Por: Felipe Rodríguez Espinel
Existe una paradoja cruel en la realidad colombiana contemporánea, mientras el país se jacta de ser una despensa agrícola con potencial para alimentar al mundo, más de catorce millones de sus habitantes no logran acceder regularmente a alimentos de calidad. Esta contradicción no es producto del azar ni de la mala suerte; es el resultado predecible de décadas de políticas públicas equivocadas, abandono estatal y una visión cortoplacista que ha sacrificado la soberanía alimentaria en el altar del libre comercio sin reciprocidad.
Cerca de tres de cada diez colombianos enfrentan inseguridad alimentaria moderada o grave, y lo más preocupante es que esta realidad golpea con especial dureza a quienes producen nuestros alimentos, los campesinos. En las zonas rurales, más del 34% de los hogares no tienen garantizado el acceso a una alimentación adecuada, mientras que en las ciudades este porcentaje desciende al 23%. El campo colombiano, ese que debería ser el garante de nuestra autonomía alimentaria, se ha convertido en el epicentro del hambre nacional.
En Colombia desperdiciamos el 35% de los alimentos que producimos. Mientras millones pasan hambre, más de un tercio de lo que cosechamos termina en la basura. Este desperdicio ocurre en toda la cadena. En el campo por falta de infraestructura de almacenamiento, en el transporte por deficiencias logísticas, en los comercios por sobre-stock, y en los hogares por falta de educación sobre aprovechamiento alimentario. Esta realidad revela la ineficiencia sistémica de nuestro modelo alimentario. No producimos poco; producimos suficiente, pero distribuimos mal, desperdiciamos mucho y permitimos que los intermediarios se lleven márgenes desproporcionados mientras productores y consumidores pierden. El promedio de tres intermediarios entre el campo y la mesa urbana encarece los alimentos para quien los compra y empobrece a quien los produce. Es un sistema diseñado para beneficiar a quienes menos aportan a la cadena productiva.
El reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación en febrero de 2025 es un paso simbólicamente importante, pero la historia colombiana está llena de derechos consagrados en el papel que nunca se materializan en la realidad. La Constitución de 1991 nos prometió un Estado social de derecho; más de tres décadas después, seguimos esperando que ese mandato constitucional se traduzca en políticas efectivas. Colombia necesita una transformación profunda en su enfoque hacia la alimentación y la agricultura. Esto implica, en primer lugar, reconocer que la seguridad alimentaria es un asunto de Estado, no de mercado. El hambre no se resuelve con las leyes de la oferta y la demanda; se resuelve con políticas públicas deliberadas, con inversión sostenida y con protección efectiva de quienes producen nuestros alimentos.
El hambre en Colombia no es inevitable; es una decisión política. Cada cifra de inseguridad alimentaria representa una falla colectiva de nuestra clase dirigente, un recordatorio de que las prioridades del Estado han estado mal calibradas durante décadas. Mientras destinamos billones a otros rubros, nuestros campesinos sobreviven con migajas y millones de colombianos duermen con hambre.
