los derechos de 22 menores como resultado de operaciones militares en zonas rurales del departamento. En lo que va de 2025, se han rescatado 12 menores.
En ese sentido, niños y adolescentes entre los 12 y 17 años están siendo seducidos por grupos armados al margen de la ley, a través de falsas promesas económicas. Y las zonas más afectadas las del occidente y norte de la región huilense.
