Por: Luis Alfonso Albarracín Palomino
Todos los gobiernos utilizan estrategias alcabaleras para modificar la estructura tributaria del país, con el fin de buscar nuevas fuentes de financiamiento que les permitan atender sus compromisos condensados en sus respectivos planes de desarrollo. Son las medidas adoptadas más impopulares para las familias colombianas, que se sientes hastiadas por los permanentes incrementos de los impuestos para satisfacer los apetitos burocráticos y el aumento desbordado de los gastos de funcionamiento, como sucede actualmente en el presente gobierno. No ha existido una verdadera planificación de las finanzas públicas. El presente análisis lo hago sin sesgos ideológicos.
La iniciativa que presentará el gobierno nacional que buscará aumentar sus recaudos en 26 billones de pesos para equilibrar el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal de 2026. El aumento de los gastos de funcionamiento para 2025, aumentaron 10 billones de pesos frente al año anterior. Y los contratistas pasaron de 1,0 a 1,3 millones, en medio de la más profunda crisis fiscal que presentan las finanzas nacionales. Absurdo. La teoría económica plantea que el Estado nunca se quiebra. Cada vez que necesita más ingresos, se inventa una reforma tributaria. Lo que no sucede con las empresas. Les toca disminuir sus gastos operacionales o se quiebran. Pero los efectos son nefastos para la economía colombiana, cuando lo implementa el sector público.
Como académico universitario y analista económico, he venido observando que el primer error histórico, que cometió el ejecutivo, fue la presentación de una reforma tributaria, donde nos vendieron la idea que solo iba a afectar a los ricos del país. Craso error. Un aumento de la estructura tributaria para las grandes empresas, necesariamente la sociedad colombiana en su conjunto terminaba pagándola. Un ejemplo, muy sencillo. Si a los propietarios de los molinos de arroz, les incrementaban los impuestos, éstos tomaron la decisión de aumentarle el precio a la libra de este vital alimento para las familias, que terminaban sufragando estos incrementos, inclusive, pagaban el impuesto y aumentaban sus ganancias. Así lo hicieron todos los empresarios del país.
Igualmente, con el aumento mensual durante 16 meses del precio del galón de la gasolina que provocó un incremento de $9.160 a $15.900, generando un proceso de empobrecimiento a todas familias colombianas, que han incidido para que el consumo (representa el 62% del PIB), se vea afectado y con ello un aumento de la crisis económica que están padeciendo las familias colombianas. Igualmente, se presentó una escalada de subida de precios de otros bienes y servicios en la canasta familiar, el año anterior. Lo anterior, provocó una disminución de las ventas del comercio, declive en la producción del sector manufacturero, disminución de las ventas de vehículos, viviendas y disminución de la inversión extranjera, entre otros renglones de la economía colombiana, que han provocado una disminución de los ingresos fiscales de la Nación.
Algo absurdo para la salud de las finanzas públicas nacionales. Algunos expertos han afirmado que, a pesar de la baja ejecución del Gobierno, el gasto está creciendo 22% mientras los ingresos sólo aumentan 4%, así no hay cuentas que cuadren.
Así lo he venido esbozando en columnas anteriores que han sido publicadas por esta casa editorial. Es preocupante que el gasto del Gobierno se haya aumentado de manera tan desproporcionada cuando paradójicamente la ejecución se ha mostrado tan pobre. No conocen la palabra “Austeridad”. Han sido botaratas. La caja está floja. El presupuesto general de la Nación, aumento de $423 billones en la vigencia anterior a $502 billones para 2024. Igualmente, la creación del Ministerio de la Igualdad, que no ha despegado, y que solo se ha dedicado a pagarles los exorbitantes salarios a sus 776 funcionarios, que duplica funciones con otras entidades del Estado y que, para colmo de males, su Decreto de creación lo declaró inexequible la Corte Constitucional.
Así como se encuentra en crisis, las finanzas nacionales, hay necesidad de que el Gobierno Nacional sea consecuente y realista. Se deben reducir los gastos improductivos, el derroche de los dineros en las entidades como ha venido ocurriendo, no prometer subsidios que no se puedan pagar, entre otras medidas que se deben adoptar para bajarle presión al déficit que presentan actualmente. El presupuesto presentado recientemente para la vigencia de 2026 asciende a la suma de $551,6 billones en precios corrientes, es decir $40 billones más que lo solicitado en 2025. En precios constantes la cifra iría por $534,7 billones. Muy preocupante para el futuro económico del país.
